En atención al llamado del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, quien exhortó recientemente al Congreso local a elevar a rango constitucional los programas sociales que impulsa su administración, el diputado Ulises Gómez de la Rosa presentó formalmente, ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, una iniciativa con proyecto de decreto para garantizar que dichos apoyos se mantengan como un derecho para la ciudadanía, independientemente de cambios de gobierno.
Gómez de la Rosa enfatizó que esta propuesta responde al compromiso de asegurar que los beneficios sociales lleguen de forma permanente a quienes más los necesitan. “Esta iniciativa busca que los programas sociales no dependan de decisiones discrecionales ni de coyunturas políticas, sino que se conviertan en un derecho constitucional para las y los queretanos”, afirmó el legislador al entregar la propuesta.
La iniciativa contempla reformas a la Constitución Política del Estado de Querétaro, con el objetivo de brindar certeza jurídica a programas clave y garantizar su continuidad y eficiencia a largo plazo.
Ulises Gómez de la Rosa destacó que atender el exhorto del gobernador es una muestra de voluntad política y responsabilidad social: “Querétaro merece políticas públicas duraderas y blindadas contra los vaivenes sexenales. Esta propuesta responde a ese ideal y fortalece nuestra democracia”, agregó.
Con esta acción legislativa, el diputado Ulises Gómez de la Rosa reafirma su compromiso de trabajar por un Querétaro más justo, con políticas sociales sólidas, permanentes y con un verdadero enfoque en el bienestar de la población.
Es importante destacar que esta iniciativa da continuidad a la iniciativa presentada por los diputados Claudia Díaz Gayou, Paul Ospital Carrera y Arturo Maximiliano García en materia de Bienestar Social y Derechos Humanos.
La propuesta busca que los programas sociales implementados por el gobierno del estado se integren a la Constitución local, con el objetivo de que sean considerados un derecho para toda la población queretana, y no solo una política pública de carácter temporal.
Numerosos estudios y organismos internacionales como la CEPAL y UNICEF coinciden en que las transferencias monetarias no contributivas son una de las herramientas más efectivas para combatir la pobreza, reducir desigualdades y mejorar las condiciones de vida.
Durante la pandemia de Covid-19, estas medidas demostraron su relevancia para mitigar la vulnerabilidad social. La iniciativa también se alinea con reformas constitucionales federales recientes, que refuerzan el enfoque progresivo de los derechos sociales.
Esta propuesta convertiría a Querétaro en una de las entidades pioneras en consolidar en su Constitución local, el principio de asistencia social basada en reglas claras, con enfoque de derechos y sin fines políticos.
Además, eliminar la entrega de bienes en especie no sólo reduce costos administrativos, sino que evita prácticas de exposición pública y estigmatización.
El legislador propone una política pública más ética, moderna y eficaz, centrada en las personas y no en los intereses. Con esta reforma se busca:
- Garantizar la asistencia social como un derecho, no como una dádiva.
- Fortalecer el combate a la pobreza desde una perspectiva de dignidad y autonomía.
- Eliminar las prácticas clientelares y discrecionales en el uso de recursos públicos.
- Mejorar el impacto social de cada peso invertido en desarrollo social.
“Querétaro merece una política social a la altura de sus ciudadanos; estoy convencido de que esta reforma constitucional representa un paso firme hacia un sistema de bienestar más justo, eficaz y transparente. Espero contar con el respaldo de mis compañeras y compañeros legisladores para consolidar este avance que, sin duda, será un referente nacional”, precisó el legislador.
