La iniciativa de ley es también impulsada por la regidora de San Juan del Río Rosa María Ríos García, quien acompañó al legislador en la presentación de la misma.
El diputado Sinecio Leyva afirmó que básicamente lo que comprende su propuesta es que los trabajadores de primer empleo tengan un incentivo fiscal, consistente en que estén exentos del pago al impuesto a la nómina durante el primer año.
“Dentro de los puntos más importantes de esta ley está el de fomentar la formalidad sin discriminación, tomando en cuenta a toda la población y grupos vulnerables en el trabajo formal; incrementar de forma paulatina los salarios de los queretanos; otorgar un subsidio de hasta el 100% en impuesto sobre nómina en personas de primer empleo, es decir, que nunca hayan cotizado en cualquiera de las instituciones de seguridad social; y un subsidio de hasta el 50% para personas que habiendo terminado el periodo de primer empleo formal, entren a programas de capacitación continua que durará no más de 6 meses”, detalló el legislador.
Dijo también que esta iniciativa busca mantener a Querétaro dentro de los mayores generadores de empleo formal del país, pues hoy está dentro de los primeros 3, y al mismo tiempo elevar el salario para alcanzar una remuneración digna que evite la rotación laboral y la migración hacia la informalidad, y con esto generar condiciones de sustentabilidad económica en la entidad.
Mencionó que otro de los puntos importantes de esta ley es que los empleos formales que se generen en términos de esta ley, deberán tener un salario de al menos 1.5 salarios mínimos, con la finalidad de mejorar la competitividad y generalizar un salario digno.
De acuerdo a los considerandos de la propuesta ingresada, la iniciativa no solo busca atender la necesidad de crear nuevos empleos formales, aumentar la recaudación fiscal federal y estatal, disminuir la brecha salarial entre mujeres y hombres, y fomentar la inclusión al mercado laboral de las personas desocupadas y pertenecientes a grupos vulnerables; sino que también establece acciones concretas alineadas al Plan Estatal de Desarrollo y realiza una propuesta de marco jurídico sobre el cual el Ejecutivo y las secretarías estatales involucradas puedan generar programas de fomento al empleo formal, que sean incluyentes, respetuosos de derechos humanos; y que promuevan la creación de empleos dignos y remunerativos, así como el autoempleo.
En ese sentido, el documento establece como requisito para inscripción de Personas Trabajadoras de Primer Empleo Formal, que cuenten con un salario igual o mayor al equivalente a un salario mínimo y medio del vigente en el ejercicio fiscal que corresponda, el cual es un ingreso superior al de la línea de pobreza mundial establecido por el Banco Mundial, así como de la nacional establecida por el Coneval, e incluso superior a la media salarial en el estado, según datos de la ENOE; lo que implica un avance en indicadores de la Agenda 2030.
Asimismo, se menciona que a través de estímulos fiscales y subsidios se fomenta la creación de nuevas fuentes de empleo a través de las Primeras Empresas; mientras que con las plazas de Primer Empleo Formal también se fomenta que las fuentes de trabajo ya existentes amplíen sus plantillas laborales, todo ello en favor de jóvenes, personas adultas mayores, mujeres jefas de familia, personas indígenas y personas con discapacidad.
Con ello se promueven acciones para apoyar a las personas que perdieron su trabajo, se propicia la vinculación entre sectores para lograr la inclusión laboral de los jóvenes, estimulando la formalidad de la actividad económica en la entidad. Además, en la propuesta se plantea emprender acciones para otorgar beneficios a los patrones que contraten a jefas de familia en términos de esta Ley propuesta. A la par se busca garantizar la equidad laboral y salarial; impulsar la formación de recursos humanos para atender las necesidades de la oferta laboral y desarrollar talento especializado y capacidades competitivas; así como apoyar a los negocios y comercios locales.
Se puntualiza que esta propuesta a pesar de contar con subsidios y estímulos, no implica un costo real a la hacienda estatal, en virtud de que quienes se sujetarán a los mismos, serán los nuevos contribuyentes, y contribuyentes ya existentes que incrementarán de manera orgánica sus bases gravables y/o que se pondrán al corriente de sus contribuciones rezagadas.
