Los diputados locales Éric Silva y Rosalba Vázquez, acompañados por el diputado federal Gilberto Herrera, llevaron a cabo el décimo Foro Regional por la Nueva Ley de Aguas de Querétaro en la comunidad de La Cañada, municipio de El Marqués, donde más de un centenar de habitantes se dieron cita para expresar su hartazgo de décadas de abandono y la esperanza de que esta iniciativa ponga fin a la privatización del derecho humano al agua.
Durante el foro, los habitantes de La Cañada denunciaron que mientras de su territorio se extrae agua de más de cinco pozos para llevarla a la zona metropolitana de Querétaro, ellos padecen tandeo severo, cortes constantes y un desabasto que los obliga a racionar el agua o a comprarla a precios elevados.
Además, denunciaron que la Comisión Estatal de Aguas les exige el pago de hasta 50 mil pesos por una toma de agua doméstica, una cantidad imposible de cubrir para la mayoría de las familias marquesinas.
“Aquí sobra agua, pero nos la quitan y encima nos la venden carísima”, fue una de las quejas más recurrentes durante el foro.
Frente a estas denuncias, el diputado Éric Silva presentó los puntos centrales de la iniciativa de Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Querétaro y reafirmó los compromisos derivados del Parlamento Abierto, los cuales se concretaron en 13 acuerdos ciudadanos construidos con la participación de organizaciones sociales, expertos y ciudadanía.
Estos acuerdos son:
- Proteger y restaurar cuencas, acuíferos y zonas de recarga a través de planes de gestión, supervisión estatal y límites a la urbanización.
- Reconocer al agua como elemento vital de la naturaleza y derecho humano, garantizando un mínimo vital de 100 litros diarios por persona.
- Establecer un sistema tarifario justo y progresivo para que el agua potable y el saneamiento estén al alcance de todas y todos. Las tomas de agua no podrán costar más de 40 UMAs (4 mil 692 pesos) y el servicio para poblaciones marginadas no podrá costar más del 3% del salario mínimo mensual (276 pesos).
- Promover una cultura del agua mediante educación socioambiental, ecotecnias y separación de aguas grises y pluviales para su uso regulado.
- Participación ciudadana efectiva y vinculante, con nuevos mecanismos colectivos y un Consejo Ciudadano autónomo con facultades y recursos.
- Transparencia y vigilancia ciudadana mediante un Sistema Estatal de Información del Agua, claro, actualizado y accesible.
- Fin de la concesión privada del servicio de agua potable, devolviendo a la gestión del agua su carácter público y sin fines de lucro.
- Reconocer y apoyar a los sistemas comunitarios de agua, otorgándoles personalidad jurídica y acceso a recursos técnicos y financieros.
- Proteger la salud pública y la calidad del agua, prevenir y sancionar la contaminación y restringir el uso de aguas residuales en consumo humano.
- Combatir fugas y “huachicol” de agua, al mantener y reparar la red hidráulica, y perseguir el robo de agua y las concesiones ilegales.
- Decisiones regionales e incluyentes, tomando en cuenta al campo y las zonas populares, no sólo a la capital.
- Mitigar riesgos hidroambientales y el cambio climático, con protocolos para sequías, inundaciones, tormentas y saturación de drenajes.
- Proteger a las personas defensoras del agua, garantizando su seguridad y el ejercicio de su labor.
Al cierre del foro, decenas de pobladores expresaron su respaldo a la iniciativa y advirtieron que estarán vigilantes para exigir a sus diputados locales su aprobación en el Pleno de la legislatura local.
El diputado Éric Silva anunció que los foros regionales continuarán en otros municipios del estado, con el objetivo de democratizar la discusión y construir la ley desde los territorios que más han sufrido el abandono y el despojo.
