El pasado 23 de abril, en el Diario Oficial de la Federación, el Presidente de la República, ordenó, entre otras medidas “draconianas”, reducir salarios y eliminar aguinaldos a la burocracia federal hasta el cuarto nivel, como medidas de “austeridad” y proteger sus 38 programas “prioritarios”, ante la escasez de dinero fresco en las arcas del gobierno federal.
Una vez que informaron al Presidente de la República que su decreto adolecía de flagrante inconstitucionalidad, dada la violación de derechos humanos, así como transgresión a diversas normas de carácter laboral, modificó su criterio de “austeridad”, sin plasmarlo en otro Decreto, simplemente dio la orden administrativa para que los burócratas que serían afectados, firmaran un documento en el que aceptaban “voluntariamente” que la reducción de su salario y “donar” el aguinaldo a la causa de la 4T. Es obvio que ningún burócrata se fue a juicio laboral o al amparo, para defender sus derechos, so pena de ser despedidos y estigmatizados. Así que aguantaron la ilegal reducción del salario.
Poco después de más de 6 meses, el Presidente emite otro Decreto “leonino”, en agravio de la misma clase trabajadora; pero, esta vez el alcance es mayor, ahora afecta a terceros que no tienen relación laboral. Por lo anterior no fuese suficiente, en el artículo segundo, incita a los otros dos Poderes, al Judicial y Legislativo, para que sigan su mal ejemplo. Ahora va en perjuicio de los jubilados y pensionados, también a ellos alcanza la inconstitucional medida de la reducción del aguinaldo.
En el primer decreto no fueron considerados, la perversa medida no los avizoró como otra fuente de ingresos; ahora se amplía el perjuicio a un mayor número de personas, ya no solo a los burócratas activos, también se va con aquellos con los que no existe relación laboral alguna, no hay subordinación ni mando entre el Presidente y aquellos que son jubilados o pensionados. López Obrador, buscando más ingresos, no importa que viole derechos humanos.
El nuevo decreto, publicado el 5 de este mes, conlleva la maldad, la intención de burlar la ley. Primero, no refiere en lo más mínimo al primer Decreto. Ahora determina que recibirán 20 días de aguinaldo y no 40 como lo regula la ley de la materia. Veamos. El Artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional dispone que los servidores públicos cuya relación jurídica de trabajo se regula por esa Ley, tienen derecho a un aguinaldo anual que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna, y que se deberá pagar el 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero. Conclusión, el Decreto es in constitucional.
Otra perversidad. En el artículo quinto del segundo Decreto inconstitucional, el Presidente, junto con el Secretario de Hacienda, determina que el aguinaldo será de 20 días; así, de 20 días. Intentando salvar el abuso, la arbitrariedad, la ilegalidad e inconstitucionalidad, en el mismo párrafo acuerdan que el aguinaldo “podrá” aumentarte hasta llegar a los 40 días; queda a total discreción del patrón si aumenta o no el aguinaldo hasta llegar a los 40 días, que es el tope. La discrecionalidad del Presidente. Divide y vencerás.
Así las cosas, una vez que el burócrata en activo, el pensionado o jubilado, en lo individual, observe que no le entregarán los 40 días de aguinaldo, no le quedará más remedio que aguantar; si decide impugnar, lo hará en lo individual. Cuando mucho podrá reclamar a su jefe inmediato, el cual habrá sufrido la misma arbitrariedad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, calla, consiente el abuso presidencial. Así que, cada entidad administrativa hará los recortes al aguinaldo.
Eso sí, continúa vigente la protección y cuidado a los 38 programas “prioritarios” (calificados así por López Obrador), que enumeró en el primer decreto, como base a la justificación de los inconstitucionales descuentos al salario y aguinaldo de trabajadores, ahora agregan a pensionados y jubilados. Por supuesto, a los programas “prioritarios” se irá el dinero para las becas para los “ninis”; pensiones para adultos mayores; más dinero para becas de los estudiantes de sus universidades Benito Juárez; indudablemente el tren Maya, así como el aeropuerto, las refinerías, etcétera. Insaciable el Presidente; por sí, sin legalidad alguna, decide quitarles (robarles) a unos para darle a otros.
En el artículo octavo, determinó que aquellos que trabajan para el gobierno federal por honorarios, no tienen derecho a nada. El outsourcing que pretende eliminar de la Ley Federal de Trabajo, lo practica el gobierno federal a plenitud, violando las reglas laborales en perjuicio de los empleados a los que les niegan derechos laborales, incluso el derecho a ser registrados en el ISSSTE y nulo pago al Infonavit. Ningún derecho para ellos.
Mientras presume que él donará todo su aguinaldo a la causa. El Presidente no tiene problemas de dinero, el erario le cubre todos, absolutamente todos sus gastos, no eroga un solo peso de su salario, todo para el ahorro. Es más, López confesó que su esposa cobra el salario a su nombre y se queda con él; dinero por el cual no paga el ISR la señora del mandatario.
Ahora que si el Presidente está acostumbrado a no recibir aguinaldo, salarios ni otras prestaciones laborales, es porque no ha trabajado, así que no es nada extraño que renuncie a lo que no tiene derecho, además exalta populismo que le caracteriza. Pero, ¿quitarle parte de su salario y aguinaldo a quien sí trabaja? ¡Es una canallada y un delito! El trabajador sí tienen el derecho constitucional y legalmente a recibir completo el salario y sus prestaciones. ¡López no tiene derecho! Y va por los pensionados y jubilados, acción que no tiene nombre.
