Como les comenté, aun no es seguro la realización de una nueva elección en el Municipio de Huimilpan, todo dependerá del resultado que arroje la sentencia que emita la Sala Regional de Monterrey, en caso de que sea impugnada la resolución del TEEQ.
En el supuesto jurídico de que se confirme la sentencia que anuló la elección, dado lo avanzado del tiempo constitucional del sexenio de José Calzada, que termina el 30 de septiembre, apenas quedan 15 días del gobierno de Calzada, por lo que el gobernador sustituto ya no podrá actuar para entonces.
Le corresponderá en cuanto a los tiempos al gobierno de Francisco Domínguez Servién, solo en aquello que le compete; y que será –en su caso- dotar del presupuesto público que esté solicitando el IEEQ, para atender esta necesidad; así como lo correspondiente al ámbito de la seguridad pública. Y por supuesto que los diputados a la LVIII Legislatura estarían aprobando el presupuesto de egresos solicitado en la iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo.
El tiempo deberá aprovecharse al máximo; ahora que, en el supuesto que la Sala de Monterrey revocara la sentencia y dejara las cosas como estaban, nada sucedería de lo que debe planearse como si fuera a presentarse. En la inteligencia que si hubiese ya un presupuesto para atender esa elección municipal y no llegase a realizarse, simplemente esos dineros públicos que regresan al erario del Estado, nada de que el IEEQ, se queda con el dinero aprobado.
De tal suerte que el problema también podría ser atendido en forma conjunta con el INE, órgano nacional encargado de algunas actividades electorales, como capacitación e instalación de mesas directivas de casilla; llegando incluso, de así convenirlo, de hacerse cargo de toda la elección, lo cual no me resulta del todo práctico, no concuerdo con ese exacerbado centralismo aprobado por los legisladores federales y respaldado sumisamente por los diputados locales en las reformas a la Constitución.
Luego entonces, no adelantemos juicios cuando meten en aprietos al preguntarle al gobernador sustituto sobre el espinoso tema; quien promete –como debe ser- que todo acto del IEEQ será respaldado por el gobierno del Estado, cuando existe la incertidumbre del asunto que se encuentra sub-judice, esto es, aún bajo la jurisdicción de la autoridad electoral tanto local como federal una vez que se interponga el recurso de apelación como ha prometido Nueva Alianza. El asunto jurídico-electoral está inconcluso y por tanto no se sabe si al final la fórmula que había obtenido el triunfo en las urnas, vuelva a quedarse con él: o bien, que se ordene una nueva elección –extraordinaria- constitucional.
Así las cosas, cualquiera que sea el resultado jurídico-electoral, corresponderá a las nuevas autoridades encabezadas por Francisco Domínguez, a quienes competa coadyuvar con las autoridades electorales para atender el delicado asunto, pensando directamente en quien encabece –en su momento- la Secretaría de Gobierno y esta a su vez en su estructura para asegurar, en su caso, una exitosa elección extraordinaria. Mientras tanto, todo puede suceder, excepto que el gobierno actual atienda este espinoso asunto.
No es lo mismo la presunción de existencia de delitos electorales, esa es competencia del Ministerio Público Federal, atendiendo a las nuevas disposiciones en esa materia; aunque es coadyuvante el MP local. Este es otro asunto jurídico que podría atraer la federación y ellos conocer de la materia, entonces ni en eso tendría competencia el Estado. Nuevos tiempos, nuevas leyes.
Mucha inconformidad y especulación ha generado la sentencia del TEEQ. A nadie le gusta perder las elecciones en una mesa y no en las urnas; sin embargo a criterio de las y el magistrado, hubo suficientes razones jurídicas para anular la elección y esa es por lo pronto la verdad jurídica que debe acatarse; lo demás es simple especulación sin sustento alguno.
