Con el objetivo de fortalecer las herramientas legales para combatir actos de corrupción, despojo y abuso relacionados con el patrimonio inmobiliario y los recursos hídricos, se propone una reforma al Código Penal para el Estado de Querétaro.
La propuesta contempla adicionar el artículo 220 Bis, con el propósito de establecer sanciones más severas para quienes participen en conductas relacionadas con el denominado “cártel inmobiliario”, así como en actos ilícitos vinculados con el uso y manejo del agua.
Entre las principales sanciones contempladas en la iniciativa se encuentran:
- Penas de 15 a 50 años de prisión para los delitos que así correspondan.
- Sanciones por despojo de tierras e inmuebles.
- Penalización del uso ilícito y abuso del agua.
- Sanciones por la manipulación de permisos, catastros y uso de suelo.
- Multas, destitución e inhabilitación para servidores públicos involucrados.
La iniciativa busca también establecer una responsabilidad más clara para quienes, desde el servicio público, participen, faciliten o sean cómplices de este tipo de conductas.
La propuesta parte de una premisa fundamental: el poder público debe actuar para proteger el patrimonio de las familias, garantizar el uso legal de los recursos y evitar que las instituciones sean utilizadas para favorecer intereses particulares.
Con esta reforma se plantea avanzar hacia un marco jurídico que permita sancionar con mayor contundencia aquellas prácticas que afectan el patrimonio, el desarrollo urbano y el acceso adecuado al agua en el estado de Querétaro.
