[Tras la Verdad] El Presidente de la República rechaza la interpretación legal de las normas jurídicas

Definitivamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no entiende y no tiene la menor intención de entender y comprender que él no es quien define los conceptos de naturaleza jurídica de las normas del Derecho Positivo mexicano; es la Constitución y las leyes secundarias las que detentan las definiciones exactas para evitar que cada sujeto realice su propia interpretación y llegue a torcer el “espíritu de la ley”; corresponde también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de los ministros, aclarar y precisar el sentido y alcance de los preceptos en disputa, cuando hay controversias en su interpretación y aplicación; son quienes, en caso de duda, dan la correcta interpretación jurídica de los preceptos en discusión por medio de las sentencia, llegando incluso a legislar por medio de criterios jurisprudenciales. ¡No es lo que le parece al Presidente de la República y a los lacayos que todo le aplauden!

Una vez más, el Presidente de la República vuelve a trastocar el sentido profundo de la Constitución, ahora toco a la materia de seguridad pública.

Hace su propia interpretación y jerarquización cuando se refirió en presencia de las fuerzas armadas, al conmemorar el 105 aniversario de la invasión por parte de las fuerzas armadas estadounidenses a nuestro territorio nacional, precisamente en el estado de Veracruz, lugar por donde ingresaron quienes hace 105 años violaron nuestra soberanía nacional. En esa ceremonia el Presidente de la República dijo: “Nos Importa la defensa de la soberanía nacional. Nos importa la seguridad nacional. Nos importa la seguridad interior, pero lo que más nos urge es garantizar la seguridad pública en el país”.

El Presidente de la República hizo una especie de “jerarquización” de sus intereses en materia de seguridad.

Confirmó que, si bien le importan las distintas esferas de seguridad, para él la más urgente es garantizar la seguridad pública del país. Simple retórica de su discurso, dado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien todos sus preceptos son de la misma jerarquía y, por tanto, no hace distingos en la importancia de unos y otros, lo cierto que la norma suprema sí hace distingo en el ámbito de las competencias.

En materia de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, esta última es de competencia tripartita; en ella convergen la federación, los estados y municipios; la competencia nacional e interior corresponden de manera exclusiva a la federación por medio del Poder Ejecutivo.

Se le olvidó al Presidente, intencional o por ignorancia, que aún no cuenta con su estrategia de seguridad pública nacional que le aprueba el Senado de la República; estrategia que debe subsumirse al ámbito federal, sin invadir las esferas de los estados y municipios. En el entendido de que, con la última reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, podrá coadyuvar con la seguridad pública y dar apoyo a la seguridad pública estatal o municipal, previo acuerdo y convenio que suscriba con las partes.

El Presidente no puede erigirse en poder omnímodo (aunque ilegalmente lo hace) e invadir competencias legales; por ello resulta incomprensible cuando afirma que le urge garantizar la seguridad pública en el país. ¿Cómo? Si ni programa tiene para ello. La misma Constitución le establece un plazo para presentar su programa, y si bien no ha fenecido, hasta ahora ha sido un verdadero fracaso lo que ha hecho su gobierno en esa materia; o, mejor dicho, lo que no ha podido hacer; la violencia se ha disparado; sí, la delincuencia se ha disparado al hacer uso de las armas de fuego sin control alguno; las armas de fuego son competencia de su gobierno; solo la federación puede otorgar los respectivos permisos y el contrabando sigue sin control alguno, a México ingresan enormes cantidades de armas de fuego que no son registradas y, por supuesto, de venta y uso clandestino.

La tragedia en el estado de Veracruz fue lo más grave, precisamente el estado que visitó el mismo Presidente de la República; ello no es más que un reto, una afrenta a López Obrador, para significarle que no puede con la delincuencia organizada, y es competencia de la federación. El Presidente hace una mezcla y amalgama innecesaria de conceptos constitucionales que el sabio pueblo no entiende; tal vez sea para confundirlo y perderse en el abismo de su irresponsabilidad.

Lo que más le urge, la seguridad pública de competencia federal, ha sido desmantelada por el mismo Presidente y actualmente, a más de cuatro meses de su administración nadie sabe bien a bien cómo funciona la seguridad pública; de forma práctica, sin norma que lo autorice, ha puesto a trabajar a soldados y marinos en funciones de seguridad pública; y la Policía Federal, única corporación institucional competente para ello, está totalmente desaparecida; de los de nuevo ingreso nada se sabe de ellos, dijo que reclutarían a 50 mil cuando menos. ¿Dónde están?

La Constitución fue reformada a petición de López; pero no hay leyes reglamentarias para el ejercicio de la seguridad pública, deben seguir aplicando las normas vigentes en tanto no sean reformadas o abrogadas. López Obrador ha hecho un verdadero galimatías en esta materia. ¿Será por ello que no le interesan las demás competencias que son de su esfera, como la seguridad nacional y seguridad interior?

A la fecha, el personal castrense hace las veces de policías a pesar de que no están facultados para ello, las normas apenas vienen en camino para definir responsabilidades, atribuciones y jerarquías de mando; diputados y senadores de Morena no ayudan mucho a su líder, las normas no avanzan en su creación y aprobación.

A tal grado es la confusión de López Obrador que ya adelantó los nombres de las personas que estarán al frente de la corporación civil denominada Guardia Nacional; el mando, la dirección quedará a cargo de militares. Engañó a todos el Presidente de la República, “tirios y troyanos” exigieron que no fuese un cuerpo militarizado; la norma así se aprobó. Pero en la práctica serán los militares los responsables de la seguridad pública, aquella que tanto le urge al Presidente para acabar con la delincuencia. Hasta hoy sin pies ni cabeza, de ahí el incremento de la criminalidad en todo el territorio nacional.

Mientras tanto, López Obrador echa culpas y no absorbe su responsabilidad de titular del Poder Ejecutivo; es más sencillo responsabilizar a los neoliberales de la criminalidad al asegurar que así le dejaron el país.

Ahora está en espera de las normas secundarias; será exactamente lo mismo, todo el personal que operará como miembro de la Guardia Nacional ya trabaja en una masa amorfa de elementos de diferentes corporaciones.

Mal, muy mal el Presidente de la República, y no tiene para cuando reconocer que no hay estrategia alguna de seguridad pública que ayude a contener la ola de violencia; el pretexto es la falta de la ley. Con todo y ley, seguramente no podrá resolver el problema delincuencial, y no es porque no quiera, simplemente no sabe y el responsable del área, hasta ahora, Alfonso Durazo, es un neófito.

Por todo ello, por el desorden y fracaso de la seguridad pública, el sabio pueblo ya organiza una gran marcha como expresión de inconformidad y, dicen algunos, políticamente pedir la renuncia de López Obrador, el próximo 5 de mayo.

Las cosas no le están resultado al Presidente, el sabio pueblo ya se cansó de pretextos, se agotó la paciencia, López Obrador solo echa culpas y no resuelve los problemas; el pueblo pide a agritos resultados y no mentiras.

Por eso, el pueblo, que encarna la soberanía nacional, pedirá simbólicamente la renuncia por incompetencia del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien tergiversa el sentido de las normas para hacer de las suyas y continuar culpando a sus antecesores de su manifiesta incapacidad para gobernar, pretendiendo encubrir sus fallas y problemas que no sabe cómo erradicar. Andrés Manuel, tuerce el sentido de las normas, como lo hizo con el “memorándum”, habiendo instruido a sus subordinados para que no cumplan con la Constitución.

¡Así no se puede, señor Presidente!

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