La propuesta del gobierno federal, de pasar la Guardia Nacional a la Sedena, es solamente dejar de disfrazar el engaño; aseguró el diputado local del PRI, en la LX Legislatura, Paul Ospital Carrera
“El objetivo de pasar la Guardia Nacional a la Sedena es claro, formalizar una realidad ya existente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado inconstitucional una medida similar hace unos años y ahora, con una mayoría calificada en el Congreso, el presidente López Obrador intenta nuevamente consolidar esta transición”.
Mencionó que, actualmente, la Guardia Nacional, aunque nominalmente civil, ya está militarizada de facto. La Auditoría Superior de la Federación reveló en noviembre de 2023 que el 89 por ciento de los elementos operativos de la Guardia Nacional provienen de la Sedena o de la Marina; esto significa que, 71 mil de los 97 mil 800 efectivos actuales, son militares activos asignados a la Guardia Nacional, mientras que solo 10 mil, son elementos civiles.
Ospital Carrera explicó que, en septiembre, cuando el nuevo Congreso federal asuma funciones con una mayoría calificada, en lugar de ver un debate intenso, veremos un pase en fast-track, sin observar las implicaciones de estas decisiones, que son profundas y deberían merecer una discusión cuidadosa y reflexiva.
Tras señalar que la seguridad es una prioridad, pero debe abordarse de manera que respete los principios democráticos y los derechos humanos; el legislador queretano agregó: “sin lugar a dudas, en esta iniciativa, los más confundidos son los militantes de Morena, esos que hace algunos años llamaban a no militarizar al país y hoy, hacen maromas para defender la propuesta”.
Finalmente, el diputado del PRI, Paul Ospital Carrera mencionó que, la Guardia Nacional, creada para enfrentar los desafíos de seguridad, ha evolucionado hacia una entidad predominantemente militar: “la formalización de esta realidad plantea preguntas sobre el futuro de la seguridad pública en México y el equilibrio entre las fuerzas civiles y militares. Este debate es crucial para definir el camino hacia una paz duradera y justa en el país, por eso, la discusión no debe centrarse únicamente en la eficiencia operativa, sino también en la protección de los derechos y la preservación de la democracia”.
