[Tras la Verdad] Galimatías y consecuencias políticas de la reforma energética

En síntesis, el gobierno de la 4T pretende el monopolio de la producción, distribución y venta de la energía eléctrica. La realidad, no tiene capacidad para producir el 100% de la energía que demanda el país. Primer gran error de la ambición presidencial. Aunque continuaría la participación privada en el negocio con el 46%, sin reglas claras.

La iniciativa de AMLO probará que tan sólido es el grupo parlamentario que prometió trabajar unido en el ámbito legislativo, después de las pasadas elecciones. López Obrador, va por el rompimiento del grupo de “contención”, formado por el PAN, PRI y PRD; el presidente evidenció al PRI como primer gran motivo de división, cuando dijo en una de sus mañaneras que con unos votos de ese partido eran suficientes para lograr sus reformas a la Constitución. Desde entonces tensó las relaciones entre los aliancistas; críticos y analistas mencionan al PRI, como la bisagra que le abrirá la puerta a las iniciativas de AMLO.

En la Cámara de Diputados no se deciden por el sí o el no; pretenden abrir la iniciativa al “parlamento abierto” para que participe la ciudadanía, lo cual les permite inclinarse hacia cualquiera de los bandos bajo la trivial justificación de adoptar el criterio que arroje el “parlamento”.

Sin embargo, la senadora Claudia Ruiz Massieu dijo tajantemente que no irán con la iniciativa del presidente, que se trata de una repetición de la iniciativa en materia energética que ya rechazaron anteriormente, misma que suspendió el Poder Judicial por medio de un juez especializado, al cual mandó investigar el presidente de la República, método gansteril para doblegar al enemigo. Claudia aseguró que el grupo aliancista no aprobará la intentona.

La iniciativa de decreto que reforma y adiciona a la Constitución en 3 artículos, veladamente encierra el “rompimiento” de la alianza legislativa. López y su UIF ya investigan al dirigente nacional del PRI, actual diputado federal, por “lavado de dinero”. Sin duda un método de presión delincuencial. El grupo parlamentario de “Sí por México”, fue el que aprobó las reformas constitucionales del 2013, luego debe suponerse que los 3 no estarán de acuerdo con regresar al pasado. Aunque en materia legislativa todos dan “bandazos”, lo que ayer era bueno, hoy no lo es, más si hay presión de por medio.

La forma también es fondo en materia jurídica y en tratándose de reformas a la Constitución es fundamental. La iniciativa adolece de toda clase de faltas, incluso de ortografía.

El proyecto de decreto también contempla el manejo del petróleo, al cual nadie ha puesto atención, va en el paquete para recuperar la hegemonía del Estado en materia energética, aunque no profundiza.

AMLO quiere que el mentiroso e inexperto de Manuel Bartlett Díaz, quien ha probado sus “apagones”, se haga cargo de todo lo que concierne a la producción, conducción y venta de la energía eléctrica. Que la CFE se constituya en monopolio, así de simple. Y los particulares bajo nuevas reglas.

Pero en el camino, la iniciativa pretende despojar a todos los inversionistas que le apostaron a México. De todos sus bienes, simple anulación de convenios, así sin más. Los artículos transitorios no contemplan, al menos, la indemnización. Literalmente se trata de un robo.

Analistas y críticos se cuestionan si proceden juicios en contra de la posible reforma; unos opinan que no, dado que se trata de reformas a la Constitución. Esos analistas están errados, desde mi particular punto de vista jurídico, claro sí procedería alguna acción de inconstitucionalidad, puesto que a la vista viola derechos humanos, ninguna reforma a la Carta Magna puede vulnerar esos derechos.

Quien le maquiló la iniciativa a López no le advirtió que debe pagar, al menos en el plano de la expropiación. Pero no, simplemente cancelan todos los contratos y en automático el Estado se apropia de todos los bienes de los inversionistas. Además, olvidan que los tratados internacionales adquieren el mismo “nivel” de obligatoriedad que la Constitución, luego, estarían violando esos tratados, principalmente el T-MEC. Los afectados tendrían el derecho de acudir a tribunales internacionales o a los arbitrajes (arreglos) para evitar que sean violentados sus derechos conforme a la norma que actualmente está vigente.

Dado que la CFE utiliza combustibles fósiles y AMLO no tiene el menor interés de producir energías limpias, el gobierno estaría violando tratados internacionales y derechos de los mexicanos a tener una vida digna, sin contaminación, luego se cristaliza la vulneración de los derechos humanos de forma colectiva; entre otros derechos superiores, el Estado no puede estar por encima de ellos. No pueden crear derechos metaconstitucionales en pro del Estado y en agravio de la población.

Los analistas en materia energética afirman que el Estado no tiene capacidad para producir la energía eléctrica que demanda el país, el servicio se encarecería; en el primer año, apenas si cubrieron el 43.9% de la demanda (El Economista). ¿Quién diablos produciría el resto de la energía? ¡Los particulares! Pretenden que el Estado se quede con el 56% y el resto para la iniciativa privada, pero ¡no existe regla alguna en la iniciativa!

Además, la CFE recibe miles de millones de pesos en subsidios. Para este año 2021 le inyectaron, vía subsidio del presupuesto público, 70 mil millones de pesos; por lo tanto, la energía eléctrica está subsidiada, no hay capacidad para cobrar el precio justo. Así lo afirmó el investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP), Joel Tonatiuh Vázquez Pérez.

AMLO también va por la desaparición de organismos autónomos: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Funciones que absorberá el gobierno federal.

Todo el poder para la CFE. Si bien permitirá la participación de los particulares, será bajo nuevas reglas que nadie conoce, y aquellos empresarios que han realizado todo tipo de inversiones, de pronto, por mandato constitucional, dejan de existir, se cancelan los contratos.

Vaya que es un verdadero galimatías jurídico el abusivo mamotreto que envió el titular del Poder Ejecutivo. El poder del Estado, por sobre los derechos humanos. Si cumple su palabra la senadora Ruiz Massieu, no pasará la tramposa iniciativa de AMLO.







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