Este día, el juez quinto de Distrito en materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán, con sede en el Estado de México, dictó sentencia en un incidente de revocación de suspensión definitiva, en uno de los expedientes de amparo, en los que se había concedido la suspensión definitiva en favor de los amparistas y no de la autoridad federal, que ordenaba la suspensión de la construcción de las obras de construcción del aeropuerto comercial (no militar) de Santa Lucía, a cargo de la Sedena.

El argumento que esgrimió la autoridad y acogió con beneplácito el juez, que se trata de instalaciones de seguridad nacional, lugar en donde se encontrará la simbiosis aeroportuaria de ambos aeropuertos, uno civil y otro militar.

Se trata de una “chicanada” de la autoridad militar, que adelantara hace un par de semanas el mismo Presidente de la República, y difundiera en una de sus conferencias mañaneras, misma que fue aceptada por la autoridad judicial.

Sin embargo, en los mismos autos de la sentencia se ordena a la autoridad federal que deje subsistentes las obras que se construyeron para el aeropuerto de Texco, lo cual enfureció al inepto en Derecho, del secretario Javier Jiménez Spriú, personaje oscuro con intereses personales en la construcción, este funcionario declaró que se trataba de una barbaridad, dado que se está hundiendo la construcción. Una vez, más, no hay oposición técnica a sus declaraciones, mas no debe creerse lo dicho por el secretario hasta en tanto no haya un dictamen, aunque sea amañado, pero con base en un dictamen y no a su simpe dicho.

En los resolutivos de la primera sentencia de revocación del incidente de suspensión definitiva, de los 147 amparos interpuestos por diversas organizaciones civiles, el juez de los autos determinó: “… Se resuelve: Primero. Es procedente y fundada la solicitud de modificación o revocación de la suspensión definitiva... Segundo. Se revoca la suspensión definitiva otorgada en la resolución interlocutoria... Tercero... Se niega la suspensión definitiva...”. No perdamos de vista que aún falta se dicte la sentencia definitiva; aunque es costumbre que los jueces siempre dicten la sentencia definitiva en congruencia con la suspensión, de ahí la revocación de la misma, la que ahora concede a la Sedena, autorización para que continúe con las obras civiles, “civiles”, que no militares. La sentencia interlocutoria puede apelarse e irse a un Tribunal Colegiado, de tal suerte que no es definitiva, no ha causado estado.

Parte de las argucias legaloides de los abogados de la Presidencia de la República, que sirvieron como fundamento para la revocación de la suspensión definitiva en favor de la Sedena, consistieron en la insistencia de que se trata de instalaciones estratégicas de seguridad nacional y ponen en riesgo los operativos de los planes DNIII, que aplica el ejército en favor de los mexicanos en desgracia.

Lo inverosímil del caso, el mismo Presidente de la República llegó a declarar su abierta voluntad de desaparecer el Ejército por innecesario; ahora resulta que sí es necesario y sus instalaciones son vitales, las cuales no están en litigio, hoy día son estratégicas para López, las considera de seguridad nacional, antes deseaba su desaparición.

Existe un video que desvela con objetividad la abierta y obtusa contradicción del propio mandatario, ahí se puede escuchar con claridad lo que deseaba el Presidente de la República: desaparecer al Ejército Mexicano. Esto lo deben saber bien a bien los amparistas de #NoMasDerroches, prueba que debieron usar como argumento para denegar el derecho que ahora esgrime como alegato fundamental la autoridad federal; miente, engaña, exagera el mentecato, para torcer la voluntad judicial. Es doble y perverso el discurso del Presidente que extrañamente atendió el juez de distrito como verdad jurídica.

Vaya, pues, por un lado, no se afectarían las instalaciones de la Sedena; por otra parte, lo que se combate es la construcción de instalaciones civiles, no militares, se combate jurídicamente la construcción de un aeropuerto que atenderá a millones de pasajeros civiles mexicanos y extranjeros, comerciarán nacional e internacionalmente; vamos serán vuelos de naturaleza mercantil, no serán vuelos de naves en acciones militares de seguridad nacional; esas instalaciones están aseguradas con las existentes y los vuelos otro tanto. ¿Dónde está que sean de estrategia de seguridad nacional las instalaciones aeroportuarias civiles que construirá el gobierno de la 4T?

La perversidad de los argumentos del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y los del obsequioso juez, son coincidentemente malévolos, tuercen la justicia a modo. Por eso le urge al Presidente quedarse con el control del Poder Judicial, lo que le permite manipular la aplicación de la justicia a modo. Más de 75 mil millones de pesos, hasta ahora, tirados a la basura por capricho presidencial al haber cancelado las obras en proceso en el vaso de lo que fue el lago de Texcoco. Por eso el combate del colectivo #NoMasDerroches, elemento de valor jurídico a considerar que pasan por alto.

Es otro argumento fundamental que desatendió el juez de la causa, las instalaciones del aeropuerto se estaban construyendo en Texcoco, por lo cual no son necesarias las que pretende construir el gobierno de la 4T, la terquedad presidencial que presume cuesta al erario miles de millones de pesos, dinero público que pretende ser “ahogado” bajo el agua, para borrar todo vestigio de la construcción, otro enorme gasto a cargo del presupuesto público. Argumento que no es atendido por la autoridad judicial obsequiosa.

En el tema de interés nacional, el Presidente está aplicando la presión política, no la jurídica, lo que siempre criticó, ahora lo hace de forma abierta y lo mediatiza, incluso califica a las autoridades y a los promotores de los amparos como “corruptos”; “sabotaje legal”, cuando la justicia no favorece a López Obrador.

El Presidente promueve justicia a modo, aquella que le acomode para cumplir sus caprichos. Todo lo relativo a la falta de autorizaciones y permisos de los que carece la autoridad para la construcción y viabilidad de vuelos del aeropuerto civil, no valen para el juez. Impera el capricho presidencial.

El futuro en materia judicial es incierto y peligroso, si la justicia se continúa aplicando bajo el criterio voluntarioso del Presidente de la República y no bajo las reglas del Derecho y la justicia. Reglas fundamentales de convivencia civilizada en cualquier democracia, lo otro, lo que promueve Andrés Manuel López Obrador, se llama autoritarismo, fascismo puro.

---