Este lunes el Consejo General del INE, resolvió sobre la sanción que debe imponerse a quienes a partir del 1 de septiembre serán autoridades judiciales. Sí, quienes impartirán justicia arribarán al poder por medio de una injusticia. Quebrantaron la ley para acceder al cargo.
Antes de entrar a la discusión del conflicto de interpretación legal, éste ya había escalado. Mientras la Comisión de Fiscalización del INE, propuso imponer como sanción –risible– una simple multa, derivado de un análisis de las pruebas, la presidenta del Consejo y oficialista del régimen de la Cuarta Transformación, Guadalupe Taddei, tajantemente se opuso a sancionar a los “ganadores” y próximas autoridades judiciales; no está de acuerdo, alega, entre otras cosas, que no pueden estar inventado sanciones.
Taddei atajó en entrevista de Milenio: “no es un trabajo de suposiciones, de, me imagino, de dar una respuesta ejemplar, la respuesta ejemplar, la sanción ni siquiera llega a ser ejemplar y ese va a ser otro tema que va a ser criticado para este instituto en las voces que siempre critican, y quienes dicen que es un juego o una burla”; “La confianza de este instituto no se deriva de las posturas de cualquier consejería en este pleno sino de la fortaleza técnica de la estructura, eso siempre lo voy a validar y lo voy a respetar”.
Luego argumentaría que la Unidad Técnica de Fiscalización propuso proyectos que proponían no sancionar por no haber podido cuantificar el tamaño, pero por mayoría de votos, en la Comisión de Fiscalización cambió sin ningún sustento jurídico o técnico. Claro, según el criterio pusilánime de la señora presidenta.
Para luego agregar: “hoy por hoy, no puedo compartir (¿Quién es ella para no permitirlo si las decisiones son por el pleno de 11 consejeros?) la propuesta de estos proyectos referente a los acordeones, porque los propios proyectos que se conocieron previamente en la Unidad de Fiscalización tenían un sustento jurídico; yo escucho en cada una de las sesiones que tiene que ver con este tema, el reconocimiento que hacemos a las partes técnicas, yo me sitúo y no me voy a separar, las percepciones, adjetivos calificativos que le queramos poner hoy por hoy es un extra al que no tenemos ninguna potestad ni atribución para entrar”; “no podemos estar creando sanciones en cada momento diferentes a las de la ley. No hay manera de que se pueda sostener en el Tribunal Electoral, tres veces anteriores han sido devueltos a este instituto nuevos criterios de mayoría en los que se pusieron sanciones basándose en los topes de gastos de campaña”.
Luego Taddei criticaría a los consejeros que conforman la Comisión de Fiscalización –sus pares opositores– quienes propusieron imponer una sanción del 10 por ciento del tope de gastos de campaña a quienes aparecieron en los acordeones y ganaron la elección; la servil adelantó que se revertirá en el Tribunal Electoral. Claro, sabe bien que ahí encuentra cobijo el oficialismo en las resoluciones electorales que le afectan.
Sin embargo y a “contrapelo”, Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, comentó –en respuesta a Taddei– que no se cambió de criterio, hay una jurisprudencia de propio Tribunal Electoral que deja claro que el beneficio es independiente de quién paga una acción ilegal en una campaña, también recordó que la campaña judicial fue inédita y por ello, no se pueden imponer sanciones de cajón a prácticas novedosas. Como así sucedió, muchas improvisaciones y componendas por la pésima legislación que les dejó AMLO.
Carla Humphrey dio puntual respuesta a Taddei: “sí, presidenta, el reglamento lo llevamos ya trabajando varios meses. Cada proceso de fiscalización es distinto, no se puede pretender aplicar siempre las mismas sanciones porque cada vez, los actores obligados actúan de manera diferente y hay que irse adecuando a cada revisión”. Oportuna y puntual respuesta.
A la hora de terminar esta columna, apenas el pleno del Consejo General había resuelto, en definitiva, con una votación de 6 a 5; decidieron, acordaron sancionar a los tramposos que ganaron por medio de los “acordeones”; todos los que serán ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina, fueron sancionados por tramposos; y aquellos que perdieron la elección, pero también estaban sus nombres impresos –electrónica o digitalmente– en esos documentos, solo serán amonestados públicamente; sancionaron a 177 infractores, entre perdedores y ganadores. Ahora habrá que esperar lo que en definitiva resuelva la servil Sala Superior del TEPJF.
Cualquiera que sea el resultado que arroje próximamente el trio de magistrados de la Sala Superior, quedó probado fehacientemente por el Consejo General del INE, que todos aquellos que se dedicarán a impartir justicia, llegarán al cargo por medio de una injusticia.
¿Se podrá confiar en estas autoridades emanadas de la ilegalidad? Por supuesto que no.
Además, el grupo político que impulsó a la tramposa de Lenia Batres, hace lo imposible por derrocar a Hugo Aguilar. Otro capítulo que aún no pueden cierra. Trabajan soterradamente.
No olvidemos que Sheinbaum terminó respaldando a Batres –por ser mujer–, en tanto que AMLO promocionó al “jurista e indígena” de Aguilar.
La disputa entre morenistas por el control del Poder Judicial aún no se resuelve, en definitiva.
