Nunca antes un Presidente de la República ha acumulado tantos problemas en vísperas de su primer informe de gobierno, apenas a 9 meses de distancia de haber iniciado la gestión gubernamental; ante la lluvia de dificultades que ha generado su mala administración pública, continúa culpando a otros de su incapacidad para gobernar.
Andrés Manuel López Obrador bien sabía el caudal de problemas que enfrentaría una vez que ganara la Presidencia de la República, conocía perfectamente la cantidad de rezagos y dificultades que representa el reto de gobernar un país de más de 120 millones de habitantes, con una extensión territorial de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, como pocos países en el mundo.
Así aceptó competir para gobernar, ganó para resolver los retos, no para quejarse de los problemas que hoy es incapaz de resolver, ese es el verdadero problema de la gobernanza, los problemas lo han rebasado en mucho ante su ineptitud, su probada incapacidad y la de su equipo de trabajo.
Para él es mucho sencillo culpar de todo a los gobiernos y servidores públicos que ya no están, ya no gobiernan, que hacer frente a los desafíos, ese es su mayor problema. Su incompetencia hace frente con excusas para justificar no solo la imposibilidad de atender con eficiencia y eficacia los problemas, tampoco los atienden; no puede, lo cierto que también lucha para agravar esas enormes dificultades, las complica a capricho, perversamente lo ha venido haciendo, crea más problemas en lugar de solucionarlos.
Lo que sí ha probado, con sobrado interés, es la voracidad por abusar del presupuesto público, no le alcanza el dinero para cumplir sus necedades, y la de destruir miles de millones de pesos de un aeropuerto en construcción, para dar inicio a otro aeropuerto que no puede echar a andar por orden judicial, dados los amparos promovidios por particulares, que han demandado la protección de la justicia federal, ante el derroche de recursos públicos.
¿Qué puede informar López Obrador si ya ha rendido varios informes sobre el estado que guarda la administración pública federal? Bueno, los anteriores han sido repasos, pruebas, experiencias, ninguno ha sido legal, solo parafernalia política.
En esta ocasión es obligación constitucional, rendir el informe sobre el estado general que guarda la administración pública federal; los otros han sido banalidades a las que está acostumbrado, como aquel informe de los primeros 100 días y así rindió otros, el último en el Zócalo capitalino, con todo y “bailongo”, dijo el mismo Andrés Manuel.
El informe del primero de septiembre emana de la Constitución y obliga al Presidente en turno a presentar, por escrito, el informe al Congreso de la Unión, derivado del artículo 69 de la citada Constitución, para después entrar al estudio del contenido del informe por parte de ambas Cámaras, que son dominadas por su partido político, Morena, así que todo lo aprobarán y seguramente lo aplaudirán.
Por lo pronto ya dio inicio a la “espotización” de su informe, en los que afirma que, “los compromisos se cumplen”. Compromisos que no ha cumplido, uno solo no ha podido concretar, salvo la salvajada de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco; por cierto, echó la culpa de la cancelación a una minoría del “sabio pueblo”, por medio de una fraudulenta consulta popular fuera de toda norma jurídica, violó el artículo 35 en su fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ese fue su primer acto violatorio de la Constitución, después vendrían otros más, como aquel de ordenar a varios de sus subordinados, por medio de “memorándum”, no acatar la Constitución y leyes secundarias en materia educativa, “memo” que no aparece cuando ha sido requerido por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo hicieron perdidizo para no evidenciar los “traperos abusos” del Presidente de la República, pensando que no quedará en la historia; sin embargo, el mismo López Obrador hizo gala en una de sus conferencias mañaneras del contenido de la orden girada por medio de una disposición administrativa. ¿Informará sobre sus abusos?
El conflicto de la inseguridad pública hizo crisis una vez más con la muerte de 29 personas a manos del crimen organizado en el estado de Veracruz, gobernado por presidente municipal y gobernador de Morena. Ya olvidaron los más de 100 muertos de Tlahuelilpan, cuando robaban combustible y la fuerza pública no actuó por orden presidencial para evitar la tragedia. El conflicto de la inseguridad lo evidencian y agravan con los problemas que enfrentan los sedicentes gobernantes, todos echan culpas a terceros y nadie responde a la gravedad del asunto.
Una vez más, el mismo Presidente voltea hacia atrás y recala con los anteriores gobiernos, como responsables de la descomposición social. La pregunta que surge de forma natural: ¿Para qué entonces tanto burócrata que cobra y no resuelve los problemas, empezando por el mismo Presidente, responsable de la seguridad nacional?
De manera irracional, el Presidente de la República pretende resolver el problema de la inseguridad, llamando a los delincuentes a portarse bien, a que le hagan caso a sus “mamacitas”. ¡Por favor! Y como lo ha dicho el mismo López Obrador, no va actuar en contra del pueblo, los delincuentes también son pueblo; lo que no alcanza a dimensionar Andrés Manuel es que los delincuentes nunca le harán caso, ellos también luchan por el poder y claro que lo consiguen por medio de la violencia, le disputan el poder al mismo Presidente, imponiendo sus propias exacciones llamadas “cuotas o pagos de piso”, compra de autoridades, imposición de candidatos, muerte de autoridades que no se plieguen a sus caprichos, uso de armas para imponer el terror, control de negocios, etcétera.
Para eso se constituye constitucionalmente la fuerza pública, para imponer el orden por medio de la fuerza legal cuando es vulnerado el estado de de derecho y violentan la paz, pero el Presidente no alcanza a comprender o no quiere entenderlo, le resulta más fácil culpar a otros que enfrentar el problema de inseguridad.
Hoy volvió a reiterar: es culpa de los gobiernos neoliberales la inseguridad que se vive en el país. Dijo en conferencia de prensa matutina: “el problema que más le preocupa y ocupa es la inseguridad y la violencia que se dejó crecer por una mala estrategia aplicada por las administraciones anteriores. Se pensó que solo se podía resolver con el uso de la fuerza y ese es un error garrafal; tiene que ver con la visión conservadora y todavía hay quienes piensan que se puede resolver con mano dura. El grupo de conservadores se olvida que la violencia se desata por los problemas sociales, la desintegración de familias, la falta de trabajo y la migración”.
Esta es la miope visión del primer mandatario sobre la inseguridad, por eso no actúa ante tanta violencia; en lo que va de su mandato, mueren más de 95 mexicanos diariamente de manera violenta, según lo reporta el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. En el informe presidencial, seguramente culpará a los neoliberales de la violencia que se vive en México, mientras que esta se ha incrementado en los 9 meses del gobierno de la 4T. Lo cierto que la ineptitud del Presidente, quien presume reunirse diariamente con los integrantes del gabinete de seguridad, ha sido aprovechada por los delincuentes par extender sus dominios, todos los delincuentes han hecho caso omiso al llamado del Presidente, de portarse bien, por el contrario, observan claramente la ausencia de autoridad que imponga orden, por eso aquellos han incrementado su agresividad. ¡Así no se gobierna Presidente!
A punto de romper el Estado de Derecho y desaparecer las garantías individuales por parte del mismo Presidente de la República. Ha amenazado a las organizaciones sociales reunidas en #NoMasDerroches que se han atrevido a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Llama corruptos, tanto a los amparistas como a las autoridades jurisdiccionales, las resoluciones judiciales las califica de “sabotaje legal”.
El Presidente no solo muestra su aberrante ignorancia jurídica, prueba su intolerancia hacia los gobernados que reclaman la violación de sus derechos constitucionales y hacia las instancias del Poder Judicial. Grupos de abogados se inconformaron por la agresión presidencial, le respondieron a López Obrador, afirmando que los juicios de amparo protegen garantías individuales, no son una amenaza, como le parece al Presidente. También le dijeron a López Obrador que: “Posiblemente le moleste al actual Presidente de la República las suspensiones definitivas que se han dado a particulares por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la pretendida inundación del aeropuerto de Texcoco, pero el Presidente debe respetar este derecho que tenemos los mexicanos de poder acudir al Juicio de Amparo.
En tanto a la amenaza de que va a dar a conocer el nombre de las personas que han promovido los 147 amparos en la República Mexicana; dicha información violentaría la Ley Federal de Protección de Datos Personales para los sujetos obligados, teniendo tal carácter el Presidente de la República y sus Secretarías de Estado”.
No conforme con tanta torpeza presidencial, en la mañanera continuó con sus balandronadas, dijo: “Yo espero que unos días más el Poder Judicial resuelva estos asuntos. Que se va a resolver pronto, se va a aplicar el principio de justicia pronta y expedita, porque se requiere. Es un asunto de interés nacional, necesitamos construir ese aeropuerto” (cambió el discurso de utilizar facultades extraordinarias del Estado, las cuales no existen).
Y acusó al “conservadurismo” de violar el derecho de las voluntades, les advirtió que continuarán con la defensa del proyecto de infraestructura, porque no darán un paso atrás, “ni siquiera para tomar impulso”. También prometió que no se lanzarán en contra de la autonomía del Poder Judicial (antes los calificó de corruptos), como planean sus opositores (jamás lo han propuesto, otra más de las mentiras del Presidente)”. Confió el Presidente en que fallarán a favor del gobierno federal porque tiene el respaldo de la gente. ¿Cuál gente? Hizo resaltar por enésima ocasión su ignorancia del Derecho, al afirmar que se requiere la resolución jurídica del Felipe Ángeles, para continuar con la construcción y resolver de inmediato la saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La lista de ineptitudes y abusos por parte del Presidente de la República, es interminable, por eso la interrogante: ¿Qué va a informar Andrés Manuel López Obrador, más mentiras y ofensas para desvirtuar su probada incapacidad para gobernar? Seguramente seguirá echando culpas de sus propias torpezas y falta de competencia en el arte de la gobernanza.
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