El gobierno federal pretende amnistiar a miles de presos, indiscriminadamente. Abrirá las puertas de los reclusorios a delincuentes, otorgándoles el perdón, sin importar el daño que ocasionaron a la comunidad gregaria.

Andrés Manuel no se cansa de repetir, “perdonémonos todos”, sin darse cuenta que muchos de los delincuentes son socialmente irreadaptables, imposibles de reinsertarlos al medio social al que acostumbran a herir, lastimar, destruir con sus conductas delincuenciales irreconciliables con la paz y la armonía social, improductivos y sí, tremendamente nocivos, malignos a su familia y demás miembros de la colectividad.

Esos miles, próximamente agradecerán a López Obrador, haberlos liberado de la pena (de prisión) social que se impone por medio de las autoridades judiciales a todos aquellos que infringen las reglas sociales y las leyes que se crean para conservar la estabilidad y seguridad de la población. Formarán parte del ejército de agradecidos al gobierno de la 4T, culpando a pasados gobiernos de su injusto encierro, culpando a la autoridad judicial de imponerles sentencias ilícitas, ilegales, injustas. Doblegar, de paso, al Poder Judicial.

La iniciativa de Decreto que creará la Ley de Amnistía, así considera en sus antecedentes a muchos de los reos, como aquellos que injustamente hayan sido procesados y sentenciados. ¿Quién decidirá si son o no son injustas las sentencias impuestas a muchos de aquellos que serán liberados? Simple la respuesta. Para eso están las autoridades competentes, para hacer valer el derecho e imponer las sanciones que correspondan, acorde a la naturaleza del delito cometido, a la denuncia, las pruebas aportadas y demás características del delito y del delincuente. No será la autoridad del gobierno de la 4T, la que decida quién fue supuestamente sentenciado injustamente, ese acto jurídico ya fue consumado. Serán magnánimos con los que sean amnistiados, los malos serán los otros y las autoridades judiciales que los sentenciaron ¿Y los denunciantes? Esos tendrán que aguantar la salida del delincuente y atenerse a las consecuencias.

El Poder Ejecutivo tendrá en sus manos la decisión de liberar a quien le plazca (por supuesto, atendiendo a las condiciones que impondrá la ley) y así “despresurizar” las cárceles, regresando a las calles a muchos delincuentes que no fueron readaptados y no serán insertados socialmente útiles a la comunidad. Tal vez habrá excepciones y uno que otro sí será socialmente readaptado. El gobierno de la 4T ha sido incapaz de restablecer el orden por medio de la seguridad pública, a través de la Guardia Nacional y demás policías y militares, los delincuentes parece que adquirieron una enfermedad contagiosa, se han extendido como una plaga sin cura ni vacuna que inocule el mal; ahora, con más delincuentes en las calles, la situación podría empeorar. ¡Cuidado, Presidente!

Parece más importante el acto populista de liberar a delincuentes sentenciados, que restablecer la seguridad pública a como dé lugar. Por otro lado, el mismo Presidente impone la obligación a policías y militares de no cumplir con su responsabilidad legal, en aras de una torcida interpretación del respeto a los derechos humanos; preferible dejar en libertad a un delincuente, antes que lastimar sus derechos humanos, cuando que estos se ven restringidos cuando violan las leyes penales y deben ser sujetos a proceso penal; el Estado tiene el monopolio sobre el uso legal de la fuerza pública y debe hacer valer ese monopolio cuando el delincuente se resiste a la autoridad, más aun si la enfrenta y la confronta, es cuando el Estado, por medio de la policía y/o el Ejército, puede y debe legítimamente hacer uso gradual de la fuerza para someter al delincuente. En el camino encontramos la sinrazón del Presidente, cuando ordena a los militares y policías, aguantar y no hacer uso de la fuerza, mucho menos de las armas; en otras palabras, exige sumisión a los cuerpos policiales frente al delincuente, antes que cumplir con la obligación de proteger a la sociedad. ¡Esa orden es criminal!

Por eso, cansado el secretario de la Defensa Nacional, hace días anunció que se terminó la tolerancia, advirtiendo que hará uso de la fuerza cuando sean atacados, agredidos por delincuentes, disfrazados de “pueblo bueno”, al que suman mujeres y niños para su protección; pueblos completos dedicados a la delincuencia. De nada sirven los programas sociales de contención por medio de obsequios en dinero a los delincuentes; estos, además de recibir los dineros de becas para capacitación, estudio, o programas sociales, continúan delinquiendo, doble negocio.

El Presidente, como buen pastor de su iglesia, predica en el desierto, nadie le hace caso. Ni el “fuchi, ni el guacala”, han servido para contener al delincuente; tampoco hacen caso a sus mamacitas los delincuentes. La política de pacificación presidencial a la basura, los delitos en franco aumento y los delincuentes sin miedo, incapaces de ser disuadidos por los sermones presidenciales, ni por la fuerza pública.

Todo es contradicción en el gobierno de la 4T. No pueden con la delincuencia y próximamente el mismo gobierno liberará a más delincuentes bajo el perdón de la amnistía presidencial. De fracaso en fracaso. En lo económico el país no crece; en materia de inversiones, el empresariado prefiere aguardar antes que arriesgar. Eso sí, los burócratas de la 4T preparan acaparar más ingresos vía impuestos y gastar mucho más dinero en programas sociales para el año próximo, habrá menos recursos públicos en inversión productiva. Duros palos de ciego, a nada le atinan.

Seguirá prevaleciendo, como en cualquier gobierno populista, los mega engaños del Presidente, seguirá manteniendo, de la mano, a millones de mexicanos que aplaudan y agradezcan cada vez que López Obrador pase frente a ellos. No más delincuentes en las calles, parece que no es el objetivo del actual gobierno. Si en cambio, abrirán las puertas de los reclusorios para liberar a miles de ellos, saldrán sin empleo y con muchas necesidades que cubrir, seguramente volverán a delinquir. La Ley de Amnistía, una falacia del populismo de Andrés Manuel López Obrador, no tendrá buen fin.

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