La corrupción es sinónimo de impunidad y ha existido desde siempre, forma parte de la cultura política del mexicano, sin embargo parece ser que llegó el momento de reprimirla, de eliminarla del vocabulario y la práctica. Y es que, donde hay un corrupto siempre habrá un corruptor.
Hay incluso frases acuñadas sobre el tema: “No me den, pónganme donde haya”; En el arca abierta hasta el más justo peca”. Para terminar con ella en el ámbito de gobierno se Creó una Secretaría de la Contraloría, aunque ya existía la Contaduría Mayor de Hacienda. Después ambas instituciones cambiaron de nombre, pero las cosas siguieron igual. No hay sancionados, excepción de aquellos que rinden sus declaraciones patrimoniales.
La mayoría de las veces los políticos que arriba a cargos importantes desde los gobiernos municipales hasta el federal, como por arte de magia, se vuelven ricos y prósperos empresarios una vez que dejan los cargos públicos. A estos por algo les llama la atención el ejercicio permanentemente del poder. Los ciudadanos lo observan y aborrecen desde siempre.
Empresarios de todos los niveles buscan ser proveedores de los gobiernos a pesar del “diezmo” que en la mayoría de los casos deben aportar; o bien, ellos lo ofrecen para ser “bendecidos”. Y así pareciera que se ha institucionalizado la corrupción en la que participan miles y miles de mexicanos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Hay mil maneras de evadir las débiles normas jurídicas que persiguen y castigan la corrupción; incluso hay códigos no escritos: “No persigas, de lo contrario te perseguirán”.
De tal suerte que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pretendiendo crear una normatividad más severa, desde noviembre pasado envió la iniciativa de ley bautizada como “Ley Anticorrupción”, para reformar la Constitución y crear una fiscalía especial que combata la corrupción. Y como si se tratara de un botín político, los legisladores le encontraron deficiencias y por supuesto no la mejoraron ni la aprobaron.
Terminó el periodo ordinario y nada, dio comienzo el receso y nada; llegamos al febrero y nada. Sigue en manos de los legisladores y no logran aprobar la iniciativa. Prefieren algunos de ellos, como la Senadora Marcela Torres, hablar mal de la administración federal que resolver la iniciativa; máxime ahora que estamos en tiempos electorales, resulta más rentable criticar que crear normas que nos lleven al fondo del problema de la corrupción.
Ahora se pierden con acepciones tales como “conflicto de intereses”, pero no legislan para terminar de una buena vez con la impunidad que ellos practican o la han ejercido ¿Se amarrarán las manos ahora sí para autocastigarse o dejarán lagunas en la nueva norma para evadir la acción de la justicia como hasta ahora? Es cuestión de tiempo, por lo pronto solo son amagues electoreros y nada más. La iniciativa presidencial sigue en espera.
