En sesión de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales, en el que se trató como único punto el Proyecto del Dictamen al Poder Judicial, la diputada Claudia Díaz Gayou precisó que “desde la fracción que represento, trabajamos en la construcción de una propuesta integral de reforma al Poder Judicial local, inspirada y fundamentada en los principios de la reciente reforma constitucional federal. Desde una perspectiva de justicia social, de autonomía real, y de participación ciudadana”.
Por ese motivo señaló que el proyecto de dictamen emitido por las Comisiones Unidas, fue entregado hasta el día de ayer 10:36 de la noche, y en el que omite aspectos clave de la iniciativa original. Se trata omisiones que trastocan el sentido transformador de la propuesta y que, de mantenerse, pueden debilitar severamente la legitimidad, legalidad y eficacia del nuevo modelo de justicia que busca instaurarse en Querétaro.
Entre las omisiones que consideró existen entre el proyecto de dictamen en relación con las dos iniciativas presentadas por los diputados integrantes del Partido del Trabajo y de Morena.
- Omisión del plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos judiciales, así como la obligación de justificar demoras ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
- Supresión total del procedimiento de elección de magistrados y jueces, incluyendo: convocatoria pública; participación del órgano de administración judicial; convocatoria pública; participación del órgano de administración judicial; postulaciones por parte de los tres poderes; evaluación mediante comités especializados; ensayo, cartas de referencia y criterios de idoneidad; Insaculación con paridad de género; Remisión de listados al Instituto Electoral del Estado.
- Omisión del artículo que establece que la elección de magistraturas se realice a nivel estatal, con postulaciones de los tres poderes y observancia del principio de paridad de género.
- Omisión del procedimiento específico para la elección de jueces por distrito judicial.
- Exclusión del mecanismo para incorporar a los jueces en funciones a los listados de candidaturas, con reglas claras sobre declinación y especialización.
- Eliminación de la regulación sobre campañas judiciales, incluyendo: prohibición de financiamiento público o privado, y acceso igualitario a medios, duración y condiciones de campaña, sanciones por proselitismo indebido.
- Supresión de la facultad ciudadana y de autoridades para denunciar faltas judiciales ante el Tribunal de Disciplina Judicial, así como del procedimiento sancionador correspondiente.
- Omisión de la regulación para suplencias y licencias de jueces y magistrados, incluyendo prelación en vacantes, justificación de licencias y límites temporales.
- Eliminación del funcionamiento en pleno y de las comisiones del Tribunal de Disciplina Judicial, de sus procedimientos internos, y de su carácter como última instancia inatacable.
- Omisión del diseño institucional del Órgano de Administración Judicial, incluyendo: su integración y removibilidad; determinación de juzgados, especialización y distritos; desarrollo de carrera judicial; Instituto de Especialización Judicial; procedimientos de evaluación y sanción; elaboración presupuestal y facultades normativas.
- Exclusión de las restricciones por cargo para jueces y magistrados, como inhabilitación temporal para litigar o desempeñar cargos públicos de alto nivel.
- Omisión absoluta de los artículos transitorios, necesarios para una implementación ordenada, democrática y transparente del nuevo sistema judicial.
Además, la diputada Claudia Díaz Gayou consideró que este proyecto no incluye ninguna de las propuestas presentadas por el poder judicial a estas comisiones unidas, además de que no considera los derechos laborales de jueces y magistrados, como sí sucede en la reforma federal, por lo que advierte que de aprobarse en este sentido generaría un sinfín de amparos en contra de la reforma, que desde luego serían otorgados por los juzgados de distrito, generando un conflicto.
