El gobierno de la 4T insiste en presionar a las y los ministros que no se someten y así apoderarse del Poder Judicial para dominarlo antes del proceso electivo de junio próximo.
La presidente de México aseguró en la mañanera del jueves que a ella le interesan 2 temas, el dinero de los fideicomisos y que continúe el proceso para la elección, el cual se encuentra detenido en el Poder Judicial. Así de simple el cinismo.
Se dio el primer encuentro entre las partes –las comisionadas por Sheinbaum– y cada quien con su tema. Las y los ministros quieren, necesitan ampliación presupuestal para atender todos los compromisos legales derivados de los despidos de los casi mil empleados del Poder Judicial, entre ellos jueces, magistrados, ministros en funciones. Además, entregar cuentas sobre el dinero de los fideicomisos que ordenaron liquidar.
Vale recordar que las y los diputados de Morena le recortaron al Poder Judicial 714.4 millones de pesos para el año 2025; una disminución al presupuesto que supera más del 13%, no visto en los últimos 15 años.
A la presidente, le importa que le entreguen el dinero de los fideicomisos, con el argumento falaz de utilizarlo para la democracia y otras tonterías, así como la continuidad del procedimiento que se encuentra detenido. A ella no le importa el dinero para las liquidaciones o indemnizaciones para los empleados.
Así las cosas, como representantes del Poder Ejecutivo asistieron a la reunión la señora secretaria de Gobernación que nada sabe de Derecho, Rosa Icela Rodríguez y la tramposa leguleya de Ernestina Godoy, encargada del jurídico. Por parte del Poder Judicial, las y los ministros que no son parte de la 4T, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
La señora ministra Yasmín Esquivel, se encontraba en campaña en una conferencia con miembros del SNTE, reunión convocada por el legislador morenista, dirigente de dicha organización. Cada quien en lo suyo.
Dijo la señora Sheinbaum en su conferencia: “llamó la presidenta de la Corte pues para algunos temas que quería tratar. Le dije a la secretaria de Gobernación que estaba bien y, sobre todo, lo que nos interesa es el tema de los fideicomisos, cuántos recursos tienen los fideicomisos, cuándo se van a entregar los fideicomisos”. Sin tapujos la presidente quiere el dinero de los trabajadores del Poder Judicial.
Y siguió diciendo: “y también para conversar para que no interrumpan el proceso de la elección en el Poder Judicial. Porque, pues cómo mucha gente que se inscribió ahí ahora no va a tener la posibilidad de participar, ellos mismos están cerrando la puerta de la democracia. Entonces, hay una reunión en donde va a estar presente la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica”. Para reiterar que “a su gobierno le interesa dos temas fundamentales: los fideicomisos y que siga la elección en el Poder Judicial”.
Resulta indudable que la presidente y su gente están y seguirán presionando a las y los ministros para doblegarlos. Hasta hoy no lo hay conseguido. Solo falta que les quieran iniciar juicio político para destituirlos, lo cual no pueden hacer, la Corte se quedaría sin ministras y ministros.
Los sicarios oportunistas también participan. De tal suerte que Ignacio Mier Velazco, vicecoordinador de Morena en el Senado de la República dijo que los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo han declarado que el proceso de elección, está ajustado íntegramente a lo que establecen los requisitos constitucionales y en ese sentido, los ministros de la Corte violentan y limitan los derechos de los aspirantes que se registraron para participar el uno de junio próximo ¿Con qué autoridad legal este sujeto se entromete?
También dijo: “Eespecíficamente la Corte es la que está limitando los derechos políticos, y la propia Corte que debería de interpretar la Constitución es el primero que está generando una flagrante violación al Derecho de votar y ser votado de las personas que se inscribieron aspirando a ser jueces magistrados y ministros”. Los interesados tienen todo el derecho de presentar un juicio “per saltum” para que sea la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que les garantice sus derechos y puedan continuar en el proceso. Hay que resaltar que de lo que han declarado los Comités, de las mil 46 personas que se registraron en el Poder Judicial, existen poco más de 600 que fueron registrados en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo, de tal manera que un poco más de la mitad del 60% tienen de manera automática salvaguardado su derecho al estar registrado en otro poder y podrán continuar con la siguiente etapa que es la determinación de idoneidad”.
Conclusión, las partes seguirán dialogando, entre tanto nada para nadie. Los miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial, son los únicos que han cumplido con la resolución judicial que ordenó la suspensión; los otros incurren en desacato, pero ellos dicen que tienen la razón legal. Así de rupestres y mentirosos los morenistas.
