El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, ha pretendido justificar el por qué decidió declarar constitucional la realización de la consulta popular impulsada por el Presidente de la República; se ha llevado la crítica de expertos y doctos juristas. Simplemente no quiso quedar mal con su “jefe inmediato superior”.
Así que torció el sentido de la ley y en lugar de analizar la constitucionalidad de la pregunta de López Obrador, se metió en el derecho del “pueblo” a participar en consultas populares, así terminó por favorecer la consecución de los fines políticos de Andrés López; a grado tal que le enmendó la página al Presidente para hacer viable la interrogante que harán al “pueblo” para inaugurar la era de los plebiscitos; borraron la pregunta inicial y le armaron (o desarmaron) una nueva, para consentir a López, dándole viabilidad al plebiscito.
Seis ministros le permitirán al promotor de la consulta continuar su campaña de desprestigio en contra de sus adversarios durante todo el periodo electoral. Al siguiente día el Presidente volvió al tema, lo hizo con desparpajo, nuevamente a embestir la figura de los expresidentes, a pesar de que la nueva pregunta eliminó los nombres y cargos públicos, cambiándolos por el de “actores políticos”, vagos y confusos conceptos que conformarán la pregunta que harán al electorado de más de 90 millones de mexicanos.
De tal suerte, López promoverá que el “pueblo sabio” acuda a votar y, dada su hábil perversidad promoverá el voto de los millones que integran su masa mofa de militantes que cobran mensualmente del presupuesto público, por medio de sus “programas clientelares” conocidos como programas sociales. A esa muchedumbre es a la que convoca.
Recordará que horas antes de la declaratoria de constitucionalidad de la Corte, López Obrador, el titular del Poder Ejecutivo Federal, amagaba, amenazaba a los ministros, advirtiéndoles que de no aprobar su propuesta: “Cada Poder asumiría su responsabilidad”. ¿Acaso no es así? Sin embargo, dejó en claro que sería culpa de los ministros dejar impunes los supuestos delitos que imputa el Presidente a los expresidentes sin prueba alguna; amenazó con enviar una reforma al artículo 35 constitucional, sobre las consultas populares. ¡Arrinconó a los timoratos ministros que se dejaron amedrentar! Si López Obrador tiene pruebas ¿Por qué no los acusa o el Fiscal actúa de oficio? Toda la obra mediática es de naturaleza política, acciones mentirosas del Presidente que encabeza la corrupta “honestidad”.
Así fue como seis ministros aprobaron la realización de lo que será una campaña política: la consulta popular. Le permitieron a López Obrador regresar al tema. Si bien no le satisfizo a plenitud lo resuelto por la Corte, advirtió que el “pueblo es sabio y va a votar por lo que considere más importante”. ¿Así o más claro el mensaje? Antes habría afirmado: “La consulta abre la puerta para enjuiciar a los expresidentes”. ¡Falso!
El resultado de la pregunta, en caso de ser apoyada por la mayoría que exige la normatividad (participación del 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores) es vinculatoria, pero no facultará a nadie, entiéndase a la fiscalía y jueces competentes, para enjuiciar a los expresidentes. La manipulación semántica y mediática a la que está acostumbrado el Presidente es por demás engañosa declaración, tergiversa la verdad jurídica.
Si bien seis ministros aprobaron la constitucionalidad de la consulta popular (luego ocho aprobaron la pregunta), ello significa darle luz verde al Presidente López para llevar a cabo su perverso plebiscito, el cual, de ninguna manera deberá aludir al nombre de los mandatarios, tampoco a la denominación de expresidentes de la república. Andrés Manuel, sin embargo, insiste en que para eso será la consulta. Afirmación falaz.
Ahora que, siendo puristas en el contenido y sentido de la pregunta que harán a los electores inscritos en el Padrón Electoral, ella encierra la real posibilidad de poder enjuiciar al mismísimo Andrés Manuel López Obrador y allegados, dado que la interrogante abre esa opción al referir que se podrán implementar las acciones legales en contra de aquellos actores políticos que en años anteriores (2019 es año anterior) hayan cometido… Así las cosas, sin darse cuenta, los ministros también abrieron la posibilidad de enjuiciar al hoy Presidente de la República. Craso error imperdonable. López y los ministros han guardado silencio. Lo resuelto por la SCJN da para una “loca” tesis.
Conclusión. Los ministros “legitimaron” la participación e injerencia política de López en el proceso electoral del 2021. Manuel López podrá promover la participación de (su clientela política) su masa de simpatizantes para que acudan a votar y cómo no hacerlo, si las elecciones constitucionales serán en junio y la consulta en agosto del mismo año (en caso de que no desista). Engaño casuista bien elaborado por los tramposos impartidores de justicia. Se escabulleron los doblegados ministros usando la semántica. Manuel López Obrador estará en campaña; no habrá juicio a expresidentes.
A la vez, los vencidos y entreguistas ministros, sin darse cuenta, abrieron la posibilidad de ser enjuiciado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su régimen autoritario, arbitrario, abusivo y asesino. Vaya, “les salió el tito por la culata”. Falta saber cuántos miles de millones de pesos costará al erario el capricho del Presidente.
