Los irresponsables, los morenistas en el Congreso, se inconforman en contra de los dos organismos electorales que pretenden desaparecer o al menos transformar a su antojo para el cumplimiento de sus caprichos.

De acuerdo a las reformas a la Constitución, referentes a la revocación de mandato, publicadas a finales de 2019, los mismos legisladores se autoimpusieron un plazo de 180 días para emitir la ley reglamentaria. Desde entonces han incumplido con su propia obligación legal, lo cual no sorprende, suelen hacerlo regularmente.

De pronto, a razón de la segunda campaña publicitaria promovida por AMLO (la primera fue sobre la consulta popular), apuran para la preparación de la puesta en marcha de los trabajos de la consulta popular, pero ¡oh, sorpresa!, no tienen ley reglamentaria. Poco les importó e inició la mediatización del presidente.

Ante semejante gazapo legislativo, los morenistas presionaron para sacar a empujones y a jalones la ley reglamentaria en tiempos del último periodo de receso. Solo algunos morenistas conocían la iniciativa, nadie más. No lograron convencer a la oposición para legislar al vapor y cumplir con lo ordenado por AMLO.

Ante la inactividad procesal de los legisladores desinteresados en sacar adelante la ley al haber dejado pasar intencionalmente los 180 días que ellos mismos fijaron, de pronto AMLO inicia la disputa mediática para echar a andar indebidamente el proceso revocatorio, cuya competencia es de la ciudadanía, no del presidente López.

Dado el vacío legal de la ley reglamentaria, el INE propone crear el reglamento acorde con las disposiciones plasmadas en la Constitución, lo que molestó a Ricardo Monreal, acusando a los consejeros de suplir las funciones legislativas. Siempre mal intencionados los morenistas. Claro que el INE tiene facultad reglamentaria, no suple la legislativa. Pero Monreal pretendió evidenciar a los consejeros, lo cual no prosperó.

De tal suerte, este viernes el Consejo General aprobó los lineamientos para normar el proceso de revocación de mandato, bajo la advertencia que deberán modificar o abrogar de ser necesario, una vez que los senadores y diputados cumplan con su responsabilidad de legislar. 

Los consejeros atajan dos frentes; uno, ante el vacío legal crean el reglamento derivado de la Constitución y no incumplir como lo han hecho los legisladores federales, evitando con ello improvisaciones; y dos, advirtieron que, si crean la ley, esa misma aplicarán. Respuesta contundente a las hilarantes declaraciones de Ricardo Monreal. Asunto resuelto. Por cierto, el TEPJ determinó que sí tiene facultades el INE para generar su propio reglamento. Otro golpe para el doctor en Derecho Constitucional.

Pero faltaba otra llamada de atención. Esta vez correspondió a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, quienes impusieron un plazo de 30 días hábiles a los incumplidos senadores y diputados, para que emitan la ley reglamentaria ¡Nuevamente Monreal! Pegó otro salto y acusó a los magistrados de ponerse por encima del Poder Legislativo, para lo cual no tienen poder alguno.

Otro gazapo del senador morenista que le gusta echar pleito, al igual que a su mentor López. Claro que las autoridades judiciales tienen el poder jurisdiccional para obligar a cumplir con la ley a los legisladores, quienes, de aceptar el criterio político de Ricardo Monreal, no habría poder alguno que les obligara a cumplir con su responsabilidad.

Otra cosa es que no los sancionen (en realidad solo pueden en el papel) a que los magistrados tengan el poder legal para obligarlos a cumplir con su responsabilidad. Solo falta que Monreal acuda a la Corte y promueva la controversia constitucional o a la acción de inconstitucionalidad, entonces atrasarían más la aprobación de la ley reglamentaria, la que, por cierto, a nadie importa, salvo a López Obrador, quien truculentamente busca la “ratificación y no la revocación”.

Esta vez Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República, logró su cometido: confrontarse políticamente con los dos organismos constitucionalmente autónomos que él y sus huestes pretenden deformar. En tanto el INE y el TEPJF lo pusieron en su lugar jurídicamente. Por cierto, el costo del “chistecito” de AMLO, tendría un costo aproximado de 9 mil millones de pesos. Más dinero que se irá al “caño de la democracia participativa”.

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