La Ley Electoral del Estado obliga a ciertos servidores públicos a renunciar o pedir licencia en el cargo que desempeñan, si pretenden un cargo de elección popular, noventa días antes de la elección. Obligación que no impera para síndicos, regidores y diputados.
Cuando surgen los principios en materia electoral, antes inexistentes -nacen a la par de los Institutos- no se contemplaba la equidad; prevalecía más bien la inequidad en los procesos electorales traducida de una u otra manera, principalmente la económica. Fue necesario que el legislador incluyera el principio de la equidad, aunque de inmediato surgieron las reglas para entender bien a bien ese principio; el trato debe ser igual para los iguales y desigual a los desiguales. Así se traduce siempre en proporciones, no es lo mismo igualdad que equidad.
Y es aquí en donde se rompe la regla, desde mi particular punto de vista jurídico. La misma ley, incluso la de naturaleza penal, castiga a todo aquel que infrinja cualquiera de los tipos penales; por cierto, ya desaparecidos los locales para circunscribirlos a una norma nacional, sin embargo los conceptos eran los mismos.
De entre las conductas típicas resalta el uso del tiempo y de los dineros públicos para destinarlos a las campañas políticas; además de estar prohibida esta práctica, se sanciona. De tal suerte que ningún burócrata de las tres esferas de gobierno puede hacer uso de su tiempo laboral para campañas políticas, mucho menos destinar dinero público para ellas.
Sin embargo, los servidores públicos que gozan de la excepción a la regla general –síndicos, regidores y diputados- sí pueden hacer uso de todo su tiempo para destinarlo a las campañas políticas cuando son candidatos a otro cargo de elección popular, por lo tanto seguramente pueden hacer uso de recursos públicos para sus campañas ¡Inaudito! Pero así está la excepción en la ley, la cual por supuesto que es una flagrante violación a la equidad.
En la LVII Legislatura del Estado, varios diputados pidieron licencia para separarse del cargo en tanto participan, unos, como aspirantes a candidatos, otros ya como candidatos, otro para destinar su tiempo en apoyo a una campaña política de tiempo completo. Para este último de inmediato se autorizó la licencia, dado que no sería candidato y si bien no se razonó ello en la licencia otorgada, esa fue la excusa principal.
Pero tres de ellos, quienes solicitaron la licencia y que ya se dedican de tiempo completo a sus precampañas, simplemente porque no ha sesionado la Legislatura, las licencias no se han autorizado; luego entonces continúan gozando de la “dieta y prerrogativas”, a pesar de no acudir a realizar sus actividades legislativas. Esta actitud abierta y clara, violenta el principio de equidad; legalmente no, sin embargo moral, social y políticamente es reprobable, sobre todo ahora que se habla de transparencia y atajar la impunidad. Sería bueno regular esta injustificada y tolerada infracción a la ley.
