Este martes fue ratificada por el Senado de la República la exsenadora Arely Gómez González, como Procuradora General de la República, en sustitución de Jesús Murillo Karam.
Una de las excepciones que no apoyó la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto, fue el incongruente expriista, ahora petista, Manuel Bartlet Díaz. Voces extraviadas y discordantes argumentaban la existencia de conflicto de intereses, dado que Gómez es hermana de un alto funcionario de la televisora más grande de México, voces que se perdieron en el viento.
La señora si bien no es una experta en derecho penal, tiene una buena trayectoria profesional y ocupó el cargo de Fiscal en materia de Delitos Electorales, lo más cercano con actividades de procuración de justicia penal; con una trayectoria de muchos años en la burocracia del Poder Judicial. La fiscalía contra delitos electorales no está adscrita a la PGR, actualmente en manos del queretano Santiago Nieto.
Sin lugar a dudas que la nueva Procuradora enfrenta de inmediato un reto inigualable en materia de procuración de justicia, dada la existencia de una gran cadena de delitos instituidos en una verdadera industria; tendrá que enfrentar fuertes resistencias, como lo hizo su antecesor, quien realizara un buen trabajo a pesar de las agresivas fuerzas beligerantes, entre ellas grupos bien orquestados que se mueven como organizaciones sociales o sindicales y que en el fondo no son más que una masa delincuencial, como ejemplo está la CNTE.
Y cómo pasar por alto dos asuntos que han conmocionado a la Nación, primero Tlatlaya, civiles asesinados por militares; luego los 43 normalistas de Ayutzinapa, desaparecidos por policías municipales y asesinados por la delincuencia organizada. En ambos casos resalta el delito de homicidio; sin embargo, el tema más importante -dada la mescolanza de fuerzas políticas empeñadas en hacer quedar mal al gobierno de Peña Nieto- es la muerte de los 43 normalistas.
Por las pruebas e indicios que obran en la carpeta de investigación y que fuera consignada a la autoridad jurisdiccional, junto con casi un centenar de involucrados, hacen prueba plena de la existencia de 43 homicidios –más aquellos del siniestro 26 de septiembre-; el asunto trascendió y tanto extranjeros como mexicanos meten mano en el escabroso asunto para intentar demostrar lo indemostrable: que no fueron asesinados. Los gritos desentonados de “Vivos se los levaron, vivos los queremos”, retumban en las sienes de Murillo Karam.
Apenas en esta semana otro grupo de personas de la CIDH, venidos del extranjero, también se ha involucrado en el asunto, recabarán pruebas para emitir su opinión. Esta es la prueba de fuego a la que se enfrenta Arely Gómez. Por el bien de México, deseamos apruebe el examen de confianza.
