La Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó reformas en materia de justicia cívica impulsadas por la diputada Adriana Meza
En sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Poder Legislativo local, con la asistencia del diputado Guillermo Vega, Enrique Correa y Homero Barrera, presidente, secretario, e integrante, respectivamente, fue aprobado por unanimidad el Dictamen de la “Iniciativa de Ley que reforma la fracción VII del artículo 51 y adiciona un párrafo al diverso 133 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en materia de justicia cívica administrativa con perspectiva de género”.
Esta iniciativa fue presentada por la diputada Adriana Meza, coordinadora de la Fracción Legislativa del PRI, quien estuvo presente en esta sesión y, al hacer uso de la voz, expresó que incorporar la perspectiva de género en la justicia cívica administrativa no es una cuestión ideológica, sino una obligación constitucional derivada de los artículos 1º y 4º de la Carta Magna y de compromisos internacionales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.
“Pero más allá del marco normativo, esta reforma tiene un sentido político profundo, reconoce que el poder punitivo del estado debe ejercerse sin reproducir violencia institucional. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia institucional como aquellos actos u omisiones de las y los servidores públicos que mediante estereotipos o prácticas discriminatorias obstaculizan el ejercicio del derecho. Esta reforma propone algo más sencillo, pero poderoso, que policías municipales y jueces cívicos estén obligados por ley a actuar con perspectiva de género conforme a protocolos claros, evitando la revictimización y protegiendo la dignidad e integridad de las mujeres, ya sean ofendidas o probables infractoras. No se pide trato preferencial, se pide trato justo”, puntualizó la legisladora.
En otro tema, también fue aprobado el Dictamen de la “Iniciativa de Decreto de Declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el Estado de Querétaro”, presentada por Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro.
El diputado Guillermo Vega, presidente de la comisión legislativa, dio a conocer que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió un plan general de implementación del sistema de justicia oral, civil y familiar del Poder Judicial de Querétaro, considerando para ello una calendarización en los diferentes distritos judiciales del estado, así como la infraestructura, el personal y la capacitación correspondiente, a fin de brindar acceso a la justicia la ciudadanía, conforme a lo que estableció el Congreso de la Unión.
Explicó que este plan general planteado por el TSJ, contiene acciones programáticas a realizar, considerando la implementación por territorios y gradualidades, iniciando el 1º de junio de 2026 en San Juan del Río y a partir de diciembre del mismo año en los distritos judiciales Amealco, Cadereyta, Tolimán y Jalpan, para culminar el 29 de marzo de 2027 en el distrito de Querétaro.
En torno a este punto, el diputado Homero Barrera manifestó que la emisión de la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Querétaro, es una decisión trascendental para la justicia civil y familiar en el estado, ya que es un instrumento que transforma estructuralmente el modelo de justicia tradicional escrito, hacia un sistema de justicia predominantemente oral, ágil y con un enfoque en derechos humanos y con una clara apuesta en la justicia digital.
Coincidió en que esta declaratoria va aparejada con un plan general de implementación que contempla capacitación, infraestructura, habilitación de salas de audiencia y adecuaciones administrativas, por lo que destacó: “con esto Querétaro nuevamente es símbolo de evolución y avance en el país, al sumarse a las disposiciones del Código Nacional, pues con ello se homologan procedimientos, se reducen desigualdades procesales y se impulsa la oralidad de la justicia digital, y algo importante, se dota de una protección reforzada a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad en asuntos familiares”, destacó el diputado.
Para finalizar, fue aprobado el Dictamen de la “Iniciativa de Decreto por el que la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Querétaro declara “2026 año del Bicentenario del Poder Judicial del Estado de Querétaro”.
El diputado Vega Guerrero expresó, en torno a este asunto, que existe una comisión del Poder Judicial del estado que se denomina Comisión Organizadora, en la que participan varios magistrados, consejeros de la Judicatura, académicos, estudiosos de la historia y promotores culturales, quienes hicieron una serie de propuestas de actividades al seno del TSJ, en conjunto con el Poder Ejecutivo del Estado, el municipio de Querétaro, la UAQ, la Secretaría de Cultura y los cronistas municipales, entre otros, para efecto “de conmemorar el Bicentenario del Poder Judicial de Querétaro, en virtud de que tiene un profundo valor histórico, educativo y cívico en la entidad, lo cual permitirá reconocer y dignificar el servicio de generaciones de juzgadores, juristas, servidoras y servidores públicos, que han contribuido a la impartición de justicia”, concluyó el legislador.