El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, exhibió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que ha adoptado el desagradable papel de verdugo del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, permitiéndole quebrantar la ley en el momento de recibir instrucciones emanadas de su jefe jerárquico superior, abusos reconocidos por el mismo autor de las ilegales órdenes, el Presidente de la República, al aceptar que su inferior, “fiscal financiero”, solo hace lo que le indica López Obrador y aquel no hace nada sin consultarlo.

El Presidente aceptó sin vergüenza alguna que, todo aquel que sucede en el “patíbulo de la edad media”, para ser castigado con el linchamiento social, es con la aprobación presidencial, sin importar que se violen derechos de los gobernados, quebrantando garantías individuales o derechos humanos, incumpliendo con el debido proceso derivado de la Constitución, tutelado por los artículo 16 y 20; el Presidente ordena violar la presunción de inocencia y demás principios de los juicios penales.

Es obvio que el gobierno de la 4T, entiéndase Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una “redada financiera” para hacerse de recursos económicos de forma ilegal, al ordenarle a Santiago Nieto “congelar cuentas bancarias” de presuntos responsables de delitos, quienes son “ventaneados y vituperados” en conferencias de prensa; a los presuntos, sin previo aviso, les congelan cuentas, sin notificación, sin oportunidad de defensa, de pronto los “sentenciados públicamente por la autoridad ejecutiva” son privados de sus recursos financieros; literal, que no legalmente, los afectados son notificados por medio de conferencias de prensa, gracias a las reformas implementadas para que se actúe arbitrariamente ( que las reformas no permiten el escarnio público, ni ventilar en los medios el inicio de los procesos penales). Cualquier persona puede sufrir los abusos y ser privado de su patrimonio, solo por la presunción presidencial.

Ante la exhibida que les diera el fiscal general, tuvo que salir al quite el Presidente, quien sin el menor asomo de preocupación, anunció que revisarían si no están actuando fuera de la legalidad, en su caso, para corregir los abusos. ¡Cinismo presidencial desproporcionado! Primero actúa, después averigua si sus actos están o no apegados a Derecho. En cualquier otro país ya hubieran destituido al Presidente y sometido al imperio de la ley; pero en México vamos de mal en peor. Estamos como en tiempos de la revolución, cuando decía Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa: “Primero mátalos, después viriguas”.

Hoy en día es política del gobierno de la 4T, primero actúan, ya después se verá si es o no verdad; el mismo Presidente acepta su culpa, cuando ha advertido que, “si al final de un juicio los acusados son inocentes, se les devuelve lo confiscado”. No hay cabida para el cinismo, los actos de autoridad son notoriamente inconstitucionales, ilegales, promovidos por el titular del Poder Ejecutivo.

El fiscal general de la nación, Alejandro Gertz Manero, comentó lo siguiente en reunión con embajadores y cónsules, frente al Presidente de la República, que Santiago Nieto Castillo (claro, sin dar su nombre) viola las normas del debido proceso. Pero por las palabras que utilizó el fiscal general, inequívocamente lanzó el dardo a Santiago Nieto; precisamente al referirse de la siguiente manera: “… “hay unidades”, no de la Fiscalía, sino de gobierno, que no respetan esa presunción (de inocencia) y ponen en riesgo los procesos”.

La denuncia fue tan clara y precisa que el propio Santiago Nieto Castillo tuvo que responder. Claro, lo negó. Dio respuesta inmediata a la alusión personal, así contestó: “No sé si haya más. Por mi parte, yo solo diré que abrazos, no balazos (él nada tiene que ver en seguridad pública, mucho menos en procuración de justicia). El enemigo está afuera del Estado mexicano y es muy poderoso (...) nuestro objetivo es combatirlo”. Excusa no pedida, acusación manifiesta, reza un lema entre la abogacía.

Así las cosas, después de la reyerta verbal entre ambos fiscales, trascendente a fin de cuentas, el presidente López Obrador tuvo que salir en defensa de Santiago Nieto, argumentando que: “Santiago no hace nada sin consultarme”. Luego agregaría Andrés Manuel, con la torpeza que le caracteriza: “... Que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede. Qué es lo que afecta el llamado debido proceso. Cuáles son los límites que sí puede hacer la UIF en cuanto a información y qué no puede hacer”. ¡Mayor aceptación de culpabilidad del Presidente no puede haber! No saben si lo que están haciendo está bien o está mal; ahora a estudiar. ¿A quién encargarán el estudio?

Así de mal están las cosas con López Obrador, él actúa por impulso, no ajusta sus actos a la Constitución.¿Quién lo acusa? Nadie, por eso es impune ante sus constantes arbitrariedades. En la conferencia de rigor, el fiscal general también adelantó que presentará iniciativa de reformas al Código Procesal Penal para cerrar (derogar) la puerta giratoria a los delincuentes, quienes entran y salen de prisión con la mayor facilidad, cuando apenas se los acaban de consignar, gracias al actual sistema penal garantista.

De la reyerta sobre la interpretación de criterios “legales” entre los fiscales, el financiero y quien procura justicia, sin duda alguna le asiste la razón jurídica al fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Este ha quedado, por voluntad propia, alejado de los reflectores políticos, además constitucionalmente es autónomo, independiente de López Obrador, pugna por una eficaz persecución del delincuente y eficiente procuración de justicia, obligaciones que sí son de su competencia; por lo tanto, no son facultad de Santiago Nieto, quien sí apuesta por la mediatización, por el “lucimiento político y el escarnio popular” en contra de todos aquellos a quienes el Presidente de la República le ordena investigar, le autoriza congelar cuentas bancarias; mediatizan la información sujeta a investigación penal (resorte de Gertz Manero), en conferencias de prensa; los vándalos van por dinero presuntamente obtenido de forma ilegal, así el gobierno federal ilegalmente se apropia de millones de pesos, bajo la injusta argumentación producto de la supuesta ilegalidad de cómo lo obtuvieron los propietarios; y, el gobierno lo gasta a placer, sin importar la presunción de inocencia consagrada por la Constitución.

Por eso fue la acusación y confirmación de Alejandro Gertz Manero; la responsabilidad de Santiago es coadyuvar, mas no es independiente en estas actividades, a fin de cuentas todo quedará en manos del fiscal en el momento procesal oportuno. La responsabilidad del fiscal general es colaborar en reducir el índice delictivo y evitar que los puestos a disposición de la autoridad judicial (presuntos responsables) obtengan su libertar inmediatamente por fallas durante el acopia de pruebas que exige el sistema procesal penal; sistema que, por desgracia, generó un mayor número de derechos que protegen a los delincuentes, bajo el argumento de la presunción de inocencia, contradicción generada en perjuicio de las víctimas.

Habrá que reconocer la valentía del fiscal general al hablar frente al mismo Presidente, embajadores y cónsules, defendió los derechos de las víctimas e hizo hincapié en la retahíla de abusos que cometen “unidades de gobierno de la 4T” (la única unidad es la de Santiago Nieto), y de paso resaltó el pésimo sistema del derecho procesal penal, garantista sí pero en beneficio de los delincuentes.

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