La defensa de Rosario Robles Berlanga, vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y trasladada al Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, aseguró que aunque se trata de una persecución política, cuentan con todos los recursos necesarios para demostrar la inocencia de la exfuncionaria.
Luego de más de 12 horas de audiencia, Alejandro Olea, uno de los abogados de la exsecretaria de Desarrollo Social, dijo que su clienta es una presa política y que la Fiscalía General de la República (FGR) no tuvo la capacidad jurídica y moral para rebatir las pruebas presentadas.
Nos encontramos ante un Tribunal del Estado; los hechos, pruebas y leyes no fueron parte del debate y de la imputación de la defendida; estamos ante una violación grave de la presunción de inocencia de Rosario Robles y de una violación grave al debido proceso, manifestó.
Aseguró que su defendida tiene todos los recursos necesarios a su alcance y que los harán valer desde este momento y empezar a trabajar en combatir las dos resoluciones -en la medida cautelar y la vinculación-, porque son ilegales y contrarias a Derecho y a los tratados internacionales de los que México forma parte.
“Evidentemente no esperábamos esta resolución porque exhibimos y desahogamos todos los datos de prueba y de investigación que acreditan la inocencia de Rosario Robles”, expresó.
En declaraciones a medios, afirmó que la Fiscalía no pudo realizar manifestaciones jurídicas para rebatir la teoría de la defensa y un “juez de consigna” determinó una prisión preventiva justificada con fundamentos meramente subjetivos.
A su vez, Julio Hernández Barros, otro de los abogados de la exfuncionaria, dijo que se encontraron con un Tribunal de Estado pues se violó el debido Derecho y la presunción de inocencia, porque aunque se entregaron pruebas, estas no fueron tomadas en cuenta por la FGR.
Esta resolución fue un acto de crimen a la justicia, de asesinato a la ley, victimizaron a la Constitución, ella es inocente, sostuvo tras afirmar que el juez puso palabras en boca de su defendida y no lo que consta en el acta de entrega de Rosario Robles.
“Realmente estamos ante una persecución, ante una presa política que podríamos calificarla ya a ese grado; ella es un chivo expiatorio que quieren tanto el gobierno federal y otros personajes de la política pública, aquí estamos y seguiremos dando la cara”, puntualizó.
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