Seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cumplieron con lo que apenas el pasado 28 de septiembre exigieron, por medio de su Presidente, a varios jueces que nombró el Consejo de la Judicatura.
El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo, traiciona lo que él mismo falazmente argumentó como: “intención de servir a la sociedad mexicana”, sin poner en práctica su sentencia. Ese 28 de septiembre, antes de la toma de protesta, exhortó a los jueces con la siguiente tesis: “Las ministras y ministros, las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal confiamos en que ustedes estarán a la altura de las necesidades que la sociedad mexicana requiere y exige. Que serán juezas y jueces honorables, dispuestos a servir a la gente, sensibles y con excelencia en sus determinaciones y con la valentía necesaria para mantener su independencia y defender los derechos humanos de todas y de todos”.
Arturo Zaldívar no fue honorable, tampoco hizo gala de valentía para mantener la independencia del Poder Judicial, mucho menos defendió los derechos humanos como premisa fundamental que enmarca la Constitución. Se doblegó ante la exigencia de Andrés Manuel López, quien le (exigió) pidió aprobara la constitucionalidad de la “trampa mediática” que les planteó el Presidente, para afianzar su campaña de desprestigio en contra de la oposición.
Primero está defender el cargo, la chamba que proteger y respetar la Constitución. Zaldívar hizo el trabajo sucio en perjuicio de la constitucionalidad y de la honorabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él encabezó el grupo que tergiversó el sentido de la propuesta de López, para, endeble y deficientemente aprobar lo que será la consulta popular política que someterá a votación si se aprueba o no la impartición de justicia. La votación estaba empatada, cinco votos a favor, cinco en contra, el voto del presidente Zaldívar fue decisivo; él encabezó la revuelta para una aprobación de la constitucionalidad por mayoría simple.
Tan mal estuvieron los argumentos a que aludieron los Ministros que aprobaron la torcida constitucionalidad de la propuesta que no aprobaron la pregunta que formuló López Obrador; cínicamente tuvieron que modificar la pregunta, la cambiaron totalmente en su esencia y significado para hacerla “embonar a presión” y pretender cumplir con el requisito de la constitucionalidad. Solo así harán la consulta popular, pero será con la pregunta de los Ministros, no de López Obrador, aunque la iniciativa seguirá siendo del Presidente.
A fin de cuentas tenían que cumplir el capricho egocéntrico. Los Ministros mostraron, en esta ocasión, que faltas a la congruencia entre lo que dicen y lo que hacen; se mostraron rastreros, “leguleyamente” realizaron una sui generis especie de suplencia de la queja en favor de López Obrador, para favorecerlo y acceder a su pretensión. Vaya que surtieron efectos las presiones políticas que por varios días mediáticamente llevó a cabo el Presidente, en contra de los Ministros; so pena de sucederle a más de algún Ministro lo que a Eduardo Medina Moran: acusarlo y obligarlo a renunciar. Ignominioso López Obrador, sin escrúpulos.
Así era la pregunta planteada por Andrés López, para ser calificada con el rigor de la constitucionalidad: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
La ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales (a groso modo), simplemente argumentó que la justicia no se somete a votación. Con eso bastaba. Nada de degradar el Derecho a la justicia, subordinada a consultas populares, a juicios mediáticos, a la ignorante muchedumbre, a la decisión irrazonable e irreflexible de la población, como lo advirtieron los que apoyaron la inconstitucionalidad de la pregunta del Presidente López.
Pero quienes exigieron a los jueces honorabilidad, estar dispuestos a servir a la gente, ser sensibles y con excelencia en sus determinaciones y con la valentía necesaria para mantener su independencia y defender los derechos humanos de todas y de todos, fallaron delincuencialmente en contra de la Constitución.
Esos ministros desviaron la esencia del tema, para llevarlo al acceso al Derecho a la justicia, a manos de la población, bajo el insolente e insostenible argumento de realizar el ejercicio al derecho de participar en las consultas populares, sin importarles que, en este caso, se someterá a votación la aplicación o no de la justicia, por medio de un referéndum mediático, manipulado hace meses por el mismo autor de la iniciativa. Los seis ministros tuvieron que matizar la “vergüenza” de violar flagrantemente la Constitución, por quienes deben ser custodios permanentes del respeto a nuestra Carta Magna.
Para deshacer el entuerto que les envió el Presidente de la República, doblaron, torcieron, quebraron la Constitución, para satisfacer el ego político de López Obrador. Así que ya no se hará la pregunta que formuló el promovente de la consulta popular. Ignominiosamente, para que proceda la constitucionalidad, en la consulta sea hará la pregunta de los Ministros, no la de Andrés Manuel, a fin de darle el cauce “constitucional”. Totalmente matizada la interrogante. Se preguntará a los mexicanos: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
¿Quiénes fueron los sinvergüenzas ministros que torcieron la Constitución para darle aparente viabilidad constitucional a la inconstitucional pregunta de López Obrador? Estos son los nombres de los seis perversos ministros: Por supuesto el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea; seguido de Yasmín Esquivel Mossa; Margarita Ríos-Farjat; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Juan Luis González Alcántara Carrancá, y Alberto Pérez Dayán.
Tres de los cuatros ministros propuestos por el hoy Presidente votaron a favor. ¿Coincidencia o perversa subordinación al Ejecutivo?
