En sesión pública, en el Salón Constitución, ubicado en el Querétaro Centro de Congresos, los diputados Guillermo Vega, Ricardo Astudillo, Manuel Pozo, Andrea Tovar y Juan Guevara, integrantes de la Junta de Coordinación Política; además de la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Paola López Birlain y legisladores pertenecientes a los diferentes grupos y fracciones parlamentarias, llevaron a cabo las entrevistas a los candidatos al cargo de fiscal general del Estado de Querétaro, Miguel Gonzalo Palacios Rendón, Margarita Luna Téllez Girón y Víctor Antonio de Jesús Hernández, terna remitida por el gobernador constitucional del estado, Mauricio Kuri González.
El primer turno fue para el maestro Miguel Gonzalo Palacios Rendón, quien es Licenciado en Derecho por el Centro Universitario de Educación Continua; Maestro en Derecho Corporativo, por la Universidad Anáhuac; cuenta con 20 años de experiencia profesional como abogado postulante especialista en materia civil, familiar y derecho privado; es socio fundador de la firma Palacios Y Marina S. C.; miembro de la Barra Queretana Colegio de Abogados A. C.; presidente fundador del capítulo Querétaro de Barra Mexicana desde 2022; especialista en litigación estratégica en materia penal; y actualmente consejero en la Confederación Patronal de la República Mexicana Centro Empresarial Querétaro.
Palacios Rendón indicó que su principal fortaleza ha sido la solución de conflictos, convencido de la relevancia de la depuración de asuntos que deben ser resueltos con la participación activa del ciudadano, ya que en este se encuentran los fundamentos necesarios para lograr una solución real y satisfactoria a los conflictos, lo cual considera una función clave de la Fiscalía del Estado.
El candidato observó que esta dependencia es fundamental para la conservación del Estado de Derecho y para preservar la calidad de vida que ofrece Querétaro. Consideró que ha dirigido los mejores equipos de trabajo en litigio estratégico e interdisciplinario, y reconoce en sus colaboradores sus habilidades y talentos; y reconoció que la Fiscalía cuenta con un personal altamente calificado, superespecializado, dispuesto a trabajar todos los días por el estado. Consideró necesaria la mejora continua, en la tecnología y los modelos de gestión, dijo estar convencido de que lo que no se mide, no se puede evaluar y mejorar, por lo que está a favor de la transparencia en la información, la comunicación y la cercanía con los ciudadanos, todo esto, pilares de gran relevancia.
Por su parte, Margarita Luna Téllez Girón, es Licenciada en Derecho por la UAQ, con Especialidad en Derecho Notarial y Maestría en Derecho Penal Acusatorio. Destacan sus 33 años de experiencia laboral. Actualmente es vice fiscal de Investigación y Persecución del Delito de la Fiscalía General del Estado. Previo a ello fue vice fiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional; subprocuradora de Prevención del Delito, Atención a Víctimas y Derechos Humanos, de la Procuraduría General de Justicia (PGJ); coordinadora de Proyectos del Instituto de Innovación y Desarrollo, así como directora de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro; titular de la Dirección de Prevención del Delito y visitadora general en la PGJ; coordinadora de Agentes del Ministerio Público de Procesos de Primera Instancia Penal en Querétaro; fiscal especial de Delitos Patrimoniales y Agente del Ministerio Público. Destaca su participación en la elaboración del Modelo de Control de la PGJ, entre otros modelos y reglamentos institucionales.
Su proyecto de trabajo lo fundó en los 5 ejes estratégicos de trabajo de la Fiscalía General. En el eje Derechos Humanos y Perspectiva De Género, propone fortalecer la perspectiva de las infancias, derivado de las reformas al Código de Procedimientos Civiles y Familiares; dijo que la intención es que se pueda generar un equipo multidisciplinario fijo en los Juzgados Civiles y Familiares. En el eje de Investigación y Persecución del Delito Eficaz, plantea actualizar el modelo de gestión de Fiscalía, que lleva 16 años, por lo que afirmó que se debe ajustar con modelos más estructurados. En el eje Fortalecimiento y Modernización Institucional, planteó la necesidad de generar nueva infraestructura de la Unidad 4, Especializada en Delitos Sexuales y de Violencia Familiar, ya que resulta insuficiente. Respecto al eje Transparencia y Uso Adecuado de Recursos Públicos, propone acciones de información y transparencia para informar a la ciudadanía sobre el inicio de carpetas y querellas. Sobre el eje Servicio Profesional de Carrera y Desarrollo Institucional, plantea el rediseño de programas y perfiles sustantivos de policías, fiscales y peritos, así como capacitación, especialización y certificación.
Correspondió cerrar las intervenciones a Víctor Antonio de Jesús Hernández, quien es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, bajo la opción de titulación de promedio destacado, con estudios de posgrado en la misma institución y de especialización en la Universidad Panamericana (UP) y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); abogado litigante con experiencia de más 10 de años en el ámbito privado y público, en materia de derecho constitucional, penal y fiscal. En su experiencia en el servicio público, ha ocupado el cargo de titular de la Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno, teniendo la representación legal del estado de Querétaro; adicionalmente, de enero de 2016 a septiembre de 2021, se desempeñó como subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, participando en el proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la entidad y en la creación de distintas instituciones de seguridad; desde mayo de 2016 a la fecha, ha sido consejero en el Consejo de la Fiscalía General del estado de Querétaro; además, se desempeña como consejero jurídico del gobierno del estado de Querétaro; y coordinador del Eje de Normatividad del Modelo Operación Cosmos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Querétaro, reconocido por las organizaciones México Evalúa y World Justicie Project como el modelo con mayor consolidación en justicia penal en el país; así como su participación en la estructura de la denominada “Ley Cosmos”.
Durante su participación, destacó como primer objetivo institucionalizar la creación de un plan estratégico en materia de procuración de justicia, ya que consideró necesario sistematizar, establecer indicadores y dar la oportunidad de evaluar los resultados y la gestión de las instituciones que participan en funciones de seguridad, donde se establezcan con claridad los objetivos específicos a desarrollar, con la finalidad de consolidar los resultados y el trabajo sistematizado de la propia institución. Asimismo, propuso el fortalecimiento institucional, consolidando un marco normativo, con la finalidad der que su actuación se sujete a lo establecido por una norma jurídica, no solamente lo que está previsto en ley, sino también en otras reglamentaciones, para lo cual planteó la actualización de protocolos y la verificación de la integración de los manuales administrativos. Asimismo, resaltó que, como parte del fortalecimiento institucional, buscaría potencializar la utilización de los medios tecnológicos para obtener mayores resultados dentro de la gestión al interior de la institución, facilitando la tramitología y reduciendo los tiempos principalmente.
Otro punto que resaltó fue el relativo al servicio profesional de carrera, donde propuso la generación de programas específicos en capacitación, para consolidar este servicio profesional de carrera, ya que indicó, si bien Querétaro es de las pocas entidades donde el servicio profesional de carrera se ha legalizado como una exigencia institucional, dentro de las dependencias vinculadas en temas de seguridad, consideró que este debe consolidarse y potencializarse; de igual manera, propuso como eje fundamental de su proyecto de trabajo, el estrechar aún más la coordinación efectiva entre todas las instituciones de seguridad en todos los niveles de gobierno, ya que advirtió, no puede haber esfuerzos aislados dentro de instituciones de seguridad, con el objetivo de asegurar la paz y tranquilidad en la entidad, y en su caso, garantizar el derecho al acceso a la justicia, y que en el supuesto de que se cometa una conducta delictiva, ésta no quede impune. En su momento, también se refirió al eje de evaluación en materia de seguridad y de procuración de justicia; además de un enfoque en materia de derechos humanos, ya que afirmó, la Fiscalía se encuentra obligada a promover, respetar y, sobre todo, asegurar la protección de los derechos humanos de las personas, de tal manera que dijo, no se les pueda revictimizar.
