A través del exsenador y exdiputado priista, Amador Rodríguez Lozano, no solo defienden lo indefendible de la contrarreforma a la Constitución Política del Estado de Baja California, que amplía el periodo de gobierno; ahora preparan la “chicanada” que les permita quedarse en el gobierno los próximos 5 años y no los 2 para los que fue electo el empresario morenista Jaime Bonilla Valdez.

Amador, licenciado en Derecho, fue pupilo de una de las figuras más importantes en Derecho Constitucional, tal vez por eso se siente sobrado en los comentarios que vierte el expriista, sobre la constitucionalidad de la trampa legislativa que llevaron a cabo 12 panistas, 5 priistas, 3 morenistas, un petista y demás diputados locales. Por supuesto, también los 6 ayuntamientos que validaron la reforma.

La reforma constitucional local no será publicada de inmediato, esperan a que la puerta casi esté cerrada para actuar perversamente. El día último de este mes, concluyen el periodo de 3 años los legisladores bajacalifornianos. Dejarán el problema a la nueva Legislatura local, dominada por Morena. Ya no harán nada los actuales legisladores.

Para que la reforma entre en vigor debe ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; entretanto, no puede ser impugnada, tendrán que esperar para el inicio de su vigencia quienes ya plantean el juicio de inconstitucionalidad; o bien, dijo Porfirio Muñoz Ledo, la controversia.

El gobernador o la Legislatura son los únicos que pueden ordenar la publicación para que entre en vigor el día de su publicación. Hasta ahora los panistas “controlan” el estado (supuestamente); el gobernador es del PAN y la mayoría de los 25 legisladores son panistas, aunque no cuentan con mayorías relativa ni calificada. Así que requerían de la chiquillada para todas sus reformas. Hasta ahora también controlan los 6 municipios los panistas, bajo el mando del gobernador.

A partir del uno de agosto, Morena tendrá el control de la Legislatura. Ellos, socarronamente, simplemente esperarán el día de la toma de posesión o un día antes de noviembre para que fatalmente entre en vigor, publiquen la reforma y ese mismo día, primero de noviembre, tome protesta como gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, levantará la mano por el periodo de 5 años, no de 2 como hasta ahora dice la constitución de ese estado.

Pretenderán dar “machetazo a caballo de espadas”, según el constitucionalista y tramposo de de Amador Rodríguez, actual enlace de la transición y próximo secretario de Gobierno. Por cierto, Amador perdió como candidato a la gubernatura de su estado, bajo las siglas del PT. Afirma que no se ha afiliado a Morena, pero se maneja como esbirro de ese partido, da exactamente lo mismo. Si protesta por 5 años, será otro acto de autoridad a combatir, a consecuencia de la reforma.

Amador piensa que, tomando protesta Jaime Bonilla por un periodo de 5 años, será acto consumado; por lo tanto, imposible de revertir. Su perversa apreciación “jurídica” es falsa. Argumenta que el derecho se interpreta, por eso actúa como abogado “chicanero y bandolero”, se la juega, va por todas; total, si gana se lleva 3 años más de gobierno y si pierde cumplen los 2 años para los que fue electo su jefe nominativo: Bonilla.

Bien, para el 1 de noviembre próximo, Morena tendrá el absoluto control político del estado (con sus aliados: Verde y PT). En las elecciones del mes pasado se llevaron todo, 17 diputaciones de mayoría relativa, los 5 municipios que integran el estado y gubernatura. Solo las migajas recogieron los partidos de oposición.

Bien vale la pena recordar que Morena y sus aliados ganaron todo, pero no tienen la legitimación popular; apenas votó el 29.9267% de la Lista Nominal de Electores, lista que sumó 2 millones, 811 mil, 075 electores; lo cual quiere decir que al 70% de los bajacalifornianos no les importó el proceso electoral, ni sus candidatos.

Bajo el gobierno federal en poder de Morena emplearon el tradicional “acarreo”, lo que les permitió ganar con una bajísima votación, votos que deben distribuirse entre todos los participantes, por lo tanto su triunfo es legal pero no legítimo. Lo mismo les pasó en el estado de Puebla. Bueno, eso es historia.

Con el absoluto control de todos los espacios políticos a partir del día uno de noviembre, piensan que podrán burlar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Amador Rodríguez deja en claro que el límite que establece la Constitución es de 6 años y ese principio no lo violentan. Banal argumento.

Por cierto, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, afirmó que la reforma constitucional en Baja California es inconstitucional. En esta ocasión su criterio es válido, aunque sin ningún valor jurídico ni político. Así las cosas, todo será suspenso hasta la entrada en vigor de la reforma constitucional en Baja California; nada para nadie hasta entonces. La batalla jurídica iniciará una vez que entre en vigor, antes solo especulaciones. Eso les da tiempo a las dos partes en conflicto para preparar sus pruebas.

El socarrón de Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado (contrario a su imprudente costumbre), dice que es y será respetuoso (¿desde cuándo es respetuoso ese señor?).

Mal augurio político. La presión política vendrá (ya la tienen encima) en contra de los ministros, quienes resolverán a final de cuentas con las pruebas que aporten las partes sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la deformada reforma. Si se declara la inconstitucionalidad, simplemente el ambicioso de Jaime Bonilla Valdez y sus secuaces se quedarán con las ganas de 3 años más de gobierno. Si se declara constitucional la reforma, “agárrense”, otros estados tendrán el mal ejemplo y Andrés Manuel López Obrador abrirá enorme puerta para ampliar su periodo constitucional.

De peligro en peligro, el orden constitucional mexicano se va perdiendo por los abusos de políticos y abogados mercenarios como Amador Rodríguez, quien solo busca su beneficio personal y político.

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