[Tras la Verdad] Nadie castiga arbitrariedades legislativas

Sin distingos, en todas las Legislaturas federales se han dado abusos por parte de diputados o senadores y no hay autoridad que los persiga y castigue (en grupo); son como los “delincuentes anarquistas”, causan serios y graves daños a la nación y no existe manera de combatirlos, a ellos, por supuesto; las leyes, reformas, adiciones, acuerdos se pueden combatir por la vía legal, pero de los abusos que cometen nada se puede hacer.

Para proceder penalmente en contra de los legisladores, se requiere cubrir varios requisitos legales; primero, que el fiscal general inicie carpeta de investigación, previa denuncia penal, lo cual es más que imposible; suponiendo que lo hicieran, elementada la carpeta, debe ser enviada a la Cámara de Diputados, para “eliminar el fuero constitucional”, otra acción imposible, sobre todo, sabiendo que, entre delincuentes se cubren. Y si milagrosamente se lograra cumplir con esos requisitos, la Comisión Instructora debe seguir el juicio, respetar el derecho de audiencia, para después someter a votación del Pleno el resultado del dictamen de desafuero. De ahí que no sea posible en la práctica, por ello se pueden conducir como delincuentes, saben que el “enredo y exceso de normatividad” los protege.

Por eso los legisladores pueden violar sin problema alguno los requisitos que la ley les impone. Ahora incumplen por no haber dictaminado y votado el “paquete fiscal”, que componen las iniciativas de ley de ingresos y el decreto de egresos; el plazo perecedero venció el pasado 15 y a la fecha no tienen para cuándo. ¡Ah! Pero a Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, poco le importa, cínicamente manifiesta que no hay problema, además de no existir sanciones, manifestantes lo han impedido, han “bloqueado” la sede de la Cámara de Diputados, aquellos que quieren ser considerados para la repartición del presupuesto de egresos.

En otros tiempos, los legisladores sencillamente cambiaban de sede y asunto resuelto. Ahora no. Claro, utilizan en pretexto a su favor, dado que los mismos legisladores no han logrado el consenso, ni con las rémoras de los aliados de Morena. Y es que, además, el gobierno de la Cuarta tiene enorme sub ejercicio presupuestal que rebasa los 100 mil millones de pesos, cómo entonces justificar incrementos a algunos impuestos. Pero, nada pasa, el presupuesto puede esperar y falta la aprobación del Senado, al menos en lo referente a la Ley de Ingresos. Total, seguramente saben de la existencia legal de la excepción creada en tiempos de Felipe Calderón, seguiría vigente la ley del año anterior hasta en tanto no se cree la nueva. Los legisladores incumplen con la ley y nada les pasa, no tienen sanción, se burlan de ella; lo que no sucede con los contribuyentes cautivos, esos, si no cumplen, a la cárcel pueden ir o, al menos el SAT embarga bienes suficientes por falta de pago, qué decir de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Hacienda, se mete hasta el “tuétano” para investigar bienes, ingresos, egresos y a secuestrar bienes. El ciudadano no tiene las ventajas, las prerrogativas de las que disfrutan los legisladores.

Otro ejemplo ¿Recuera la Ley de Remuneraciones a la que le declararon inconstitucionales varias disposiciones de los artículos 6 y 7? Sí, aquella que obliga a que nadie gane más que el Presidente de la República. Esa misma. Bien, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio un plazo perentorio a los diputados para legislar y normar con meridiana claridad los ingresos totales del Presidente, para regular el salario de aquellos que supuestamente tienen mayores emolumentos que el Presidente de la República. Bien, los legisladores no han resuelto nada, no han cumplido con la ejecutoria; en cualquier otro caso los mismos Ministros ya hubieran exigido la comprobación del cumplimiento; ¡Ah! Pero, en tratándose de los legisladores nada sucede. Los legisladores no ha querido entrar al análisis de cuántos beneficios extras recibe el Presidente de la República (mucho menos darlos a conocer), por el ejercicio del cargo público, además de su salario; por ejemplo, pago de teléfono, transporte, pago de aviones, comidas, desayunos, cenas, etcétera; sumado al costo que tendría un departamento en el interior, de lujo, de Palacio Nacional. Los Ministros pretenden tener una base para tasar en realidad cuánto gana López Obrador, con la suma de los privilegios, no los 108 mil mensuales que presume recibir Andrés Manuel. Está por concluir el periodo ordinario de sesiones y los diputados federales no hay resuelto legislativamente nada.

Ahora que, si se trata de encubrir la obligación que les deviene de la sentencia del Juicio de Inconstitucionalidad número 105/2018, publicada en Diario Oficial de la Federación, de fecha 19/07/2019 y su acumulado 108/2018, con la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a los artículos 116 y 127, ahí tendrán la excusa para dar aparente cumplimiento a la sentencia de la Corte, dictamen que fuera aprobado el mes pasado en la Cámara de Diputados; reforma que, por cierto, no ha trascendido a pesar de la importancia que implica de la modificación constitucional. Van por la creación de un nuevo organismo técnico que realice ese trabajo ¿Quiénes serán los que conformen ese nuevo organismo y quién los designará? Los legisladores pretenden crear (lo van a crear y todo por taparle al Presidente la totalidad de sus privilegios) un organismo técnico responsable de hacer los estudios para definir los parámetros de las remuneraciones de los servidores públicos, entre ellos el mismo salario presidencial.

Los legisladores han “chicaneado” la ejecución de la sentencia, los Ministros guardan silencio y nada pasa. Una vez más, queda absolutamente claro que los legisladores son una clase de “mestizos” (diría López Obrador) privilegiados que pueden evadir la ley sin consecuencia alguna. Conclusión. Nadie castiga los abusos de los legisladores; las Cámaras legislativas, tierra fértil de la impunidad, casta política privilegiada.







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