Después de la negativa que recibió PRD y Morena por parte de los Ministros de la SCJN, al haber rechazado sus propuestas de consulta popular sobre el tema del petróleo, los perredistas amenazan con acudir –dijeron- ante la CIDH, para que esta declare violación de derechos humanos y obligue a la Corte a modificar su sentencia.
Todo parecía que el día de la jornada electoral los votantes serían consultados con dos preguntas sobre si están de acuerdo o no, en que la iniciativa privada participe en las diferentes etapas de extracción, transformación y demás en materia petrolera; sin embargo la ilusión se derrumbó ante el criterio de la mayoría de los Ministros de la Corte, al fundar y motivar como inviable la propuesta de consulta propuesta por la izquierda. Quienes incluso hasta promocionales de radio difundieron, pero nada de eso sirvió.
La motivación y fundamentación de la resolución no tuvo mayor problema. la Ley de la materia contempla de manera clara la inviabilidad de estas consultas cuando el tema se refiera a los ingresos o egresos del Estado; y vaya que el petróleo tiene una tremenda influencia en ello, es uno de los pilares fundamentales en el rubro de la recaudación fiscal. Luego entonces, además de insidiosa la pregunta, Ley Federal de Consulta Popular prohíbe la realización de estas consultas cuando a ello de refiera. No hubo dudas para la mayoría de los Ministros y fueron rechazadas ambas propuestas.
Los epítetos en contra de los Ministros no se hicieron esperar, “lacayos”, en entre otros. Los Ministros no tuvieron otra opción. Lo increíble, que los mismos quejosos fueron quienes aprobaron la Ley que hoy refutan; ellos impusieron estos impedimentos en el artículo 11. Además el artículo 29 de la Ley determina que es definitiva e inatacable la resolución de la SCJN. No se entiende entonces por qué ahora se quejan y se duelen de la resolución de la Corte.
Ante el revés los señores de la izquierda “amenazan” con acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde despacha uno de sus fieles militantes, Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario Ejecutivo, a demandar la violación de derechos humanos con la esperanza de que un organismo internacional determine lo contrario y obligue a las autoridades mexicanas a que se realice la consulta popular que demandan. Cuauhtémoc Cárdenas, calificó de “sesgada y por consigna” la resolución, afirmando que seguirán luchando hasta lograr la consulta popular.
Consiguieron 6 millones, 436 mil, 632 firmas en apoyo a la consulta –PRD y Morena-. Todo parecía que ese sería el problema a vencer; sin embargo no imaginaron que en la Corte perderían el caso por no prever los impedimentos legales que prohíben la realización de consultas. Seis supuestos prohíben la realización bajo conceptos generales, de tal suerte que así fueron interpretados por el máximo órgano jurisdiccional, por quienes incluso legislan a través de criterios, tesis y jurisprudencias que son obligatorios para todos.
Todo parece indicar que en la jornada electoral de junio próximo no habrá consulta popular en materia de hidrocarburos, propiedad originaria de la nación. Sin embargo será interesante y aleccionador lo que en su momento resuelva la CIDH ¿Acaso es un derecho humano la consulta popular? ¿Acaso la materia del petróleo se abraza con los derechos humanos? ¿Considerarán que violó el derecho humano de esos más de 6 millones de mexicanos que esperaban la consulta popular? ¿Será imparcial el juicio jurídico el izquierdista Emilio Álvarez Icaza, cuando no lo es en sus declaraciones políticas? ¿Podrá la CIDH revocar y ordenar a la SCJN, emita una nueva resolución en la que obligue a realizar la consulta, a pesar de ser ésta definitiva e inatacable? Estimo que no procederá, sin embargo en cuestión de criterios jurídicos nunca se sabe y de políticos menos.
