Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales en la LXI Legislatura del Estado, presidida por el diputado Guillermo Vega, e integrada por los legisladores Homero Barrero, secretario, Juliana Hernández y Enrique Correa, aprobaron el proyecto de dictamen de la “Iniciativa de Decreto que modifica, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, en materia de reforma del Poder Judicial” y la “Iniciativa de Ley en materia de reforma judicial del Estado de Querétaro que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, Ley Electoral del Estado de Querétaro, Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y que abroga y crea la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro”; mismo que será remitido en copia a cada uno de los Ayuntamientos del Estado de Querétaro, para que hagan llegar a través de sus representantes, consideraciones que estimen convenientes, lo anterior de conformidad con el artículo 51, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro.
Previo a la lectura del articulado y votación del proyecto de dictamen, en su mensaje el diputado Gerardo Ángeles, presidente de la Mesa Directiva, expresó que hoy, con responsabilidad, respeto a la legalidad y un profundo compromiso con los principios democráticos, se encuentran en una etapa clave del proceso legislativo para armonizar la Constitución local con las recientes reformas federales en materia de impartición de justicia.
Señaló que la Constitución, como documento fundante y pilar en la democracia, refleja las aspiraciones colectivas de una comunidad y estado, y es el punto de partida del marco normativo, por lo que toda modificación a su contenido debe obedecer no solo a una necesidad jurídica, sino también a un consenso político que respete los valores democráticos, los derechos humanos y la organización republicana; en ese marco, dijo, este Congreso asumió el reto de armonizar nuestra Carta Magna, no como un mero acto de procedencia política, sino como una oportunidad de revisar a profundidad el sistema judicial, fortalecerlo y proyectarlo en beneficio de quienes aquí vivimos.
Reconoció que en este ejercicio han participado y han escuchado atentos a magistrados, académicos, estudiantes y a representantes del Poder Ejecutivo, por lo que este diálogo, no sólo enriqueció la propuesta legislativa, sino que reafirmó que Querétaro está listo para construir su futuro institucional desde el consenso, la apertura y la escucha activa; por ello, expresó su reconocimiento a los integrantes de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales; que apuntó, han realizado un trabajo responsable, técnico y abierto al diálogo plural; pues han asumido con seriedad su responsabilidad de revisar, analizar y deliberar una reforma que, por su naturaleza, impactará de forma profunda y duradera la impartición de justicia en el estado.
“Desde que asumimos la presidencia de la Mesa Directiva, nos comprometimos a impulsar un diálogo institucional, no solamente con los integrantes de las fuerzas políticas, sino entre los propios Poderes, por ello, les invito a legislar con responsabilidad, con apertura al diálogo y con un profundo respeto a las instituciones. Somos distintos en nuestras posturas, sí, pero compartimos el deber común de responder al interés superior de Querétaro; este proceso legislativo no termina hoy con la reforma constitucional, inicia una nueva etapa, vendrán discusiones sobre las legislaciones secundarias, implementación normativa y construcción institucional, y en ese camino seguiremos participando a todas y todos, a los poderes, a los colegios y a las barras de profesionistas, a las universidades, a la sociedad civil, y sobre todo, a la ciudadanía queretana”, enfatizó Gerardo Ángeles.
Durante su participación, Guillermo Vega, quien preside las comisiones unidas, resaltó el interés de sacar el consenso unánime de esta reforma judicial, por lo que dijo que hoy este dictamen, que será enviado a los Ayuntamientos, recoge la sustancia, que motivó a los legisladores federales, de los partidos que sean, a tomar una decisión, a arriesgarse a hacer un cambio.
“Esperamos que el cambio produzca resultados de beneficio, pero es nuestra responsabilidad, una vez que avancemos en la reforma a la Constitución, darnos un plazo para todos platicar cuál creemos que son esos procesos y procedimientos que garanticen el espíritu de lo que el legislador federal intenta, que es transparencia, eficacia, cercanía, para que al final el ciudadano tenga justicia real y cercana”, afirmó Guillermo Vega.
En su momento, Enrique Correa, integrante de las comisiones unidas, destacó que se les ha instruido por mandato constitucional, la aprobación de una reforma judicial, la cual dijo, les guste o no, ha impuesto desde el ámbito federal una ruta inevitable; señaló que aunque su obligación como representantes populares es cumplir con la legalidad, también lo es advertir con firmeza y claridad los riesgos que la reforma trae consigo.
“No estamos discutiendo una reforma en tiempos de paz, estamos legislando en medio de una crisis de violencia, donde el miedo ha reemplazado a la democracia en muchas regiones de este país, y por eso aunque votemos esta reforma como una obligación política, no renunciamos a nuestra responsabilidad de advertir que esta reforma puede poner a la justicia sometida al crimen organizado o al poder político y esto puede ser muy grave para el pueblo; que quede claro, aprobaremos esta reforma porque así se ha instruido, pero también dejamos constancia que no avalamos su diseño actual ni su intención de concentrar las facultades sin garantías; seguiremos exigiendo y trabajando para que existan mecanismos de vigilancia, participación ciudadana y protección real de la independencia judicial”, refirió Enrique Correa.
Durante su intervención, Juliana Hernández, también integrante de las comisiones unidas, manifestó que hoy se va a cumplir con el mandato porque siempre han respetado el sistema constitucional en el que se tienen que homologar a las leyes federales en el ámbito local; sin embargo, reiteró que esta no es la forma de buscar justicia, ni de que ésta llegue a todos los rincones de México. “Como oposición hemos tenido la obligación de señalar los peligros de la reforma constitucional, como PAN lo hemos señalado claro y contundente, y hoy se nos está dando la razón, y para ello basta observar el caos, el desorden en el que se está llevando la elección judicial a nivel federal. (…) Tenemos que ser cautos para que en Querétaro se hagan las cosas distintas y se hagan conforme al principio de justicia”.
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