La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, advirtió que México enfrenta decisiones fundamentales para su futuro democrático, económico y social, por lo que exigió transparencia en la renovación de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), resultados concretos con la nueva Ley de Movilidad de Querétaro y un presupuesto federal que responda a las verdaderas necesidades de las familias mexicanas.
En primer término, Arredondo Ramos señaló que la renovación de la presidencia del INE no puede convertirse en un reparto de cuotas políticas ni en una oportunidad para colocar perfiles afines al partido en el gobierno. Subrayó que México necesita un árbitro electoral independiente, profesional y con autoridad moral para garantizar elecciones libres y transparentes.
Explicó que el procedimiento contempla la integración de un Comité Técnico de Evaluación de cinco especialistas, encargado de seleccionar una quinteta de aspirantes. Posteriormente, la Cámara de Diputados deberá alcanzar una mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes para realizar el nombramiento. De no existir acuerdo, la designación se resolverá mediante insaculación.
“La democracia no puede quedar en manos de intereses partidistas. El INE debe ser una institución que genere confianza, no sospechas. Desde el PRI exigimos un proceso transparente, con perfiles independientes y sin compromisos políticos.

México necesita un árbitro electoral que defienda el voto de la ciudadanía, no los intereses del poder”, enfatizó.
La dirigente priista sostuvo que este nombramiento requiere un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas, especialistas y sociedad civil, pues está en juego la confianza de millones de mexicanos en las instituciones electorales.
En un segundo tema, Abigail Arredondo reconoció la aprobación de la nueva Ley de Movilidad de Querétaro como un avance importante, aunque puntualizó que su verdadero éxito deberá reflejarse en la vida cotidiana de quienes utilizan el transporte público, caminan, se trasladan en bicicleta o pasan varias horas en el tráfico.
Destacó que la movilidad debe priorizar a peatones, personas con discapacidad, ciclistas y usuarios del transporte público, además de garantizar infraestructura segura, unidades en buenas condiciones, rutas eficientes y tiempos de espera razonables.

“De nada sirve tener una ley moderna si las familias siguen perdiendo horas para llegar al trabajo, si los estudiantes esperan demasiado tiempo el transporte o si caminar por nuestras calles representa un riesgo. La movilidad debe mejorar la calidad de vida de las personas, no quedarse solamente en el papel”, afirmó.
Finalmente, respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, la diputada federal advirtió que, de los 10 billones 636 mil 488 millones de pesos contemplados, 1 billón 583 mil 169 millones se destinarán al pago de deuda, equivalente a aproximadamente el 15% del presupuesto total.
Señaló que, mientras el gobierno federal compromete una cantidad considerable de recursos en deuda, el presupuesto para desarrollo económico registra una reducción real del 13%, el rubro de combustibles y energía disminuye 18.2%, y la Comisión Federal de Electricidad enfrenta un recorte del 8.5%.
En el caso de Querétaro, explicó que se contemplan 52 mil 43 millones de pesos de gasto federalizado, un incremento real del 2.3% respecto a 2026. Sin embargo, insistió en que estos recursos deben traducirse en mejores servicios de salud, educación, seguridad e infraestructura para los 18 municipios.

“No basta con anunciar presupuestos millonarios. La gente necesita medicamentos en los hospitales, seguridad en sus colonias, empleos bien pagados y servicios públicos que funcionen. Un presupuesto debe servir para mejorar la vida de las familias, no solamente para administrar deuda y aumentar el gasto”, expresó.
Arredondo Ramos concluyó que el PRI continuará defendiendo instituciones autónomas, leyes que verdaderamente beneficien a la ciudadanía y un manejo responsable de los recursos públicos, porque México necesita gobiernos que den resultados, rindan cuentas y pongan a las personas por encima de cualquier interés político.
