Entre ignorancia y mala fe, aspirantes a impartir justicia realizan promesas a su electorado que no son de su competencia.
Ofrecen reducir tiempos en la impartición de justicia ¿Cómo? En varias ocasiones se han acortado los plazos, sobre todo en materia penal, más resulta imposible cuando las partes interponen diversos recursos que, por voluntad propia, no por disposición legal, los plazos se prolongan. El común de las personas, ignorantes del Derecho, realizan la crítica por lo lento o tardado que resulta la impartición de justicia.
La fiscal en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías, aspirante a ministra, ofrece o promete defender a las víctimas, de llegar a ser ministra.
Sin embargo, la oficina a su cargo tiene un rezago de más del 97% en procuración de justicia. Altísimo porcentaje de impunidad en donde sí puede ayudar a las víctimas o presuntas víctimas. Cuatro áreas a su cargo: tortura, desaparición forzada, delitos en contra de migrantes y delitos en contra de la libertad de expresión.
En las 4 áreas existe total impunidad, injusticia en la procuración de justicia; y, ahora en campaña promete, desde la magistratura: “defender a las víctimas”. Vaya cinismo de quien, con mentiras, aspira a impartir justicia.
¿Sabe algo de ello el electorado que irá a votar el uno de junio próximo? Por supuesto que no. Así que, cualquier cosa que prometan, quedará en el olvido. Lo importante en campaña, como los políticos, llegar al cargo, las promesas se olvidan; así de simple.
Las aberraciones a la vista. Por ejemplo, la ministra Lenia Batres, propone organizar las defensorías públicas, comisiones de derechos humanos y procuradurías para garantizar a la ciudadanía la posibilidad de denunciar o defenderse en juicio ¿En qué diablos piensa la señora? Nada de lo que propone es competencia de la SCJN. Es más, ¿por qué no lo ha hecho la propuesta si actualmente es ministra. Simple, es inviable legalmente.
Un poco de luz en el desorden de las promesas de campaña. La propuesta de Lenia es competencia del Instituto Federal de la Defensoría Pública, ello está a cargo del órgano de Administración Judicial, no así de las y los ministros; estos nada tienen que ver con ello; tampoco pueden decidir en lo que ocurre en las comisiones de derechos humanos, o las fiscalías y procuradurías de Justicia. de ser así ¿Por qué no lo ha propuesto desde que cobra como ministra? ¡Mentiras!
Otro aspirante propone algo que tampoco puede cumplir en caso de que llegara a impartir justicia. Que el 10% de las y los trabajadores de la Corte pertenezcan a grupos vulnerables, entre ellos, pueblos indígenas. Este señor equivocó la función administrativa con la judicial.
Aspirante a populista propone –varios candidatos hacen la misma propuesta– llevar a cabo sesiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuera de su sede oficial ¿Cómo para qué? Además, sería altamente oneroso mover a 10 ministras y ministros con su séquito de ayudantes; alimentos, hoteles, transporte, etcétera. Pregunto ¿Cómo para qué la inútil propuesta que no es justicia?
La ignorancia de algunos candidatos. No ha faltado quien propone que se difundan las sentencias y resoluciones de la SCJN, con el fin de que se conozcan públicamente. Y así quieren impartir justicia. La Corte realiza esta actividad de difusión desde 2021. Existe una página oficial en internet. Pobre, pobres las propuestas de muchos que aspiran a impartir justicia. Son una vergüenza.
Intrascendente propuesta. Que en la Corte se dé prioridad a los asuntos relacionados con corrupción. Escasos de neuronas y faltos de conocimiento en la materia.
Impartidores de justicia que se creen candidatos a legisladores. No falta quien pretenda impulsar reformas legislativas que incidan en la labor judicial, por ejemplo, la creación de un sistema de certificación judicial. Claro, también podría ser una medida meramente administrativa ajena a la impartición de justicia.
Las ideas –propuestas– saltan a “borbotones” del ingenio de la ignorancia de más de algún aspirante a impartir justicia. A ese grado denigraron los legisladores y AMLO, por supuesto, la “democratización de la justicia”.
De acuerdo a lo observado, podemos partir de la base de que, desde el creador de la iniciativa y los que tuvieron el arrojo de aprobar semejante aberración constitucional, son igual o peor de ignorantes en materia de justicia.
