Derivado de cuentas públicas emitidas por la Entidad Superior de Fiscalización, emitidas en 2017, correspondientes a 2016 (y más), la revista Animal Político, junto con la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se dieron a la tarea de “hurgar” en los resultados de las auditorias forenses de la ESF, algunas de las cuales llevó a cabo la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn, entonces directora de Auditoría Forense de dicha institución.

La doctora encontró la “probable” responsabilidad de posibles desvíos de más de 7 mil 700 millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto.

La privilegiada información fue dada a conocer periodísticamente como “La Estafa Maestra” por Animal Político y los medios “compararon” el llamativo título. Posteriormente fue despedida la doctora por divulgar información confidencial y oficial, como procede jurídicamente. Se olvidó que era empleada de la ASF y debía guardar secrecía de la información que debe proporcionar a su superior jerárquico, y este hará, en su caso, las denuncias penales correspondientes; a su vez, la ASF da a conocer a la Cámara de Diputados los resultados de las auditorías, que actúa más política que jurídicamente.

Después de la mediatización de la información, la mayoría de los medios de comunicación han dado por hecho la existencia del megafraude en agravio del presupuesto público, coligiendo como presuntos responsables del hipotético ilícito (principalmente) a Rosario Robles, enemiga política de Andrés Manuel López Obrador, experredista y exjefa de Gobierno del DF), extitular de Sedesol; además muchos otros servidores públicos involucrados en su momento, varios de primerísimo nivel.

De ahí el supremo valor político de la información de la auditoría forense; por eso muchos medios de comunicación, que al lucro se dedican de la información, dieron por sentado la existencia del fraude y la coparticipación de muchos actores políticos. Lo que, por supuesto, nunca manejan los medios de comunicación, sea por ignorancia o mala fe, es que la auditoría es solo una presunción, no una verdad absoluta; solo la autoridad judicial es la única, competente y responsable de condenar a los acusados penalmente, siempre y cuando hayan gozado de los derechos humanos y de las garantías individuales que consagra la Constitución en favor de todo gobernado.

Esos medios periodísticos a la presunción de inocencia la han hecho a un lado, la han ignorado y han sentenciado como culpables a los involucrados en la auditoría forense, sin derecho alguno a defensa.

No es mi caso convertirme en defensor de oficio de los involucrados desde el año 2017; sí en cambio, dejar en claro que el estado de Derecho está por encima de cualquier interés político o periodístico; eso es corrupción mediática para “ganar audiencia”.

Conforme a los procedimientos de las auditorías a las entidades públicas, sean municipales, estatales o federales, existe un proceso al que todos deben sujetarse, no es a capricho de nadie. Las leyes de la materia lo definen. Por eso el resultado de la auditoría forense debió de esperar hasta ser desahogado en su totalidad ese procedimiento. Pero no, pareciera que a la entonces titular le importaba más dar a conocer el inicio del trámite, ganarse la “fama”, que el resultado definitivo de la misma, destapando lo que podría ser una “cloaca”, pareciera, no hay sentencia ejecutoria.

Y, de existir el delito, habría que deslindar la responsabilidad. ¿Quiénes sí tuvieron que ver con el desvío de recursos públicos? ¿Quiénes se beneficiaron? Acorde con la entramada del gasto de esos miles de millones de pesos, fue a parar a manos de universidades públicas, de empresarios de radiodifusoras, de empresas particulares y otros más; la cadena de producción del supuesto delito es muy grande. De ahí lo inverosímil que se trate de la “estafa maestra”, la cual resulta en la práctica imposible; como le llaman al resultado: auditoría forense. Eso es todo. Se abre la presunción, no se prueba culpabilidad alguna ni la existencia de algún delito; para eso están otras autoridades.

Rosario Robles Berlanga, en la cúspide de la pirámide, “la presa política atractiva”, para los “investigadores” del periodismo resulta que es la responsable de la maquinación en donde intervinieron cientos de personas para defraudar al erario con más de 7 mil millones de pesos. Es más, no la creo tan inteligente para maquinar el colosal fraude.

El tema vuelve a la mediatización, y lo importante, política y mediáticamente, es la detención de Rosario Robles, la congelación de sus cuentas bancarias y que se le procese. López Obrador sería feliz. Sin embargo, hasta ahora, “la investigación periodística” no ha dio a conocer si se desahogó totalmente el procedimiento de las observaciones o qué pasó.

Así se llama el periodo en el que la dependencia “observada” de algunas irregularidades, puede hacer, tiene el derecho de procesar las aclaraciones y presentar administrativamente las pruebas que no vieron, que no encontraron o que perdieron intencionalmente. Si no logran aclarar fehacientemente las observaciones, la ASF debe entonces presentar las denuncias correspondientes para que, en su caso, sea la PGR (entonces) la que inicie la investigación penal y, llegado el momento procesal, solicite a la autoridad jurisdiccional se libre orden de aprehensión en contra del o los probables responsables; así como de los delitos que se les imputan; pruebas son necesarias para inculpar, no suposiciones.

El juez podrá obsequiar la orden de aprehensión. El proceso penal dará inicio con el respeto a las garantías que otorga a cualquier acusado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empezando por el 16, obliga a las autoridades a respetar todos los derechos de los gobernados, empezando con la presunción de inocencia.

Hasta este momento no hay nada, solo suposiciones y versiones periodísticas alejadas al marco jurídico mínimo que subordine la investigación al Estado de Derecho y deje de ser un espectáculo mediático.

Derivado de la auditoría forense, insisto, se involucran a rectores de universidades públicas, a dueños de radiodifusoras, medianos y pequeños empresarios; algunos, dicen, son “fantasmas” y cobraron por ellos. El camino es intrincado, nada fácil. El dinero del “supuesto fraude” (no hay estafa en la ley) quedó en manos de muchas personas, algunas de ellas hicieron su trabajo, dicen que otras no y solo cobraron. Los involucrados, muchos, tendrán que comparecer ante el juez en caso de que inicie el proceso penal y la autoridad judicial determine a quién le resulte probable responsabilidad del fraude maquinado. No puede existir presunto responsable si no se conjugan los elementos materiales del tipo o los tipos penales.

Ahora la Fiscalía, por medio del amigo del Presidente de la República, Alejandro Gertz Manero, es el responsable de dirigir las investigaciones y aportar las pruebas, que no son más (hasta ahora) que aquellas aportadas por la ESF que inculpan a los presuntos responsables.

En su caso, el “Fiscal de Hacienda”, Santiago Nieto Castillo, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, adelantó la orden de congelar cuentas bancarias, tanto de Rosario Robles como de Emilio Zabadúa, entonces oficial mayor; obedeció a una medida precautoria, acción por demás llamativa política y mediáticamente. Falta mucho camino por recorrer.

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