En febrero pasado el Presidente del Tribunal Superior de Justicia declaraba que probablemente no entraría en vigor la última etapa del Código Procesal Penal para juicios orales, en lo que concierne al Distrito Judicial de Querétaro. Ahora lo secunda el Presidente del Poder Legislativo. La razón: falta de dinero.
El 27 de junio de 2013, en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, entraba en vigor la Ley de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, en materia de juicios orales.
Sin embargo poco tiempo después, a inicios del 2014, los legisladores locales tuvieron que echar marcha atrás para incorporar al Estado de Querétaro a la modernidad del sistema penal acusatorio a fin de que entrara en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual establecieron diferentes fechas de entrada en vigor en los distintos Distritos Judiciales en el Estado.
De tal manera que hoy día el Cídigo Federal se aplica desde el 31 de marzo de 2014: en los Distritos Judiciales de San Juan del Río, que comprende los Municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo; y Amealco de Bonfil, integrado por los Municipios de Amealco de Bonfil y Huimilpan.
Y desde el 29 de septiembre de 2014: en los Distritos Judiciales de Cadereyta de Montes, que comprende los Municipios de Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes y San Joaquín; Tolimán, que abarca los Municipios de Tolimán, Colón y Peñamiller; y Jalpan de Serra, que está integrado por los Municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y Arroyo Seco.
Queda pendiente el Distrito Judicial de Querétaro, que se compones de los municipios de El Marqués, Corregidora y Querétaro, debiendo entrar en vigor el próximo 30 de marzo. Sin embargo las declaraciones de ambos presidentes hacen suponer que está en riego la en entrada en vigor de la nueva norma procesal penal por razones económicas. Y nada deciden hasta ahora, solo declaraciones, lo que pone en riesgo la impartición de justicia en materia penal en este Distrito Judicial de Querétaro.
Y eso no es todo, el cambio no solo son las instalaciones, es el sistema en si mismo, los abogaos litigantes saben de las complicaciones técnicas y procesales; apenas conversé con un Juez de Control y un Magistrado de la Sala Penal, quienes advierten que no es lo mismo el sistema antiguo que el nuevo, que este implica muchos cambios.
Por eso es urgente que los legisladores definan ¡Ya! Sobre la suspensión de la entrada en vigor de la nueva norma en tanto continúan aplicando la vigente; el tiempo apremia y la justicia penal no debe estar en la incertidumbre, más cuando se trata de uno de los pilares más importantes del gobierno de José Calzada Rovirosa.
