El mes de diciembre pasado, el fiscal general de los Estados Unidos, en visita oficial a México, “obligó” al gobierno de López Obrador a expulsar de nuestro país al terrorista de Evo Morales, a quien el gobierno de la 4T dio trato de jefe de Estado, cuando aquel había renunciado al cargo de presidente de su país, después de su fraudulenta elección para pretender repetir hasta por cuarta ocasión, en el cargo de la primera magistratura; el mismo ejército boliviano le retiró el apoyo.

Derivado de la visita de Barr, Evo salió “huyendo” del país, salida que ni el propio López Obrador ni Marcelo Ebrard pudieron explicar con lógica esa huida; en esa ocasión le retiraron el apoyo de jefe de Estado, se fue en vuelo comercial a Cuba. Quedaron satisfechos los norteamericanos. Están pendientes varios temas (asuntos) de la agenda entre ambas naciones; como la delincuencia organizada, que no cede un ápice en la comisión de actos violentos, el tráfico de armas y el tráfico del dinero de los grupos delincuenciales; a los norteamericanos no les interesa el dinero de políticos mexicanos corruptos, a quienes el Presidente de México ha puesto énfasis, por ser más sencillo el trabajo, carecen de valor para confiscar cuentas a personas como Ovidio Guzmán, a quien el mismo López Obrador dejó en libertad, a virtud de los actos belicosos de la delincuencia organizada: a estos ofrece la política de los “abrazos”.

La amenaza de los aranceles dio buenos resultados para detener el flujo de migrantes centroamericanos y de otras partes del mundo, para llegar a la frontera con los EU, a quienes el mismo gobierno les brindaba todo el apoyo; transporte, alimentos, hospedaje, visas de trabajo, apoyos económicos y un cúmulo de derechos para que pudieran llegar seguros, sanos y salvos a la frontera norteamericana.

Trump obligó a López Obrado a detener el tremendo flujo humano que llegó a descontrolarse, incluso de países africanos llegaban a nuestro país por las facilidades que estaban otorgando los populistas, situación que amenazaba gravemente la seguridad nacional de los norteamericanos; no en balde la propia secretaria de Gobernación llegó a llamar a una de las caravanas de centroamericanos como “la madre de todas las caravanas”, auspiciada por el mismo gobierno lopista.

La amenaza de Donald de imponer aranceles a productos mexicanos paró “bruscamente” el flujo humano, obligando a miles de elementos de la Guardia Nacional (desviándolos de sus funciones legales y constitucionales), para que “colaboraran” en la detención de todos aquellos que, sin frontera alguna, llegaban a México para pretender arribar al muro que nos separa de los EU. López Obrador “dobló las manos” y accedió tersamente a la solicitud del gobierno de Trump. Durante el año pasado (se dice), casi un millón de detenidos. La obligación impuesta a México, fue un gran alivio.

Luego vino otra amenaza de Donald Trump, pretender la declaración de “grupos terroristas” a los cárteles mexicanos. López, por supuesto, con su política de “abrazos para los delincuentes”, alzó la protesta de la defensa de la soberanía nacional. De ahí surgieron más compromisos y la necesidad de otra visita del fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, programada desde entonces. Anuncian la visita para el jueves próximo. ¿Qué tratarán ahora?

A los norteamericanos les interesa sobre manera el tema de la seguridad nacional, el tráfico de armas y desmantelar las redes financieras de los cárteles, no de los políticos, eso es cosa del gobierno lopista, mediatizar la política para golpear a los “conservadores, a los neoliberales”; problema de casa. De paso algunos temas del T-MEC.

Los norteamericanos propusieron la creación de un “grupo de alto nivel de seguridad”, en el que pueda participar el gobierno de Trump, eliminando los “abrazos” como mecanismo de política de seguridad pública y combate a los cárteles de la 4T; estos en realidad son grupos terroristas, realidad que niega Andrés Manuel López, “tiene otros datos”, e insiste en que él combate las causas desde su origen, de ahí su gobierno obsequioso de miles de millones de pesos para sacar a los delincuentes de las calles, gracias al dinero que reciben de los bondadosos programas sociales. Más de un año ha transcurrido y la situación se agravó, no da resultados la política de “abrazos” a los delincuentes; ahora cobran mediante tarjeta, reciben dinero del gobierno y continúan delinquiendo.

El fiscal general viene para apretar tuercas y a “meter mano hasta la cocina”, para que, de una vez por todas, se combata con el uso de la ley, con el imperio de la fuerza legítima que tiene el Estado, a los “grupos guerrilleros”, llamados cárteles mexicanos, a quienes se les ha vinculado con grupos extremistas de otras naciones y podrían actuar como sicarios de aquellos. Blindar las fronteras de México por aquello del trasiego de las armas de fuego de todo tipo, que atraviesan por las permisivas aduanas mexicanas, lo que ha facilitado a la delincuencia imponer el terror a la sociedad mexicana y matar a cualquiera que se cruza en su camino; el primer año de gobierno lopista alcanzó (como nunca) la escalofriante cifra (cercana) de las 36 mil muertes violentas, superando a todos los gobiernos pasados, aunque el presidente López culpe a otros de sus torpezas e incapacidades para resolver los problemas.

La masacre a los miembros de la familia LeBaron dio las “armas” a los norteamericanos para imponer más obligaciones al gobierno de la 4T, considerando que las 9 personas asesinadas y quemadas tienen doble nacionalidad: mexiconorteamericanos. Son compatriotas de aquellos y el gobierno de López no pudo brindarles ninguna protección. Por eso la visita personal del Presidente de la República (el pasado domingo) hasta una comunidad alejada de la civilización, en el estado de Sonora, para atender a la familia de los afectados.

Ello significó cumplir el compromiso con el fiscal de los EU, de atender a los afectados; por ello la detención de varios supuestos delincuentes involucrados en la masacre, aunque familiares de algunos detenidos juran ser inocentes; López Obrador debe probar que está cumpliendo con “hacer justicia”. ¡Hay detenidos! De ahí que el mismo FBI esté actuando en territorio mexicano para tal objeto, y la pretensión va más allá, con la formación de un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, en el que participen instituciones formales como el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, los gobiernos de los estados y los EU, por supuesto. No en balde la reunión de la Conago del lunes pasado, cerrar filas y entregar buenas cuentas a William Barr; todos trabajando en pro de un mismo objetivo, combatir con la fuerza del Estado a los delincuentes, dejar la caricaturesca política de los “abrazos” con los delincuentes y someterlos bajo los instrumentos legales del imperio de la ley.

Al menos es la pretensión, a la cual el gobierno de Andrés Manuel López se resiste; él prefiere regalar dinero a cambio de paz, política que lleva un largo año de efectivo fracaso; no olvidemos que el Presidente de la República primero ofreció 6 meses para bajar el índice delictivo, y al no lograrlo, pasó a un año el ofrecimiento; ante el rotundo fracaso reculó López Obrador, alargó el ofrecimiento para la pacificación a 2 años. La tozudez del Presidente no tiene límites.

Hasta ahora tampoco hay estrategia eficaz del gobierno de la 4T para confiscar fortunas a los cárteles; el señor don dinero sigue reinando y comprando un ejército de sicarios, delincuentes, lujos y políticos para cogobernar con López Obrador, grandes extensiones del territorio nacional.

Lamentablemente debe considerarse positiva la visita del fiscal general de los EU a nuestro país, viene a “coadyuvar” (imponer orden) en materia de seguridad nacional que amenaza al país vecino, los delincuentes tienen secuestrado a nuestro país; sí, bajo el imperio de la extrema violencia.

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