Con la finalidad de incorporar a la ley la figura de la Contraloría Social en la obra pública, el diputado del Partido Morena, Homero Barrera Mcdonald, ingresó en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado, una iniciativa de ley en la materia.
“Hoy estamos proponiendo reformar la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, con un objetivo muy concreto: darle a la ciudadanía un papel más activo en la vigilancia de las obras públicas que se realizan con recursos de todos”, expresó el legislador.
Afirmó que se trata de una iniciativa de gran importancia para Querétaro y para fortalecer la relación entre gobierno y ciudadanía, respondiendo a un principio fundamental de la vida pública, pues sostuvo que “la infraestructura del estado se edifica con el esfuerzo de las y los queretanos, por lo que la ciudadanía tiene el derecho legítimo de conocer y vigilar cómo, en qué y dónde se gasta cada peso”.
El legislador, quien estuvo acompañado por compañeras y compañeros de Morena, explicó que esto permitirá que los ciudadanos beneficiarios o usuarios de una obra puedan organizarse e integrarse en Comités Ciudadanos de manera transparente, voluntaria y 100% honorífica, a fin de:
- Acceder a información pública accesible y transparente: conocer aspectos fundamentales de cada obra, como su monto, plazo de ejecución, metas, avances físicos y financieros, modificaciones y fecha prevista de conclusión, siempre respetando las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales.
- Observación y vigilancia presencial: observar su avance y realizar visitas de inspección directa en el territorio.
- Canalización e informes: formular observaciones, emitir informes, presentar reportes y alertar oportunamente sobre posibles retrasos o deficiencias para dar seguimiento a la respuesta de las autoridades.
- Participación en la Entrega-Recepción: participar como observadores ciudadanos en los actos formales de terminación y entrega-recepción de las obras (Arts. 66 y 74 Duodecies). Deslinde Jurídico Riguroso y Candados Normativos.
El diputado Barrera Mcdonald fue claro y enfático al manifestar que en caso de surgir inquietudes técnicas o jurídicas, eso no significa sustituir a las autoridades, ni crea parálisis administrativa, y que se respeta con rigor el marco constitucional e institucional.
Además dijo que los comités tendrán un carácter preventivo y complementario. “No vienen a reemplazar a los supervisores de obra, ni a la Secretaría de la Contraloría, ni a los Órganos Internos de Control, ni a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, ni realizan peritajes técnicos ni emiten actos de autoridad”, apuntó.
El diputado resaltó, en este contexto, que las obras públicas, como son carreteras, escuelas, centros de salud, obras hidráulicas, vialidades o cualquier infraestructura pública, se construyen con dinero público y representan las inversiones más significativas del Estado para atender las necesidades de la sociedad. Sin embargo, dijo que históricamente la Ley de Obra Pública de Querétaro ha presentado un vacío normativo, pues prevé supervisión técnica institucional, pero carece de un marco orgánico de vigilancia ciudadana directa, que acompañe la ejecución de la infraestructura social en el territorio. Señaló, en ese sentido, que el control de estas obras se ha limitado a revisiones de papel, trámites administrativos e inspecciones que muchas veces ocurren cuando el recurso ya se ejerció, la falla es irreversible o la irregularidad ya ocurrió”,
“Por eso, quienes viven en una comunidad, quienes utilizan una vialidad, una escuela o un centro de salud y caminan esas calles todos los días, deben tener la posibilidad de conocer y dar seguimiento a cómo se realizan las obras en sus propios barrios y comunidades. Nadie conoce mejor la calidad de una calle o la necesidad de una escuela que el vecino que la camina todos los días”, sostuvo el diputado Homero Barrera y explicó que para evitar cualquier parálisis administrativa o extralimitación, la iniciativa establece candados jurídicos claros en el Artículo 74 Decies.
En ese orden detalló las facultades de los Comités son: conocer información pública de la obra; realizar visitas de observación presencial; emitir reportes e informes de avance; fungir como observadores en la Entrega Recepción y denunciar irregularidades ante la autoridad competente. Mientras que las limitaciones jurídicas o lo que tienen prohibido son: ordenar la suspensión de trabajos; modificar proyectos ejecutivos o contratos; autorizar o rechazar estimaciones; ordenar pagos o imponer sanciones y sustituir al residente de obra, supervisor o auditor.
Además el legislador resaltó aspectos positivos de la propuesta, como los siguientes:
- Cero impacto presupuestal, pues afirmó que no se crean plazas, no se crean burocracias, ni se generan nuevas dependencias. Es decir que se operaría con los recursos humanos, materiales y presupuestales que la administración pública estatal y municipal ya poseen (Artículo Sexto Transitorio). Además de que la integración de los comités se considera 100% honorífica (Art. 74 Quindecies).
- Blindaje político e imparcialidad. Esto es -dijo- que la iniciativa establece principios de imparcialidad, independencia y neutralidad, señalando que sus actividades deberán ser ajenas a cualquier partido político, organización política o finalidad electoral.
- Diferenciación con obra pública con participación ciudadana: explicó al respecto que la figura contemplada en la Ley de Participación Ciudadana implica colaboración ejecutiva/financiera de los vecinos, mientras que la Contraloría Social es un mecanismo de vigilancia y rendición de cuentas sobre recursos 100% públicos.
El diputado Homero Barrera destacó que “no se está inventando una figura que no exista, ni inventando el hilo negro” y que “la Contraloría Social ya tiene reconocimiento en el ámbito federal (Ley General de Desarrollo Social) y existen modelos exitosos consolidados en entidades como Guanajuato (COCOSOP), Estado de México (COCICOVI) y Oaxaca”.
Dijo que Querétaro cuenta ya con instrumentos de participación ciudadana y mecanismos institucionales de control y que lo que se está haciendo es llevar la participación ciudadana directamente al territorio, al lugar donde se construye la obra y dónde están sus beneficiarios. Además sostuvo que “la transparencia no debe entenderse solamente como publicar información, sino como permitir que la sociedad conozca, pregunte, observe y participe. Señaló también que combatir la corrupción no significa únicamente sancionar cuando ya ocurrió una irregularidad, sino prevenir.
