Con el objetivo de fortalecer el marco legal para frenar, inhibir y combatir las conductas cometidas por personas físicas o privadas que se sitúen en la ilegal actividad de la construcción, su explotación y su comercialización, así como desarrolladores inmobiliarios y personas funcionarias públicas, el diputado federal de Morena por Querétaro, Luis Humberto Fernández Fuentes, impulsa una iniciativa de ley para sancionar la “corrupción inmobiliaria”.
La iniciativa con proyecto de decreto propone reformas al Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de delitos contra las personas en su patrimonio y por hechos de corrupción, así como de faltas u omisiones consideradas como graves, en materia de responsabilidad administrativa de personas servidoras públicas.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del Inegi, el 70% de los mexicanos sí cuentan con una casa propia o están pagándola, sin embargo, el 30% restante representa a 40 millones de mexicanos que no tienen un patrimonio propio o incluso, no tienen hogar.
Por otra parte, en las comunidades rurales persiste un problema que muchos invisibilizan, que es el despojo de tierras, algunas veces por vicios ocultos o falta de información o claridad de empresas del sector privado, en especial, de bienes raíces. Estas irregularidades reflejan una preocupante tendencia de aprovechamiento por parte de actores empresariales, pero también gubernamentales, en proyectos que, bajo el pretexto de utilidad pública, benefician intereses particulares.
“La realidad es que en los últimos años, los costos de las viviendas han escalado a niveles que, para la mayoría de los mexicanos, es imposible pagar. Tan sólo en el estado de Querétaro, de acuerdo con datos de El Economista, una casa en 2025 tiene un costo aproximado de 2 millones de pesos y en el municipio de Querétaro, de 3 millones de pesos. Si consideramos que el precio nacional de la vivienda en México en 2015 era de un millón de pesos, en Querétaro en tan solo una década, este se ha duplicado o triplicado, haciendo difícil para los queretanos adquirir un patrimonio propio.
Pero estos precios han ido al alza insostenible por la depredación y ambición desmedida de empresas del sector privado, que muchas veces están coludidas con servidores públicos, quienes otorgan facilidades a ciertos grupos inmobiliarios.
En Querétaro ocurre el despojo y el engaño que viven ejidatarios principalmente de la zona norte de la capital, en el cual han surgido denuncias de que se les ha despojado de sus tierras, a través de presiones y amenazas que los obligan a vender a un precio muy por debajo del mercado. Todo ello con la colusión de servidores públicos, que hacen cambios de usos de suelo ilegalmente, entre otros vicios ocultos y desinformación que crean un mercado inmobiliario irregular, que afecta a los ejidatarios”, explicó Luis Humberto Fernández.
De ahí, que esta iniciativa contempla la incorporación del tipo penal de corrupción inmobiliaria como delito federal sancionable e identificable, con penas de entre cinco y 10 años de prisión, la cual se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, al propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, o a socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas, formen parte.
