En ocasiones hay que dejar de aplicar la justicia por cuestiones de moralidad, ha dicho el Presidente de la República, en varias ocasiones. Pero la moral y la justicia él las encarna. Así que solo López Obrador,puede decidir en qué casos se aplica “su personal moral” y no la justicia, hace a un lado el Estado de Derecho. En otros supuestos fácticos, aplica la justicia, su justicia y clama por la aplicación del Derecho.

Así de ambivalente es el criterio del Presidente de la República. El caso más dramático lo dijo este día, en relación con la recesión económica mundial y nacional, lo que incluso molestó a muchos gobiernos extranjeros; López Obrador, simplista y peligrosamente propone (como ejemplo mencionó y propiamente propuso), que: como a los vehículos automotores, cuando se calienta el motor, hay que apagarlo para que se enfríe. Barbaridad mayor no pudo haber dicho.

Literalmente propone apagar la economía del país para enfriarla, por eso es que esconde el dinero de la recaudación y no invierte, por eso precisamente la economía en México se ha retraído, no invierte en infraestructura, por desconfianza los inversionistas hacen lo mismo. En síntesis, aplica su propia justicia, hay que apagar el crecimiento, las inversiones, a guardar el dinero y esperar a que se enfríe la economía para después reactivarla. ¿Habrá pensado el costo político y financiero de su idiotez? Bueno, así es la aplicación de la justicia del Presidente de la República.

En tratándose de los últimos acontecimientos dos asuntos semejantes, han tenido distinto tratamiento por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en tratándose de “justicia” y “moralidad”.

Por cierto, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, justificó plenamente la aplicación de la moral antes que la justicia, derivado de los acontecimientos delictivos de los normalistas de Lázaro Cárdenas del Río, del Estado de México, delitos en los que, por cuestiones “morales” del Presidente, no aplican la justicia.

Bien, los normalistas robaron 92 camiones, secuestraron igual número de choferes, en su paso cometieron otros delitos continuos que iniciaron el 1º de octubre y culminaron el 9 del mismo mes. Por cierto, esos normalistas han robado 300 camiones en lo que va del año y la acción de la justicia federal no los persigue, tampoco la del Estado.

Los normalistas utilizaron la presión en contra del gobierno federal para negociar, tal cuales secuestradores, elaboraron un pliego de exigencias a cambio de la liberación de los secuestrados y la devolución de los camiones robados. El chantaje normalista surtió sus efectos, el gobierno de la 4T, accedió a la presiones de los estudiantes, se cumplieron las exigencias. Entre ellas, más plazas, más becas, incrementos a las becas y otro tanto de peticiones. Después de ello, los normalistas se resistieron a cumplir hasta en tanto el gobierno no ejecutara los compromisos suscritos en una minuta, vamos los delincuentes firman convenio con las autoridades y estas ceden; sin embargo, poco después liberaron a los choferes, posteriormente devolvieron los camiones, algunos con daños materiales.

Sin duda alguna que se trató de la comisión de varios delitos, a pesar de ello, las autoridades no iniciaron carpetas de investigación, más en tratándose de delitos que se persiguen de oficio, no requería denuncia alguna para que la Fiscalía General de la República, accionara la persecución de los delitos y de los delincuentes.

El supuesto autónomo de Alejandro Gertz Manero, no hizo nada; claro, no recibió instrucciones, así que incumplió gravemente con la responsabilidad que le deriva de la Constitución y leyes secundarias. Los “estudiantes normalistas” se salieron con la suya, delinquieron, chantajearon y el gobierno accedió a sus peticiones, “estiró el presupuesto público”. La “justicia divina” protege a los normalistas, la moral se impone por sobre la aplicación de la justicia, “pobres estudiantes, siempre marginados”.

Casi de manera simultánea, 30 universidades públicas se fueron a paro nacional como medida de presión por la falta de recursos económicos suficientes, los presupuestos no alcanzan para satisfacer las necesidades de las universidades públicas. La Universidad Autónoma de Querétaro, se sumó al paro.

Esta justa acción que no confronta la materia penal ni quebranta alguna otra ley, no delinquieron en modo alguno; pero fue mal visto el paro por el Presidente de la República. En su conferencia mañanera aseguró que no se dejará chantajear por las (30 universidades) públicas, no cederá ante la presión de irse a huelga. Dijo que su gobierno es disciplinado con los recursos públicos. ¿Qué? Sí, autoridades universitarias, estudiantes y profesores, por medio de cauces legales, presionan para que se incrementen los presupuestos públicos y el Presidente les da el “parón”, les advierte, no habrá dinero chantajeando con que se irán a la huelga, para lograr mayor presupuesto público.

Aquí la tremenda tergiversación, inequidad e injusticia de López Obrador, en la aplicación de criterios disímbolos en supuestos que de alguna forma se asemejan, en relación a necesidades, excepción de la comisión de delitos. Y quienes delinquen, secuestran, chantajean, roban y presionan para obtener plazas en automático, más becas, incremento en los montos de las becas, pago de salarios y otras exigencias que pusieron sobre la mesa de la Secretaría de Gobernación. A estos chantajistas delincuentes les concedieron todo, no los persigue la acción de la justicia. Soberana decisión presidencial que no solo lastima el Estado de Derecho, voluntariosamente lo quebranta el mismo Presidente, aplicando criterios propios de su “justicia moral”. ¿O justicia distributiva?

A los buenos, los que no delinquen, los amenaza; a los malos, a los delincuentes los premia. Todo por apreciaciones distorsionadas de su “justicia”, su “moral”, cuestiones de “principios” ideológicos perversos, supuestamente para beneficiar a los que siempre han estado marginados, a esos hay que ayudarlos y perdonarles todo. ¿Ahora comprenden el por qué del incremento delictivo? Así lo confesó el mismo subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien además presume de ser licenciado en Derecho, con experiencia práctica en el litigio y otras experiencias laborales. Vaya “abogado” leguleyo.

La tergiversación de la aplicación de justicia a manos del Presidente de la República, no de las autoridades legalmente competentes, resulta peligrosa para la viabilidad del país en el ámbito de la aplicación de la justicia, misma que está suplantando el Titular del Poder Ejecutivo, lo cual está prohibido por la misma Constitución. Esa interpretación es por demás perversa y selectiva. “A los amigos justica y gracia. A los enemigos la ley a secas”. Esa es la forma de accionar del Presidente de la República, pone en riesgo el sistema de impartición de justicia. Vamos, el otro ejemplo que menciono en el principio de esta columna, es también aterrador, López Obrador deforma y pervierte la justicia.

---