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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) valoró hoy el desempeño fiscal de México en los últimos meses, en particular el esfuerzo del gobierno por contener el gasto público.En su “Panorama Fiscal de América Latina 2018”, el organismo de Naciones Unidas destacó en el caso mexicano que “el déficit primario del 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016 se convirtió en un superávit del 1.3 por ciento en 2017”.
Este desempeño se vincula a “los esfuerzos del gobierno (mexicano) para contener el gasto público y al nivel histórico que alcanzó el remanente de operación que el Banco de México entrega al gobierno federal (1.5 por ciento del PIB)”.
Añadió, sin embargo, que en México los ingresos tributarios cayeron 0.9 puntos del PIB en 2017 “como reflejo del significativo descenso de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a las gasolinas y el diésel. Dicho descenso fue producto de una reducción de las cuotas aplicadas”.
La Cepal consignó en el estudio que gran parte de la deuda pública de los gobiernos subnacionales en la región “se mantiene dentro de la frontera institucional del mismo sector público”, excepto en México y Brasil.
Precisó que los gobiernos subnacionales de esos dos países “muestran un nivel importante de endeudamiento con la banca comercial que supera el 1.0 por ciento del PIB y equivale a más del 60 por ciento de la deuda total de las entidades federativas mexicanas”.
El documento divulgado este lunes indicó que “las diferencias tributarias entre los países de América Latina no se limitan solo al nivel de recursos, sino que también pueden verificarse en el diferente peso relativo de los principales instrumentos vigentes”.
“Así, por ejemplo, México es el país de la región donde los impuestos sobre la renta y las ganancias de capital alcanzan el mayor valor relativo (cercano al 40 por ciento), mientras que Paraguay se ubica en el extremo opuesto, ya que este grupo de tributos representa poco más del 15 por ciento en ese país”, agregó.
El organismo de Naciones Unidas mencionó la imposición de impuestos selectivos sobre el consumo para incrementar el espacio fiscal, en particular aquellos que recaen sobre bebidas alcohólicas y azucaradas, el tabaco y los alimentos ricos en grasas.
“Un caso que merece destacarse es el de México donde, en el contexto de la reforma tributaria aprobada a finales de 2013, se estableció un impuesto a las bebidas azucaradas y un impuesto ad valorem a los alimentos no esenciales de alto contenido calórico (bocadillos, postres y chocolate, entre otros)”, puntualizó.
El estudio citó un trabajo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que comprobó “resultados satisfactorios en términos de recaudación fiscal, una reducción de la demanda y de las consecuencias negativas asociadas con el consumo de bebidas azucaradas y un mayor consumo de agua potable en las escuelas y los lugares públicos”.
A nivel regional, la Cepal afirmó que se debe fortalecer el papel de la política fiscal como instrumento estabilizador y dinamizador del crecimiento.
“En los últimos años, la política fiscal ha revalorizado su papel como instrumento estabilizador y dinamizador del crecimiento económico en el mundo desarrollado”, precisó.
Consignó que “en América Latina y el Caribe esta revalorización debiera traducirse en fortalecer aquellos instrumentos fiscales que, junto con reaccionar en forma automática en un sentido anti-cíclico, permitan impulsar la demanda agregada, la inversión y logren un mayor impacto redistributivo”.
Según el organismo, resultan claves para mejorar el financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible la movilización de recursos internos a través de una ampliación de la base impositiva, mejoras en el diseño del sistema tributario y un fortalecimiento de la administración de los impuestos, entre otras medidas.
También se deben reforzar los sistemas de protección social, “así como el impuesto a la renta personal, ya que eso redundaría en un doble beneficio al mejorar el rol de estabilización y el impacto redistributivo de la política fiscal”.
Advirtió que existen deficiencias en el diseño y la administración de los tributos y una elevada evasión impositiva, la que alcanzó los 340 mil millones de dólares en 2015 solamente para el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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