El especialista en Derecho Constitucional, Miguel Carbonell, calificó como “un golpe directo a la Constitución”, la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de emitir un decreto para abrogar la reforma educativa.
“No es el presidente contra la reforma educativa, es el presidente contra la Constitución”, aseveró en entrevista.
Categórico, señaló que el documento “no tiene fundamentación, choca directamente con el texto constitucional y está mandando un mensaje muy cuestionable a la ciudadanía”.
En opinión de Carbonell, la llamada reforma educativa “hoy es Constitución, y el rumbo es muy claro, o aplicamos la Carta Magna, o la violamos”.
La reforma educativa, enfatizó, no es un documento programático, no es una carta ideológica de un partido o de un expresidente, es un derecho constitucional vigente al más alto rango del sistema jurídico mexicano.
Refirió que el Artículo 128 constitucional señala que antes de tomar posesión de su cargo, todo funcionario protesta guardar y hacer guardar la Constitución, y “si está vigente la norma, no puede a través de un memorándum, dejar de acatar el mandato”.
Dijo que cuando una autoridad emite un acto de la naturaleza que sea, necesita fundamentarlo, de acuerdo con el Artículo 116 constitucional, es decir, debe citar los preceptos y artículos de alguna norma jurídica que le dan la facultad para emitir ese acto de autoridad.
Pero en el memorándum de López Obrador “no se cita ni un solo artículo de ninguna norma jurídica, por lo que carece de toda fundamentación, alguien debió haberle dicho que había que citar algún precepto”, por eso, dijo, “con urgencia requiere asesoría jurídica”.
El experto en derecho constitucional destacó que el Artículo 49 de la Constitución prohíbe al Ejecutivo federal tomar la función del Poder Legislativo.
“Señala el principio que a todos debe importar: la división de poderes, que consiste en que haya un Poder Ejecutivo, que se encarga en la esfera administrativa de aplicar las normas jurídicas vigentes y un Poder Legislativo, que dice que normas están vigentes y cuáles no”, explicó.
Así, al Poder Ejecutivo que encabeza López Obrador le corresponde su aplicación, no puede suspender una norma, no puede inaplicarla, porque no le guste o le parezca neoliberal, si la norma está vigente se tiene que aplicar, no hay de otra, por eso es una norma jurídica, subrayó.
Carbonell recordó que el propio presidente de la República ha señalado que se requiere fortalecer el Estado de derecho, por lo que si el ciudadano se percata que es la propia autoridad la que no aplica la norma, “imagínese el mensaje que se está transmitiendo, es muy peligroso”.
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