Resulta indudable que López Obrador se niega a ceder el poder a la candidata electa, Claudia Sheinbaum; con sus iniciativas de reforma a la Constitución en manos del Congreso de la Unión y tras el impulso de más de 5 años no cesa en sus mañaneras con imponer su agenda mediática.
Mientras se olvida de sus obras insignes; las del Tren Maya, al primer aguacero se empiezan a desmoronar y Dos Bocas sigue sin producir un solo barril de gasolina; se olvidó de la inservible mega farmacia y su sistema de salud en deprimente “estado de salud”; en tanto que los homicidios en su sexenio han rebasado los 190 mil. A pesar de todo ello, ganó las elecciones, claro, de forma fraudulenta, pero las ganó.
El lunes subió el tema de la corrupción que ronda en el gobierno de Nuevo León y defiende al frustrado candidato a la Presidencia; según el presidente, lo están “acosando”. Pero “no está solo el gobernador”. Cual rijoso de barrio, sale a defender algo que no le compete y se convierte en tema mediático.
Unos en pro, otros en contra de las absurdas declaraciones a que nos tiene acostumbrado el presidente López, quien se entromete en cualquier asunto, menos en los que a él le compete resolver. Tanto Colosio, presidente municipal de Monterrey, como el candidato ganador, Adrián de la Garza, también se subieron al tema. Y todo a razón del “alocado y brutal” enriquecimiento inexplicable del gobernador Samuel García, quien impulsó a su esposa para que gobernara la capital neolonesa ¿No está solo Samuel García? Ese picapleitos no requiere del apoyo del presidente. El tema le llama, López Obrador se sube sin ser invitado. Y vuelve a los medios.
Mientras que, Margaret Satterhwite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, advirtió que en México existe una “práctica sistemática” del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno que encabeza, en estigmatizar o tachar de corruptos a jueces y magistrados que emiten resoluciones contrarias a su administración.
Los medios masivos de comunicación prefieren inmiscuirse en otros temas y soslayan este importantísimo asunto.
La relatora da a conocer a López Obrador, que hay legisladores de su partido Morena y funcionarios de la Fiscalía General de la República, que, asegura, “habrían agredido y amenazado a jueces que emiten resoluciones con las cuáles estarían aparentemente en desacuerdo”. La señora también advierte que las autoridades mexicanas –del Poder Ejecutivo– presentan de manera descontextualizada las resoluciones hechas por los magistrados, para después decir que actuaron fuera del marco legal aplicable y con la intención de beneficiar a presuntos delincuentes.
En el documento que envió la relatora a López, dice que: “Al parecer esta práctica se habría vuelto sistémica”. Por supuesto que así es, a grado tal que emprendió una sucia campaña en contra de estos servidores públicos para destruir el Poder Judicial, por medio de su iniciativa de “transformación y subordinación” de ese Poder público.
Aseguró la relatora que esa práctica habría iniciado desde el 2019, cuando el presidente comenzó a emplear “ataques ad hominem” en contra de jueces durante sus conferencias de prensa diarias, conocidas como “Las Mañaneras”, al realizar declaraciones sobre que los jueces son “corruptos”, tienen conflictos de interés o que actúan “bajo intereses criminales, complicidades, cohabitaciones inconfesables, corrupción y despilfarro de recursos”. Soeces acusaciones del presidente, una sola no ha demostrado durante su sexenio.
Vamos, esas declaraciones habrían sido replicadas por otros funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, como el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, quien presenta de forma quincenal una sección llamada “Jueces que favorecen a delincuentes” y en las que habría compartido información de jueces y magistrados que han emitido resoluciones adversas; dijo la funcionaria. Sucio ataque mediático del gobierno de López Obrador, mediáticamente destructivo, lesivo para la autoridad judicial y la credibilidad en sus resoluciones.
La señora relatora también aseguró tener información sobre investigaciones a jueces, solicitadas en público por parte de López Obrador, como parte de sus reiteradas denuncias contra ellos, incluso mediante acciones administrativas, penales y disciplinarias, además de peticiones de revocación de la inmunidad judicial en aparente represalia. “Sin pretender prejuzgar sobre la veracidad de estas denuncias, asentó la funcionaria de la ONU, dijo expresar su seria preocupación por el presunto uso abusivo de los canales gubernamentales de comunicación masiva por parte del Ejecutivo para estigmatizar y calificar a los operadores de justicia como corruptos o delincuentes, en un contexto en el que las consecuencias de tales declaraciones incluyen previsiblemente hostigamiento y abuso dirigidos a influir en la toma de decisiones públicas. De confirmarse, los hechos podrían constituir una violación a diversos estándares internacionales vinculantes para México”.
Declaración firmada que AMLO deja pasar –hasta hoy– para entrometerse en otros asuntos que no son de su competencia. Así logra atraer los reflectores de los medios de comunicación dejando en un segundo plano a la candidata electa, quien se entretiene reunida con los legisladores electos, tratando de “controlarlos”, cuando que ellos obedecen a López Obrador.
Otros medios de comunicación y analistas, ante la falta de una agenda mediática atractiva de la candidata electa, se entretienen “adivinando” los nombres de quienes ocuparán las carteras de las secretarías.
Obstinado, como suele ser, cual “perro de pelea”, no suelta a su presa: el personal del Poder Judicial de la Federación.
No es definitivo que logre destruirlos, no tiene el porcentaje de votos asegurado en las cámaras; sin embargo, se enfrente a esa lucrativa empresa, jalando a todos los medios, haciendo creer a todos que el asunto ya está resuelto y solo es cuestión de tiempo. El asunto llamó la atención de la ONU.
