Durante el sexenio de AMLO, los miles de desaparecidos fue un tema político y no de inseguridad. A grado tal, que la entonces secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, ordenó reorganizar el sistema de registro de desaparecidos y terminó por desaparecer a miles de los desaparecidos.
El gobierno de la cuarta transformación no dio la importancia al asunto y cómo dárselo si todo indica que había contubernio con algunas autoridades –principalmente policías–, por ello el mismo expresidente AMLO no tuvo la voluntad ni sensibilidad de atender las demandas de miles de familias de desaparecidos, desdén hacia los grupos de madres buscadoras.
El gravísimo asunto del rancho Izaguirre, municipio de Teuchitlán, Jalisco, en donde madres buscadoras encontraron múltiples pruebas e indicios de desaparecidos, hizo voltear a la presidente de la República, Claudia Sheinbaum y dedicarle atención al delicado problema de los desaparecidos.
El asunto trascendió mundialmente. Horrorizados de lo que sucede en México; miles de desaparecidos, 127 mil, según Amnistía Internacional, en tanto que los gobiernos han hecho gala de irresponsabilidad.
En la ONU, se abren procesos por las desapariciones forzadas que ocurren en México, de manera “generalizada o sistemática”.
México encabezaba con 681 peticiones, hasta septiembre de 2024, las acciones urgentes por parte del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas para la búsqueda de personas, seguido por Irak con 608; Colombia con 233 y Cuba con193, dijo Michael Chamberli, según el organismo internacional. Agregó que, una medida urgente es una petición del Comité a un Estado para que tome de inmediato las medidas necesarias para buscar, localizar y proteger a una persona ausente y para investigar la desaparición; en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sumaron 332.
Dice el activista y también exmiembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Michael Chamberlin que las acciones urgentes de la ONU suelen ser el último recurso para las familias que enfrentan omisión, negligencia o falta de interés por parte de las autoridades en la investigación y búsqueda de sus seres queridos. Michael también comentó que: “el Comité contra las Desapariciones sabe que hay una situación generalizada de desapariciones y que no va a poder incidir en esa realidad con acciones urgentes o casos individuales, por eso activó el viernes 4 de abril, en un hecho inédito, el procedimiento del artículo 34, encaminado a que la crisis se exponga ante la asamblea, por considerar que las desapariciones son sistemáticas o generalizadas”.
En el caso de México, resalta que el problema es que entre más acciones urgentes se piden menos urgente es la reacción del gobierno federal, por lo que se requieren otras medidas para atacar el fenómeno desde su raíz.
A consecuencia de lo anterior, la CNDH, de inmediato salió en defensa del gobierno de México, alegando que son “descontextualizadas”.
El domingo pasado la CNDH dijo que el posicionamiento de la Organización de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada en México está “descontextualizado”, y rechazó “que se viva una crisis de desapariciones en México y más aún que éstas sean consecuencia de una política de Estado”. Nadie ha imputado que sea política de Estado las desapariciones en México. Lo cierto que la señora Piedra, presidenta de la Comisión, desde su ingreso ha protegido al gobierno federal, evitando en lo posible dictar recomendaciones que conlleven la investigación por violaciones a los derechos humanos; trabaja protegiendo al gobierno en perjuicio de los gobernados.
La señora Luisa María Alcalde Luján, dirigente de Morena y exsecretaria de Gobernación, antes responsable de dirigir los programas de desapariciones, tuvo que salir en su propia defensa al enterarse de las medidas cautelares de la ONU.
Luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas dictara medidas cautelares al Estado mexicano, Luisa María, dirigente de Morena, acusó que los señalamientos contra México tienen “orientación política e ideológica, pues no les gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente”. Así de torpes y simples las declaraciones de la dirigente. Según ella, ésta no es la primera vez que grupos dentro de este organismo actúan de manera facciosa sin ningún elemento objetivo. La señora que organizó la desaparición oficial de miles de desaparecidos, antes de que dejara Gobernación. De ahí su torpe defensa “ideológica”.
También agregó la señora que, de 2018 a la fecha, el gobierno de México “no desaparece personas ni viola derechos humanos y tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad”, ¡Ah bárbara! Solo faltaba que dijera lo contrario. Banales declaraciones. Y siguió justificándose, como si aun trabajara para el gobierno federal; dijo que se han desplegado como nunca estrategias de búsqueda y combate a la impunidad derivadas de este delito.
Como respuesta opuesta a las torpes e infaustas declaraciones de Luisa María, la presidente Sheinbaum, instruyó a la secretaria de Gobernación, para que atendiera y acordara con los grupos de buscadores de desaparecidos y llegaran a acuerdos para ponerlos en práctica.
Ayer lunes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en reunión con el primer grupo de buscadores, “Guerreros Buscadores”, advirtió a los funcionarios responsables de atender casos de desaparición forzada que, de no mejorar su desempeño y mostrar sensibilidad hacia las víctimas, serán removidos de sus cargos. Declaración que s contrapone a las mentiras de Alcalde; abordaron las demandas de familiares de desaparecidos, quienes denunciaron la indolencia de algunas autoridades.
La señora Rodríguez, quien no está exenta de responsabilidad, dijo que: “nos hemos comprometido a que tengan un buen trato; que sean congruentes con la obligación de atender o de coadyuvar cuando la competencia cae en la jurisdicción de esas autoridades. Nosotros estamos convenciendo a todos los servidores públicos de que sea un enfoque con perspectiva de atención y protección a sus derechos. Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer, y también cambios de servidores públicos que, si no lo hacen, van a tener que irse, porque la “presidenta” no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta”.
Conclusión. Es claro el desorden, contubernio e irresponsabilidad de muchos funcionarios y exfuncionarios, como Luis Alcalde, con los desaparecidos y familiares.
