El 40% de los procesos iniciados bajo el nuevo sistema penal acusatorio, resultan improcedentes ante la falta de capacitación personal de fiscalías o Ministerio Público, así como de elementos de policía que fungen como primer respondiente, explicó el doctor Antonio López Mendoza, quien manifestó la urgencia de mejorar la profesionalización de los involucrados en este nuevo esquema de justicia.
Al participar en la sesión ordinaria del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro capítulo San Juan del Río, el catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales dijo que los elementos de policía aún muestran deficiencias en la implementación de cadenas de custodia y preservación de las escenas, debido también a la falta de incentivos salariales y capacitación
“El primer respondiente en estos momentos no está completamente capacitado, cuando llegan a una escena, no ven las evidencias, ven cinco mil pesos, eso lo tenemos que erradicar, el primer respondiente, el policía, debe ser debidamente capacitado en cadena de custodia, en embalaje, porque cuando se adolece de los medios de prueba en los juicios, todo se va a venir abajo”, manifestó.
Recordó que el nuevo sistema de justicia penal se sustenta en la investigación de los hechos, por lo que advirtió que, de no seguir los procedimientos para contar con los sustentos de dichas investigaciones, las acusaciones pueden resultar improcedentes, por ello reiteró la importancia de la capacitación de los involucrados, comenzando por el primer respondiente y los jueces de control.
Agregó que falta capacitación para que los policías trabajen de manera eficaz y conjunta con personal de las Fiscalías para iniciar la cadena de custodia, embalajes y preservar los medios de prueba tan necesarios en los juicios.
Expuso ante los abogados litigantes las etapas de la Audiencia Inicial, en presencia del presidente del Colegio Rodolfo Reyes López León; y también destacó que los profesionistas del Derecho enfrentan hoy en día una etapa de incertidumbre ante los cambios del sistema penal, y por ello, enfatizó la importancia de capacitarse permanentemente.
Consideró que la solución a estas complicaciones del sistema, es que se lleve a cabo una capacitación seria, mediante la actualización de operadores, defensores, así como al personal de los Ministerios Públicos o Fiscalías, mientras que los abogados también deben preocuparse por capacitarse de manera particular. Esta preparación, dijo, debe realizarse bajo un criterio de respeto a los derechos humanos.
En este sentido, destacó que se advierte un abuso en el uso de la prisión preventiva, lo que atenta contra el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos al no probarse su culpabilidad en un asunto, mientras que se les priva de su libertad.
“Los juzgadores federales, del fuero común, no han advertido que la Constitución es muy clara al señalar que todas estas autoridades, dentro de sus competencias, están obligadas a proteger los derechos fundamentales, en este caso, debido proceso legal, derecho a la libertad y el cumplimiento de formalidades esenciales”, dijo.
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