Desafortunadamente las elecciones de este 2021 son atípicas, entre otras cosas, por la violencia contra candidatos, de todos los partidos y en todos los estados.

Tenemos un proceso electoral manchado de sangre por la intromisión del crimen organizado, que elimina de un plomazo al candidato que no quiere en la boleta, o lo amenaza y retiene para “invitarlo” a que se baje; o peor aún, le perdona la vida a cambio de aliarse, encubrir o compartir sus intereses.

En México, del 7 de septiembre a la fecha se han registrado 563 ataques contra políticos y 83 fueron asesinados, de los cuales 32 eran aspirantes a una candidatura. La delincuencia está infiltrada en 55 municipios donde hay elecciones.

Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Baja California son los estados con más víctimas, según la consultora Etellekt, que lleva este registro.

A la fecha, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) ha recibido 145 denuncias, la mayoría por manipulación de programas sociales con fines electorales.

Y por si eso fuera poco, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advierte que las elecciones podrían llegar a ser anuladas por la imparcialidad de los funcionarios públicos.

Ante tan pesimista escenario, la orden de detención contra Cabeza de Vaca podría verse como el enredo de una comedia si no fuera porque arrastra al federalismo, al Poder Judicial, la FGR y hasta al Senado.

Y cuando parecía que la entidad, que Querétaro era la excepción, a 14 días de la elección parece que se enturbia el ambiente.

En la recta final de la etapa proselitista se informa que en la comunidad de La Valla, en el municipio de San Juan del Río, resultaron gravemente lesionados cuatro integrantes del equipo de campaña de la candidata de Morena a la gubernatura, Celia Maya, después que fueron agredidos al concluir un evento.

Obvio, inmediatamente a través de sus redes sociales –de qué otra manera podría ser– la candidata de Morena condenó los hechos y pidió a las autoridades estatales que no haya impunidad en este caso.

Las versiones respecto al incidente van y vienen, desde la acusación de que fueron panistas los agresores hasta de que fue una confrontación con los lugareños, que tienen fama de beligerantes, porque los morenos invadieron y casi destruyen una obra que está en proceso.

Mientras son peras o manzanas, este incidente se suma al asesinato en la Sierra Gorda de un candidato.

La Fiscalía General del Estado ha informado sobre el esclarecimiento del homicidio de un hombre, identificado como Arturo Flores Bautista, quien era candidato a síndico por Movimiento Ciudadano en el municipio de Landa de Matamoros, cuyo cuerpo fue localizado el 22 de mayo en esa misma demarcación del estado.

Es verdad que hay un imputado detenido y las autoridades quieren dejar el asunto, como móvil, en una deuda por venta de drogas.

En ambos casos el gobierno del estado quiere minimizar un asunto que es sumamente importante, la inseguridad y la violencia.

En el asunto de San Juan del Río podríamos ver tres escenarios: hay que ver si la acción fue planeada, y cuando digo planeada no descarte a ambas partes, tanto a Morena como al PAN o al gobierno de estado.

A Morena, aunque sea muy remoto el caso, le beneficia un escándalo de esta naturaleza, por el bajo perfil de su campaña.

Al PAN le beneficia no tanto el escándalo mediático, sino que sería el motivo para que el gobierno del estado salga con todos los cuerpos de seguridad a la calle el día de la elección, total, lo haría a petición de la propia Celia Maya.

Si las fuerzas de seguridad toman la entidad el 6 de junio, la tensión estará al límite.

El tercer escenario es que realmente sea una confrontación con los habitantes de La Valla, independientemente de quién inició la confrontación; porque deje decirle que los miembros de la comitiva de Celia Maya no son una perita en dulce. De ser así, todo queda en eso, en una confrontación entre ciudadanos que no quieren a Morena y ya.

En el segundo asunto, el de Landa de Matamoros, el gobierno estatal se pasa al creer que los ciudadanos nos chupamos el dedo y quedamos muy tranquilos solo porque el asesinato fue “por cuestiones de droga”.

Con ese anuncio, la autoridad local, los responsables de la seguridad en la entidad, reconocen plenamente la presencia del crimen organizado, el mismo que tiene en jaque a otros estados.

También aceptan, con el anuncio, que en la entidad no solo opera el crimen organizado, sino que lo hace con pleno conocimiento de las autoridades; y de no ser así, estaría peor la situación, porque entonces nos dicen que estamos en manos de los malosos.

Los dos asuntos pueden ser solamente la muestra de lo que viene no solo el 6 de junio, sino después, y no solo en Querétaro, sino en gran parte de país, como ya lo documentamos aquí.

Esperamos que en Querétaro la cordura prevalezca y que la violencia no se haga presente.

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