Es un hecho que Andrés Manuel López Obrador ha militarizado múltiples funciones que corresponden a la sociedad civil.

La última transformación de atribuciones puesta en marcha por el Presidente de la República: el personal del Ejército Mexicano y la Marina se hacen cargo de 120 hospitales civiles, elementos de las fuerzas armadas atenderán la pandemia del Covid-19, haciendo a un lado al personal civil del inservible Insabi, muestra clara del fracaso del nuevo sistema de salud, prueba irrefutable de la pésima decisión que adoptó el Presidente de la República, por el nefasto afán de eliminar el Seguro Popular, creado por su enemigo político número uno, Felipe Calderón Hinojosa, a quien no perdona haberle ganado en la elección de 2006. Por eso abrogó aquella institución.

López Obrador siempre se quejó del fraude electoral, mas nunca lo demostró. Apenas medio millón de votos fueron la diferencia, ese fue su mayor argumento. El trauma psicológico no ha podido ser superado por el hoy Presidente de la República, quien constantemente ataca al expresidente por medio de las redes sociales, Twitter para ser exacto.

A tal grado es la obsesión de López Obrador que vergonzosamente pidió una tregua a Calderón, mientras pasa el problema de la pandemia. Así las cosas, Andrés Manuel, arrastrando sus traumas –parecen taras– desde 2006, no ha podido superarlos, continúa actuando más como peleonera oposición que como gobernante al frente del Poder Ejecutivo.

Retomemos el tema. Resulta que el Congreso de la Unión legisló y adecuó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Presidente de la República, entiéndase Andrés Manuel López Obrador –solo para él–, utilice las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia organizada; nunca antes los presidentes tuvieron esa fuerza constitucional que otorga la facultad que hoy tiene el Presidente. Aquello que Andrés Manuel criticó fuertemente, a él le fue autorizado. No han podido ni con el huachicoleo. Por supuesto, ya no se acuerda de aquello. Así que, personal del Ejército y la Marina siguen en funciones de seguridad pública y procuración de justicia, ya que también persiguen y detienen a delincuentes, acorde con la nueva atribución constitucional.

Tercera acción. Al Presidente de la República se le ocurrió la formidable idea de darle otra responsabilidad al personal del Ejército Mexicano. La de construir aeropuertos civiles; sí, la actividad de ingeniería civil y otras más que requieren el profundo conocimiento de la aviación, fueron asignadas por orden presidencial a los militares.

El comandante de las Fuerzas Armadas –lo presume Andrés Manuel– tiene a cientos de militares al frente de la construcción de la obra civil que ofreció terminar pronto, ponerla en marcha el 21 de marzo de 2022. Dijo el 6 de enero pasado en conferencia mañanera que se ahorraría 100 mil millones de pesos en la construcción a cargo del Ejército Mexicano. No olvidemos que el Presidente ya había anunciado, el 17 de octubre pasado, que la obra de ingeniería civil se entregaría en la fecha que arbitraria y caprichosamente señaló, cuando dio el “banderazo” de inicio de las obras de construcción. ¡Los abusos del Presidente! Esta acción de ingeniería tampoco es función legal de las Fuerzas Armadas, ni en la Constitución ni en ley, ni en reglamento, aparecer como atribución de las fuerzas castrenses. Por supuesto que no, desnaturaliza la función de cualquier ejército del mundo. Salvo en época de guerra.

Cuarta arbitrariedad presidencial. Ya entrados en actividades de la ingeniería civil, seguramente el personal del Ejército está de ocioso y tiene mucho personal, eso ha de pensar el Presidente de la República. Por eso encontró otra actividad que encargarles, ahora les asignó más trabajo civil; actividad de ingeniería civil que tampoco se contempla en sus atribuciones. El pasado 6 de enero, como regalo de día de reyes, orgullosamente anunció y derivó otra responsabilidad de ingeniería civil a las Fuerzas Armadas de construir 3 mil 700 oficinas a todo lo largo y ancho del país, para crear bancos del gobierno federal, los bancos de Bienestar, oficinas de la 4T encargadas de entregar dinero que distribuye López Obrador como parte de sus “programas sociales”, no sin antes haber criticado a los banqueros por no tener oficinas en los lugares que al abusivo le placen.

López quiere llevar el dinero hasta las comunidades más escondidas y alejadas. Encargó al Ejército Mexicano que ubique los espacios físicos de construcción, los predios. El tiempo pasa y nada, el Presidente ha tenido que pedir a las autoridades estatales y/o municipales que donen y ubiquen terrenos para la construcción de sus banquitos, muestra clara de que el Ejército no puede todo. 10 mil millones de pesos, el costo de la ocurrencia del Presidente de la República. Después vendrá la contratación de la burocracia bancaria que despachará en las 3 mil 700 oficinas gubernamentales. Los “siervos de la nación” serán asalariados.

Dijo en ese entonces que para este año habría 5 mil millones de pesos para iniciar y terminar la mitad de esas oficinas. ¿Con esta crisis? Ayer lunes, el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, profesor del Tecnológico de Monterrey, comentó que el gobierno de López Obrador no tiene su “guardadito”; dijo que “el gobierno no dispone de ahorros públicos… para paliar la crisis”. Alguien, y qué mejor que el exsecretario de Hacienda, desmienta a su exjefe.

Otra más de tantas mentiras del Presidente de la República, lo cual significa que ha gastado los ahorros que le dejaron los gobiernos neoliberales, que superaban los 300 mil millones de pesos, dinero que equivocadamente lo ha invertido en sus abyectos proyectos personales que están quebrando tempranamente las finanzas del gobierno. Parte de ese dinero se fue a Pemex, empresa que cada día vende el petróleo por debajo del costo de extracción, hoy su precio se cotizó a 10.37 dólares por barril. No es negocio rentable.

De tal suerte que todas las obras públicas prometidas por López, a cargo del personal castrense, hasta hoy han quedado en simples ofrecimientos publicitarios; total, el Ejército Mexicano no puede demandar por incumplimiento al Gobierno de la República.

Conclusión. Andrés Manuel López Obrador ha militarizado varias de las acciones civiles, cuya competencia está asignada a otras secretarías del Gobierno, supuestamente por ahorrar. Pero no hay ahorros. Las Fuerzas Armadas, en funciones de autoridad de seguridad pública, combaten la delincuencia; también construyen aeropuertos; incluso levantan oficinas para bancos del gobierno.

Última, hasta ahora, disposición presidencial: hacerse cargo de 120 hospitales civiles en diversos estados de la República Mexicana, derivado de la torpeza para atender la pandemia del coronavirus. El Ejército y la Marina se responsabilizan de la atención de la salud de miles de mexicanos en hospitales civiles.

A todas estas arbitrariedades cometidas por Presidente de la República, debemos sumar la problemática económica que provocó por las torpes acciones “novedosas”, además de equivocadas; el irresponsable, quien hace uso arbitrario, displicente e ilegal del dinero del erario. No hay “guardadito”.

Eso sí, abusa de la nobleza del Ejército Mexicano y la Marina Nacional, siempre dispuestos a servir al pueblo de México y a su comandante, a pesar de lo inútil que resulte ser.

---