“La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es la más productiva en el congreso local”, así lo informó su presidente, Guillermo Vega Guerrero, ya que hoy en día, han sesionado en 24 ocasiones y se han aprobado 40 proyectos relevantes, por lo que agradeció a sus integrantes, diputados Enrique Correa y Homero Barrera, por la aportación que han realizado en el análisis de los proyectos turnados; aunque, informó, todavía quedan pendientes cincuenta iniciativas por dictaminar.
El legislador mencionó, entre las iniciativas aprobadas más importantes, la reforma al Código Penal en el tema de usurpación de profesiones en materia de salud, para evitar médicos piratas; la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género en contra de las Mujeres; el proyecto de Ley para cuidar a la niñez en espacios educativos con respecto al uso de celulares; la prevención de violencia familiar en contra de mujeres en estado de gravidez; la aprobación del dictamen sobre la tipificación del delito de acecho; el establecimiento en el Código Penal de la sanción para el uso indebido de la IA con fines sexuales.
Asimismo, dijo que se dieron mayores elementos a la Fiscalía General para penalizar el tema de préstamos gota a gota y se combata esta práctica; el proyecto para sancionar con mayor severidad a los conductores bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas; la aprobación de la Ley Monzón, que es la pérdida de la patria potestad de padres vinculados por feminicidio; la institucionalización de Sinergia, como instancia del Sistema Estatal de Seguridad; la aprobación del dictamen que tiene que ver con la cohabitación forzada, que apoya a que las menores de edad no tengan que cohabitar con un mayor de edad en muchos de los casos, por usos y costumbres; entre otros temas.
En esta sesión de comisión se aprobaron reformas al Dictamen de la Declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el estado, toda vez que, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, consideró necesaria la modificación de esta, ya que aún no se cuenta con las condiciones necesarias para la implementación de este código, situación que se ha presentado a nivel nacional derivado de la complejidad estructural del nuevo modelo procesal, lo que evidencia la necesidad de adoptar medidas de implementación gradual que aseguren la operatividad de ese sistema, evitando así, afectaciones de acceso a la justicia.
El Tribunal Superior de Justicia consideró que, la implementación de este código nacional exige la consolidación integral de condiciones operativas, normativas e institucionales que garanticen el nuevo modelo procesal, particularmente en lo relativo a la armonización de disposiciones locales, la estandarización de criterios jurisdiccionales, la interoperabilidad de sistemas tecnológicos y la consolidación de las prácticas de oralidad.
Por lo que, en este sentido, resulta necesario evitar escenarios de incertidumbre jurídica, criterios dispares en la impartición de justicia y riesgos en la continuidad del servicio público jurisdiccional en detrimento de los principios de seguridad jurídica de debido proceso y tutela judicial efectiva.
Los legisladores integrantes de esta comisión consideraron pertinente adoptar medidas que permitan diferir la entrada en vigor de este ordenamiento a efecto de garantizar una transición ordenada, homogénea y funcional, evitando afectaciones al derecho de acceso a la justicia y asegurando que el nuevo sistema procesal cumpla efectivamente con los estándares constitucionales que rigen la función jurisdiccional.
