Una jueza de distrito resolvió en favor de una organización civil denominada Uniendo Caminos México. Otorgó la suspensión definitiva, en el debatido asunto de si la Guardia Nacional puede depender de la Sedena, en lugar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como lo mandata la Constitución. Esta es la buena. Aunque el juicio aún no concluye.
La pésima noticia. La Fiscalía General de la República, por medio de la Fepade y a través del agente del Ministerio Público, Héctor Sánchez Zaldívar (se apellida igual que el presidente de la SCJN, simple coincidencia), resolvió no ejercer acción penal en contra del presunto delincuente Pío López Obrador, por aquello de recibir ilegalmente dinero, sin declarar absolutamente nada; miles de pesos recibió en sobres, dinero que fue destinado para el partido político de su hermano, hoy Presidente de la República.
La noticia buena, queda aún pendiente de resolver el fondo del asunto en sentencia definitiva y que cause estado. Vamos, que quede firme. Suele suceder que otras autoridades del mismo ramo sean magistrados o ministros, coadyuvan con los abusos del presidente de la República.
El mando operativo de la Guardia Nacional ya depende de la Sedena. Primero fue por medio de un simple oficio. Violatorio de la Constitución.
Meses más tarde, mediante reformas secundarias promovidas por AMLO, los morenistas y aliados, violando la Constitución, decidieron que la institución de la Guardia Nacional pasara a depender jerárquicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto operativa como administrativamente. El presidente López sancionó el decreto, ordenando su publicación en el Diario Oficial de la Federación; por lo tanto, se convirtió en ley vigente; las leyes reformadas y adicionadas, evidentemente, son inconstitucionales.
Cuando la misma jueza novena de distrito, Karla María Macías Lovera, otorgó la suspensión provisional en el mismo expediente de amparo, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, radicado en el estado de Guanajuato, revocó en menos de 24 horas el acuerdo de la jueza. Así de expeditos en el tribunal cuando hay interés presidencial.
Por lo tanto, siguiendo la misma dinámica, seguramente impugnarán el acuerdo que concede la suspensión definitiva para que sea nuevamente revocado por el tribunal que revocó la provisional; mismo criterio “jurídico” zalamero.
Luego, habrá que esperar a la sentencia definitiva. Si la jueza concedió la suspensión definitiva, aunque le sea revocado el acuerdo, debe sentenciar en favor de la organización Uniendo Caminos México y conceder el amparo y protección de la justicia federal. Sentencia que seguramente también será impugnada y así AMLO seguirá presionando para que sus reformas inconstitucionales sean vistas con ojos de “constitucionalidad”.
Por lo pronto, en teoría, el mando y los recursos económicos debieron regresar de inmediato a manos de la inútil de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, lo que por supuesto no sucederá. Muchos delitos por contumacia cometidos por parte de autoridades federales.
Mientras los analistas nos entretenemos con las salvajadas que comete a diario el presidente de la República, la Fiscalía General de la República resuelve que el presunto delito electoral cometido por Pío López Obrador no es delito electoral.
No había manera de meter a la cárcel como presunto delincuente al hermano de Andrés Manuel López. Si Pío iba a la cárcel, corría la misma suerte Andrés Manuel, forzosamente seguiría el mismo camino, dado que las carretilladas de dinero que recibieron los hermanos (no solo Pío) fueron entregadas al movimiento del hermano, hoy presidente de México. El usufructuario del dinero mal habido, producto de un delito, fue el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
Bajo este sumiso y tergiversado criterio jurídico, en lo sucesivo cualquiera podrá recibir “aportaciones” de dinero sin dar cuenta a la autoridad electoral y no cometerá delito alguno. Legalizan el fraude electoral en beneficio de todos los partidos políticos. En adelante, el mismo criterio deberá ser aplicado.
Vaya descarado influyentismo y abuso de poder de la familia presidencial.
Las instituciones a su servicio. Las autoridades protegiendo a los delincuentes, la nueva casta del cártel electoral. De suyo peligroso dada la obviedad de la comisión de delitos y la protección de la misma autoridad, en este caso del “fiscal carnal” Alejandro Gertz Manero.
Ahora se puede entender el porqué la semana pasada el mismo presidente proponía remover a los fiscales de los estados. Claro, para colocar a fiscales “carnales” en los nuevos gobiernos morenistas. Así uniforman criterios, aunque el tema de los delitos electorales es de la competencia de la Fiscalía General, pero preventivamente conocen las fiscalías estatales.
El cínico de AMLO va por todo.
No solo es la protección a los delincuentes de las organizaciones criminales, también extienden los beneficios a los cárteles de la delincuencia electoral.
De tal manera se puede entender el porqué Morena fue apoyado por organizaciones criminales electorales en diversos estados para alcanzar el poder. Mucho se denunció y nada prosperó. Funcionarios públicos de la federación son un peligro para México.
