Es reprobable que de manera arbitraria, ilegal y exprés, diputados y senadores de Morena y sus partidos aliados hayan aprobado reformas al gusto del presidente de México, por encima de la Constitución. Exhibiendo un total autoritarismo y anulando la división de poderes”.
Así lo señaló la presidenta del PAN en Querétaro, Leonor Mejía, quien expresó que Acción Nacional a través de sus Grupos Parlamentarios impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proceso legislativo donde no se leyó ni discutió ninguna iniciativa aprobada.
“Acción Nacional rechaza cómo Morena y el presidente anularon la división de poderes. Es inaceptable que reformas que necesitan el aval de todas las fuerzas políticas y, sobre todo el conocimiento de los ciudadanos, se aprueben sin leer, sin discutir y violando el proceso legislativo”.
Leonor Mejía alertó que no solamente el PAN señala los riesgos que generan estas reformas, sino que organismos como el IMCO y el Consejo de Empresas Globales en México, dan cuenta de la incertidumbre que generan cambios como desaparecer el Conacyt o cargar al IMSS todo el peso que dejará la desaparición del Insabi.
“Hay focos rojos por las reformas aprobadas arbitrariamente. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el Consejo de Empresas Globales, que reúne a las grandes multinacionales de operan en México, han dicho que estas reformas generan incertidumbre jurídica para varios sectores y son anticompetitivas”.
Dijo que el colmo de todas estas reformas es el realizado a Ley de Ciencia que elimina al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), buscando abrirlo ni más ni menos que a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina, “esto ya es una locura, ¿Qué estamos viendo? la militarización del país hasta en la ciencia y la tecnología”.
Para concluir, reiteró que Acción Nacional tiene una visión totalmente distinta a la del gobierno de Morena. En Querétaro, por ejemplo, con los gobiernos del PAN siempre existe el compromiso por garantizar la transparencia, la seguridad, la salud, la educación, el empleo y, sobre todo por el ingreso familiar, porque las familias merecen vivir en paz y con Estado de derecho.
