La diputada Teresita Calzada Rovirosa, coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano en la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, presentó una Iniciativa de Acuerdo para exhortar al gobierno federal a revocar o suspender el reciente incremento en las tarifas de peaje de 43 autopistas federales.
El exhorto está dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); y a Caminos y Puentes Federales (Capufe).
La legisladora demanda que la suspensión se mantenga hasta que se realice una revisión integral que justifique técnica y metodológicamente dicho aumento.
La diputada por Movimiento Ciudadano señaló que, mientras la inflación anual se ubicó en 3.69%, el aumento aplicado a las casetas el pasado 13 de abril fue de 4.7%, encareciendo las vías por encima del índice general.
Rutas clave afectadas: el costo de la autopista México-Querétaro pasó de 204 a 226 pesos, al igual que la México-Puebla. Otras vías como la México-Cuernavaca subieron a 156 pesos, y la Durango-Mazatlán alcanzó los 820 pesos.
Efecto dominó: este incremento no solo afecta a los usuarios diarios, sino que el transporte de carga y de pasajeros debe absorber los costos, trasladándose finalmente al precio de los productos, alimentos y servicios que consumen las familias.
Teresita Calzada denunció que el anuncio de Capufe carece de fundamentación y motivación. Al omitir las razones técnicas o económicas del ajuste, se vulneran los artículos 14 y 16 de la Constitución, los cuales obligan a la autoridad a emitir actos debidamente sustentados.
Ante esta situación, la iniciativa de la legisladora plantea tres exigencias ciudadanas fundamentales:
1. Frenar el aumento hasta que se justifique con números reales por qué el ajuste es superior a la inflación.
2. Abrir las cuentas de Capufe para transparentar los ingresos de los últimos dos años y el destino de esos recursos.
3. Instalar mesas de diálogo donde especialistas y usuarios puedan participar antes de que se tomen decisiones que afecten el patrimonio de los mexicanos.
“Moverse por el país es un derecho, no un privilegio”, concluyó la legisladora en su exposición de motivos, advirtiendo que encarecer las autopistas desconecta al país y castiga la economía.
