Hay tiro entre la dirigencia de la CMIC y los funcionarios de la CEI.
La denuncia en contra del titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, Fernando González Salinas –que ya se siente secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Querétaro– en una supuesta carta por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), da pie a la reflexión sobre la necesidad de renovar a los funcionarios del ramo que durante décadas han hecho de su patrimonio esas dependencias.
Efectivamente, es falso que la CMIC haya emitido dicho comunicado; sin embargo, su contenido es cierto, tan cierto que son públicas las observaciones, los señalamientos, por ejemplo, que hace la Entidad Superior de Fiscalización, o lo relacionado a la corrupción, o lo de la preferencia a empresas constructoras foráneas.
La denuncia que se hizo en redes sociales, aunque no la firme la CMIC, visibiliza la necesidad de que en el sector de la obra pública se dé un cambio, un cambio de forma y de fondo.
Lo demandan calladamente los pequeños y medianos constructores, que solo piden que las licitaciones sean transparentes, que la ejecución de la obra sea transparente y se disperse entre todos los que participan en el sector, que la asignación de obra no solo se use para premiar, para pagar favores, o castigar a quienes piensan diferente.
Demandan un relevo no solo generacional, sino de la forma de ejercer la administración pública en la materia.
No sé bien a bien si ya Mauricio Kuri, gobernador electo, le dio el nombramiento de secretario a González Salinas, como dice en la carta; pero con la consigna de que si gobernador pone gobernador, ¿por qué no coordinador pone coordinador? Y el aún funcionario de la CEI no solo se siente secretario de Obras, sino que ya se tomó la facultad de nombrar a su sucesor en la CEI; y en el IFEG, pregona a los cuatro vientos que va una de sus incondicionales.
Aunque también se dice que Fernando y Rommy Rojas acordaron solamente enrocarse: Fernando González a Obras Públicas y Rommy a la CEI.
¡Eso es poder!
Pero volviendo al tema de la carta que no emitió la CMIC pero que es verdad su contenido, la debemos de enmarcar en la sorda lucha por el poder en obras públicas.
Si bien Fernando González peca de hablar de más, en la CMIC no se quedan atrás, pues es de todos conocido que tanto su presidente, Álvaro Ugalde, como uno de sus más destacados miembros, junto con el presidente del Colegio de Ingenieros, Sergio Camacho, ya se repartieron el pastel que ya repartió González Salinas.
En los corrillos de los empresarios de la construcción saben que los tres antes mencionados tienen un pacto, el pacto es que Álvaro Ugalde va a Obras Públicas, otro integrante de la CMIC a la CEI y Sergio Camacho a la CMIC. Todo arreglado.
Además, de no darse esa repartición, lo asumen como un método de presión para que se les asigne obra en el próximo sexenio. Vivillos desde chiquillos.
¡Y eso también es poder!
¿Qué pensará el gobernador electo, al que ya le nombraron dos veces a su secretario de Obras, al que de dos formas diferentes ya le solucionaron los relevos en el área de la obra pública y la infraestructura?
Lo que es verdad es que el favoritismo en la asignación de la obra pública no es nuevo, eso lo saben desde hace décadas los que se dedican a la construcción.
Pero no por saberlo están conformes con que solo un pequeño grupo de empresarios se lleve la tajada del pastel con un innovador método: tienen registradas o dadas de alta dos o tres empresas, en una aparecen con su nombre, en otra aparecen sus juniors, y en las otras, con prestanombres.
Lo único que queda en claro en ambos casos, el del pacto de la CMIC y de Fernando González, es que van por todo –el presupuesto de obras– y con todo –el “poder económico” que aportaron a la campaña.
Eso dicen ellos.
