Legisladores federales crean la figura jurídica de la revocación de mandato, ambas cámaras lo aprueban con múltiples modificaciones a la propuesta lopista. Las reformas a la Constitución seguirán la tramitología legislativa, serán enviadas para su aprobación en las legislaturas de los estados, diputados locales seguramente aprobarán la enésima adición a la Constitución; figura jurídica y populista, más que democrática, cuyo fin teóricamente será para remover al inútil, inepto, corrupto o incapaz Presidente de la República, durante su mandato. Pero, ¡no se equivoquen!

Constitucionalmente, López Obrador no podría ser removido, aunque esa sea su bandera; la perversidad está en el fondo de la intención política. Andrés Manuel López fue electo en el año 2018, de acuerdo a las normas vigentes hasta este momento, las cuales no contemplan la figura de la revocación del mandato popular; López protestó cubrir un periodo constitucional de gobierno de 6 años, ni un día menos ni un días más, artículo 83 de la Constitución; de paso, contempla la no reelección. Andrés Manuel solo puede renunciar por causa grave y no lo hará, a pesar de estar enfermo, artículo 86; y actualmente, el Presidente solo puede ser acusado de traición a la Patria o por delito grave, artículo 108, en su caso para removerlo de su encargo.

Ninguna ley tendrá efectos retroactivos en perjuicio, dice el artículo 14 de la misma Constitución; principio de la irretroactividad de todas las leyes. Luego entonces, acorde con la lógica jurídica, la jurisprudencia y la Constitución, la adición solo se aplicará en la siguiente administración, para el próximo Presidente de la República.

Sin embargo, López Obrador insiste en inaugurar la figura de la revocación de mandato y ser sometido a consulta popular, a pesar de que no le aplica; mas le interesa que su popularidad no decaiga e insiste en volver a estar en alguna boleta electoral en la que aparezca su nombre; es un sujeto que vive de actos populistas, sin ellos se siente “desnudo”, por eso la terquedad de su pretensión.

De acuerdo a la próxima adición, se pondrá en práctica en el año 2021, mes de agosto, pasando las elecciones constitucionales; le concedieron el gusto en el artículo Cuarto Transitorio; López incluso puso fecha, cuando la adición establece que es la sociedad la titular de la facultad para promover la consulta para la revocación, no el Presidente, no las autoridades, no Andrés Manuel López. Las adiciones al artículo 35, fracción X son muy claras al respecto.

Y la facultad para desahogar el procedimiento de consulta queda en manos del INE. No cede el cinismo presidencial, que insistir en que la consulta popular sea cuando él quiere ¿Pata qué si no puede ser removido del cargo? Ni en los artículos transitorios contemplan la posibilidad de que participe el actual Presidente, iría en contra de la norma de la irretroactividad. Eso lo sabe y lo entiende cualquier lego en materia de Derecho, no entiendo el por qué López no lo asimila de la misma manera.

Requisitos mínimos de procedibilidad. Que los ciudadanos organizados lo promuevan, necesitarán, al menos, 3% de solicitantes inscritos en el Lista Nominal de Electores. La misma proporción deberá estar distribuida proporcionalmente, al menos en 17 estados; nada fácil. Solo tendrá la capacidad de promover la petición la sociedad bien organizada que pueda alcanzar esa meta, ronda en varios millones de firmas, tomando en consideración que para entonces la lista alcanzará los 90 millones de inscritos, después de las elecciones de ese mismo año; los formatos para promover la revocación los proporcionará el INE.

Parece, por lo tanto, incongruente que el mismo López proponga cuándo deberá realizarse el primer ejercicio, si la titularidad de ese derecho quedará en manos de los electores, no del Presidente de la República. ¿Moverá a su ejército de “siervos de la Nación”? Esta figura no es “popular” en países democráticos, apenas en algunos del sur de América Latina. En países más desarrollados democráticamente, simplemente renuncian cuando no pueden con el cargo; y, curiosamente, esos regímenes son parlamentarios, no presidenciales. De ahí que sea una figura más populista que democrática.

La frase suena bien: “revocación de mandato”, solo en el discurso de López Obrador se aplica: “el pueblo pone, el pueblo quita”. En la práctica está por verse si no es argucia para buscar la prolongación y no la reducción del mandato, como ha sucedido precisamente en aquellos países en los que han acogido la figura de la revocación, como son Venezuela, con Chávez, luego Maduro, o Bolivia con Evo Morales, quienes se aferran al poder, a pesar de la existencia de esa figura jurídica de la revocación de mandato; vamos, en la práctica el pueblo no los puede revocar; los regímenes de izquierda la usan como medida populista para prolongar su periodo constitucional, no para que les revoquen el mandato; luego promueven más reformas para asegurar la reelección permanente. En el fondo es la misma pretensión la de López Obrador: la permanencia en el poder de quienes “se visten de demócratas”, manipulando aquella frase populista “del pueblo pone, el pueblo quita”. Esos regímenes son proclives a controlar el voto de las grandes masas sociales, por medio de dádivas que dan a los desposeídos, quienes son la mayoría de los pueblos, resulta evidente que se trata más bien de una manipulación y no del fortalecimiento del sistema democrático de un país. ¡Es el riesgo que se corre!

Por lo pronto, próximamente México tendrá esa figura jurídica que podrá ponerse en práctica en el año 2021, en el mes de agosto, para ser exactos. Faltará la ley secundaria que pormenorice la tramitología y reformas procesales para precisar los mecanismos legales de promover nulidades, revocaciones, reposiciones, etcétera. Falta saber si el mismo Presidente en funciones podrá promover algún recurso legal.

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